17 de julio de 2026
El fiscal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la DAFI sobre el ex jefe de Gabinete y su esposa. El estudio detectó diferencias entre declaraciones juradas, ingresos, gastos, bienes, deudas y movimientos financieros.
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El reporte detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados, y ahora la fiscalía evaluará si corresponde pedirle al ex jefe de Gabinete una justificación patrimonial.
El documento no contiene una cifra global única, pero sí identifica diferencias año por año. El análisis reconstruye bienes, ahorros, deudas, inversiones, movimientos digitales y gastos para comparar la evolución patrimonial declarada con la prueba reunida hasta ahora en el expediente.
El informe de la DAFI es considerado estratégico para definir los próximos pasos de la causa. Según la información judicial conocida, el fiscal Pollicita analizará durante la feria las "zonas grises" detectadas por los peritos antes de resolver si avanza con un requerimiento formal de explicación patrimonial.
Ese paso sería previo a una eventual citación a indagatoria. En este tipo de investigaciones, el requerimiento de justificación patrimonial le permite al investigado explicar el origen de fondos, bienes, gastos o movimientos que aparecen como inconsistentes frente a sus ingresos declarados.
Hasta el momento, la recepción del informe no implica una imputación nueva ni una condena. Sí marca un avance sensible en el expediente, porque la fiscalía ya cuenta con una radiografía contable elaborada a partir de declaraciones juradas, registros bancarios, documentación fiscal, testimonios, facturas, remitos y movimientos financieros.
El reporte se enfocó en la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. La fiscalía había pedido un análisis integral para cruzar ingresos, gastos, bienes y deudas con la documentación recolectada en la causa.
El informe se organizó en siete ejes: panorama financiero, ingresos y ahorros, entradas y salidas de dinero, declaraciones juradas, criptomonedas, gastos y deudas, y una cuenta final con la ecuación patrimonial anual y acumulada.
Uno de los puntos más sensibles es el contraste entre las declaraciones juradas y el nivel de vida atribuido al exfuncionario. La DAFI revisó compras, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera, cancelación de deudas, inversiones, créditos, rectificaciones patrimoniales y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales o plataformas de criptomonedas.
La causa también puso la lupa sobre el movimiento de fondos digitales. El informe incluyó operatorias informadas por plataformas y billeteras virtuales: depósitos, retiros, compras, ventas, permutas, swaps, transferencias internas o externas y saldos disponibles.
Ese capítulo es relevante porque Adorni ya había sostenido como defensa que contaba con dinero no declarado producto de una inversión de USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014, que le habría permitido ganar alrededor de USD 500.000. La fiscalía deberá determinar si esa explicación tiene respaldo documental suficiente y si coincide con los movimientos verificados.
El análisis también revisó gastos millonarios en viajes, adquisiciones suntuosas, renovaciones de propiedades y otros consumos que fueron incorporados a partir de testimonios y documentación aportada por testigos.

El expediente contra Manuel Adorni se abrió por presunto enriquecimiento ilícito y busca establecer si su patrimonio y nivel de gastos pueden ser justificados con ingresos lícitos. La investigación no se limita al ex jefe de Gabinete: también incluye el análisis patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, en función de bienes, gastos y movimientos compartidos.
El trabajo de la DAFI comparó las disponibilidades iniciales, los ingresos acreditados, las incorporaciones de bienes, los consumos y la cancelación de pasivos. También identificó partidas con respaldo incompleto o que no se corresponderían, según el análisis preliminar, con ingresos acreditados.
En términos judiciales, el informe puede abrir una etapa más exigente para la defensa. Si Pollicita considera que las inconsistencias son relevantes, podría pedir una justificación patrimonial formal. Si las explicaciones no resultan suficientes, el paso posterior podría ser una citación a indagatoria.
El avance del informe llega después de la salida de Adorni del Gobierno y de su renuncia a otros cargos públicos, incluido su lugar en YPF. El exvocero había dejado la Jefatura de Gabinete denunciando una "carnicería mediática" y asegurando que no tenía hechos de corrupción sobre sus espaldas.
La causa patrimonial, sin embargo, mantiene el tema en agenda y vuelve a exponer al oficialismo. Adorni fue una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei: pasó de vocero presidencial a jefe de Gabinete y se convirtió en una pieza central de la comunicación política libertaria.
Para la Casa Rosada, el expediente representa un problema institucional y reputacional. El Gobierno construyó buena parte de su discurso público sobre austeridad, transparencia y combate a los privilegios. Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra uno de sus funcionarios más conocidos tensiona ese relato y puede seguir generando costos políticos.
El próximo movimiento quedará en manos de Pollicita. El fiscal deberá revisar el informe completo, evaluar la solidez de las inconsistencias y definir si pide que Adorni y Angeletti expliquen formalmente el origen de fondos, bienes y gastos.
La justificación patrimonial será una instancia clave si se concreta. Allí la defensa podrá presentar documentación, respaldos bancarios, registros fiscales, pruebas sobre inversiones en criptomonedas, operaciones declaradas y cualquier otro elemento que permita sostener la licitud del patrimonio.
El caso todavía está en etapa de investigación, pero el informe de la DAFI cambia el ritmo del expediente. La fiscalía ya tiene una base contable para decidir si las diferencias detectadas pueden ser explicadas o si corresponde avanzar hacia una instancia penal más grave.
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