Política. Universidades van a la Justicia contra el Gobierno por fondos

Las universidades nacionales volvieron a llevar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario al centro de la agenda judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional pidió habilitar la feria judicial para que la causa avance hacia una sentencia definitiva por el presunto incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional.

El reclamo se da después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una medida cautelar que ordena cumplir con los artículos vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de becas estudiantiles. Hasta el momento, esos aumentos no se habrían materializado en las universidades.

Universidades nacionales reclaman por la Ley de Financiamiento

El planteo fue presentado por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y representante del Consejo Interuniversitario Nacional, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de feria.

El objetivo es que la Justicia no espere el final del receso invernal y avance con una definición de fondo sobre la aplicación de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso y resistida por el Gobierno nacional.

En su presentación, Bartolacci sostuvo: "Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo".

La frase expone el nivel de tensión entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo, en una disputa que combina presupuesto, salarios, becas, autonomía universitaria y control judicial sobre las leyes aprobadas por el Congreso.

El juez Martín Cormick y el pedido para habilitar la feria judicial

La causa está en manos del juez Martín Cormick, quien ya había dictado la medida cautelar en primera instancia desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. Ahora, durante la feria, el magistrado corrió vista al fiscal para que dictamine si corresponde habilitar el receso judicial y tratar el caso.

El pedido de las universidades apunta a acelerar los tiempos. Para el CIN, la demora agrava el deterioro salarial y presupuestario dentro del sistema de educación superior, especialmente en un contexto de inflación acumulada y restricciones fiscales.

Bartolacci fue más allá y remarcó la magnitud institucional del expediente: "Esta es, sin dudas Su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva".

La definición sobre la feria judicial será un primer paso clave. Si se habilita, la causa podría avanzar durante el receso. Si no, el expediente quedaría pendiente hasta la reanudación plena de la actividad judicial.

El conflicto con el Gobierno por el decreto 759/2025

El punto central del reclamo universitario es la impugnación del decreto 759/2025, mediante el cual el Estado nacional dispuso que la Ley de Financiamiento Universitario solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

Ese argumento también fue utilizado por el Gobierno para frenar otras normas aprobadas por el Congreso, como la Ley de Discapacidad. En el caso universitario, los rectores sostienen que esa decisión bloquea en los hechos una ley vigente y afecta derechos vinculados a la educación pública.

La cautelar avalada por la Corte Suprema no incluyó todos los puntos de la norma. Quedaron afuera aspectos vinculados a la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025, además de gastos asociados a programas de asistencia y fortalecimiento universitario.

Aun así, el fallo sí ordenó avanzar con la actualización de salarios docentes, salarios no docentes y becas estudiantiles, tres puntos sensibles para el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.

Salarios, becas y presupuesto universitario bajo presión

El conflicto por el financiamiento universitario se inscribe en una discusión más amplia sobre el ajuste del gasto público, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y el alcance de las decisiones judiciales frente al incumplimiento de leyes sancionadas.

En junio, el Poder Ejecutivo había firmado un acta en la que se comprometía a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones.

Sin embargo, las universidades mantienen el reclamo porque consideran que el cumplimiento sigue pendiente y que la discusión de fondo todavía no fue resuelta. Por eso buscan una sentencia definitiva que cierre la etapa cautelar y obligue al Estado a aplicar la ley.

El impacto político puede ser significativo. La educación universitaria pública ya fue uno de los ejes de mayor movilización social contra el Gobierno de Javier Milei, con marchas federales, pronunciamientos de rectores y respaldo de distintos sectores de la oposición.

Qué puede pasar con la causa por financiamiento universitario

La decisión inmediata quedará en manos del juez Martín Cormick, luego de escuchar la opinión del fiscal de feria. Si acepta habilitar la feria judicial, el expediente podría moverse con mayor velocidad y acercarse a una sentencia definitiva.

Para el sistema universitario, una resolución favorable implicaría un avance clave en el reclamo por salarios, becas y presupuesto. Para el Gobierno nacional, en cambio, podría abrir un nuevo frente judicial en medio de su estrategia de contención fiscal.

El caso también vuelve a tensionar la relación entre los poderes del Estado. El Congreso sancionó la ley, el Ejecutivo condicionó su aplicación y la Justicia Federal deberá definir si ese freno es compatible con la Constitución.