22 de julio de 2026
La causa investiga la muerte de al menos 111 pacientes por fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. Más de 154.000 ampollas defectuosas llegaron a hospitales de varias provincias. La investigación continúa y se esperan nuevas indagatorias.
En
el marco de la causa que investiga la muerte de al menos 111 pacientes por el
uso de fentanilo contaminado, la Justicia federal otorgó el beneficio de
prisión domiciliaria a una de las imputadas, mientras que los principales
directivos de los laboratorios involucrados continúan detenidos en cárceles
federales.
Según
fuentes judiciales, Nilda Furfaro, madre de los hermanos García y accionista de
las empresas vinculadas a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, fue procesada con
prisión domiciliaria. Del mismo modo, Carolina Ansaldi, directora técnica de
Laboratorios Ramallo, también cumple la medida bajo monitoreo electrónico.
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En contrapartida, el juez federal Ernesto Kreplak y la Cámara Federal rechazaron los pedidos de excarcelación y domiciliaria para Diego Hernán García y Javier Martín Tchukrán, considerados entre los principales responsables.
Empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo.
La
Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó recientemente su
permanencia en unidades del Servicio Penitenciario Federal, argumentando la
gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento
de la investigación.
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El magistrado Kreplak basó su decisión en informes del Cuerpo Médico Forense, que determinó que los imputados en prisión preventiva se encuentran en condiciones estables y pueden recibir atención médica dentro del penal.
El
caso
La
investigación, que ya supera las 7.000 fojas, apunta a la adulteración de
partidas de fentanilo con bacterias multirresistentes.
Más
de 154.000 ampollas contaminadas habrían llegado a hospitales y clínicas de
varias provincias, provocando la muerte de 111 pacientes y secuelas en al menos
49 sobrevivientes.
Los
imputados enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en
concurso real con adulteración peligrosa para la salud pública, con
expectativas de pena que van de 10 a 25 años de prisión.
En
las próximas semanas, el juez Kreplak ampliará las indagatorias a los 14
imputados con las nuevas pruebas incorporadas, incluyendo pericias sobre
historias clínicas completadas por el Cuerpo Médico Forense.
La
causa, caratulada como uno de los mayores desastres sanitarios del país,
continúa en etapa de instrucción con estrictas medidas de seguridad procesal
para los principales acusados.
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