Política. Senado: el oficialismo volvió a postergar la ley de propiedad privada

El Senado volvió a postergar el tratamiento de la ley de propiedad privada, uno de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei buscaba mostrar como parte de su agenda institucional y económica. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió pasar la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, una moción que fue aprobada por 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.

La decisión representó una nueva derrota legislativa para La Libertad Avanza, que no logró reunir las voluntades necesarias para avanzar con el dictamen. El oficialismo llegó a la sesión con un texto modificado varias veces, cuestionamientos de aliados y tensiones internas por el manejo parlamentario del expediente.

La ley de propiedad privada quedó frenada en el Senado

El proyecto quedó envuelto en una negociación compleja que se arrastra desde fines de mayo, cuando el oficialismo apuró un dictamen que luego empezó a sufrir modificaciones. Según la reconstrucción parlamentaria, el texto llegó a tener 15 borradores, un dato que refleja la falta de acuerdo interno y las dificultades para ordenar una mayoría estable.

La postergación hasta el 6 de agosto fue presentada como una salida para evitar una derrota más contundente en el recinto. En la práctica, el Gobierno ganó tiempo, pero no consiguió aprobar una iniciativa que había sido impulsada con fuerza desde el Ejecutivo.

El traspié también golpea a Bullrich, que desde su rol en el Senado no logró destrabar una ley pedida por la administración central. Para el oficialismo, el problema no fue solo numérico: también hubo críticas por la forma en que se negoció, la velocidad con la que se cambiaron artículos y la falta de explicaciones claras sobre puntos sensibles.

Desalojos, expropiaciones y venta de tierras a extranjeros

El proyecto de propiedad privada modifica aspectos vinculados con expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y adquisición de tierras por parte de extranjeros. Uno de los cambios más discutidos es el esquema de desalojos, que en distintos borradores buscó reducir plazos y acelerar procedimientos.

Otro punto sensible fue la venta de tierras rurales a extranjeros. El borrador número 15 planteaba que las únicas restricciones serían la prohibición de compra por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Ese capítulo generó fuertes reparos en distintas bancadas, especialmente por su posible impacto en zonas de frontera y por la falta de una explicación política convincente del oficialismo. También se eliminó del texto una referencia al silencio administrativo, otro de los elementos que había provocado cuestionamientos.

El oficialismo solo pudo aprobar pliegos y ascensos

Aunque no pudo avanzar con la ley de propiedad privada, el Senado sí aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. Entre los acuerdos judiciales se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino, cuya situación era sensible porque estaba cerca de cumplir 75 años, edad límite constitucional para permanecer en el cargo sin nuevo acuerdo.

En materia diplomática, los ascensos permitieron destrabar promociones del servicio exterior que estaban pendientes en la Cancillería, conducida por Pablo Quirno. Esos avances le dieron al oficialismo algunos resultados concretos en la sesión, pero no alcanzaron para compensar el costo político de haber frenado el proyecto central.

La diferencia es clara: los pliegos y ascensos eran temas con mayor margen de negociación, mientras que la ley de propiedad privada quedó atrapada en una disputa de contenido, estrategia y confianza entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Hojarasca y propiedad privada, la agenda del 6 de agosto

El cuarto intermedio fijado para el 6 de agosto reordena la agenda legislativa. Para esa fecha, La Libertad Avanza ya había anticipado su intención de avanzar con la llamada ley Hojarasca, una iniciativa que elimina normativas consideradas obsoletas y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Ahora, el oficialismo intentará sumar también el debate por propiedad privada, siempre que logre resolver el conflicto abierto con los bloques que no quedaron conformes con el texto. La negociación será clave durante las próximas semanas, especialmente porque el receso invernal reduce la actividad y enfría el ritmo político del Congreso.

Si el Gobierno llega al 6 de agosto sin un acuerdo cerrado, podría exponerse a una nueva postergación o a una derrota en el recinto. El antecedente de esta semana dejó claro que no alcanza con tener dictamen: el texto necesita una mayoría política real.

Una señal de alerta para el Gobierno en el Congreso

La postergación de la ley de propiedad privada muestra los límites de la estrategia parlamentaria libertaria. El Gobierno impulsa reformas de alto contenido ideológico, pero todavía depende de aliados, gobernadores y bloques dialoguistas para convertirlas en ley.

El episodio también deja una advertencia hacia adelante. Si la Casa Rosada pretende avanzar con reformas más sensibles, como cambios económicos, laborales o electorales, necesitará mayor coordinación entre el Ejecutivo, el Senado y sus negociadores políticos. La acumulación de borradores, cambios de último momento y explicaciones insuficientes puede erosionar la confianza de los sectores que el oficialismo necesita para aprobar leyes.

Para Milei, el proyecto tiene valor simbólico: forma parte de su discurso de defensa de la propiedad privada y de reducción de trabas estatales. Pero en el Congreso, ese discurso debe traducirse en artículos concretos, acuerdos técnicos y votos. Por ahora, esa conversión volvió a fallar.