13 de julio de 2026
El Presidente remitió seis postulaciones para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal. Las designaciones para la Cámara Federal porteña son las más sensibles por el peso del tribunal en causas de corrupción, lavado y crimen organizado.
Designaciones. El envío de pliegos le permite a Milei avanzar en su estrategia de cubrir vacantes judiciales y consolidar una política de nombramientos.
Javier Milei envió al Senado los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para cubrir vacantes en la estratégica Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa decisiones de los jueces de Comodoro Py en causas de alto impacto político e institucional. Las postulaciones forman parte de un paquete de seis nombres remitidos por el Poder Ejecutivo para avanzar con nuevas designaciones judiciales.
Los expedientes deberán pasar ahora por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego necesitarán el aval de la Cámara alta antes de que el Presidente pueda firmar los nombramientos. La jugada se inscribe en la política judicial que el Gobierno aceleró desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
La postulación de Bertuzzi y Yadarola concentra la mayor atención porque ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Se trata de uno de los tribunales más influyentes del país, ya que interviene en apelaciones vinculadas con corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos económicos, crimen organizado y expedientes que involucran a funcionarios, empresarios y estructuras de poder.
La Cámara Federal porteña funciona como instancia de revisión de las decisiones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py. Por eso, sus fallos pueden confirmar, modificar o revocar procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba, embargos y decisiones que marcan el rumbo de investigaciones sensibles.
En términos políticos, cubrir esas vacantes no es un trámite más. La integración de la Cámara puede incidir en causas actuales y futuras que atraviesen al poder político, sindical, empresarial y judicial. Por eso, cada pliego enviado al Senado abre una negociación que excede lo estrictamente técnico.
El caso de Pablo Bertuzzi tiene un antecedente conocido dentro del sistema judicial. El magistrado ya integra la Cámara Federal porteña, pero llegó allí durante la gestión de Mauricio Macri mediante un traslado desde un Tribunal Oral Federal. Ese esquema fue revisado luego por la Corte Suprema, que sostuvo que esos cargos debían cubrirse mediante el procedimiento constitucional: propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.
Con el envío del pliego, el Gobierno busca respaldar la continuidad de Bertuzzi en el tribunal, pero esta vez por la vía formal prevista por la Constitución Nacional. Si obtiene acuerdo de la Cámara alta, su permanencia quedaría fortalecida institucionalmente.
La decisión también tiene lectura política. Bertuzzi intervino en expedientes sensibles durante los últimos años y su continuidad en la Cámara Federal es observada con atención por distintos sectores judiciales y parlamentarios.
El otro nombre clave es Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico. Su trayectoria está vinculada con causas tributarias, aduaneras y financieras, un perfil que el Ejecutivo eligió para completar una de las vacantes de la Sala I.
Yadarola ya figuraba entre los candidatos mejor posicionados después de que el Consejo de la Magistratura concluyera el concurso para cubrir una de las vacantes de esa sala. Ahora, su postulación ingresa en la etapa política del proceso: el análisis en comisión, la audiencia correspondiente y la votación en el recinto del Senado.
Su eventual llegada a la Cámara Federal puede sumar una mirada técnica en delitos económicos y financieros, un área cada vez más relevante en causas de corrupción, lavado de activos, contrabando y maniobras empresariales complejas.
Además de Bertuzzi y Yadarola, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Valeria Alejandra Rico para desempeñarse como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal; Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco para ocupar dos vacantes como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6; y Sergio Buitrago para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.
El paquete forma parte de una estrategia más amplia para reducir vacantes judiciales. Según la información oficial publicada, el Ministerio de Justicia ya envió alrededor de 170 pliegos al Congreso y busca sostener un flujo constante de postulaciones a medida que el Consejo de la Magistratura finalice concursos y eleve ternas al Poder Ejecutivo.
En la Casa Rosada manejan un objetivo ambicioso: alcanzar cerca de 300 designaciones judiciales antes del final del mandato presidencial. Si ese número se concreta, Milei podría convertirse en el presidente con mayor cantidad de nombramientos judiciales entre las últimas tres administraciones nacionales.
La aprobación de los pliegos dependerá de una negociación parlamentaria delicada. El oficialismo necesita reunir las mayorías previstas por la Constitución y, para eso, deberá acordar con bloques aliados y sectores de la oposición en una Cámara alta donde La Libertad Avanza no tiene control propio.
La Comisión de Acuerdos será el primer filtro. Allí se analizarán antecedentes, impugnaciones, apoyos y eventuales objeciones. Después, cada postulación deberá llegar al recinto para obtener el respaldo necesario.
El Gobierno ya viene negociando otros pliegos pendientes, entre ellos el del juez Víctor Pesino, cuya situación es seguida de cerca porque cumple 75 años este mes y podría quedar alcanzado por el límite constitucional de edad si no obtiene acuerdo a tiempo.
La remisión de estos pliegos muestra que Milei busca avanzar sobre una de las áreas más sensibles del Estado: la integración de tribunales federales con capacidad para revisar causas de poder. La cobertura de vacantes puede mejorar el funcionamiento judicial, pero también abre una disputa política por el perfil de los jueces que ocuparán lugares estratégicos.
Para el Gobierno, acelerar nombramientos permite mostrar gestión, reducir vacantes y ordenar una agenda judicial que considera clave. Para la oposición, el debate pasará por controlar el proceso, revisar antecedentes y evitar que el oficialismo consolide influencia sobre tribunales decisivos.
La Cámara Federal porteña no define solo expedientes judiciales. También condiciona escenarios políticos. Por eso, los pliegos de Bertuzzi y Yadarola serán observados de cerca por el Congreso, Comodoro Py, el Gobierno y todos los actores que siguen causas de corrupción, lavado, narcotráfico y delitos económicos.
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