23 de julio de 2026
El Concejo Deliberante convocó a una sesión especial de urgencia por una cesión de una hectárea fiscal a un empresario privado. La oposición acusa a Sonia Pérez de avanzar sin licitación ni control institucional.
La intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, quedó en el centro de una fuerte denuncia política por la presunta entrega irregular de una hectárea de tierras fiscales a un empresario privado. El caso generó una reacción inmediata en el Concejo Deliberante, que convocó a una sesión especial de urgencia para pedir explicaciones y frenar el avance de la resolución municipal.
La acusación apunta a que la jefa comunal habría cedido el predio sin respetar los procedimientos legales correspondientes, especialmente la obligación de realizar una licitación pública cuando se trata de tierras destinadas a un privado. El episodio ya derivó en un conflicto institucional con impacto en Jujuy y en una presentación judicial impulsada por el Municipio de Maimará.
El conflicto tomó estado público después de que concejales de Tilcara advirtieran la existencia de una resolución vinculada a la entrega del terreno. Según denunciaron desde el cuerpo legislativo local, la medida habría sido conocida a través de redes sociales y no por los canales institucionales correspondientes.
El vicepresidente primero del Concejo Deliberante, David Cardozo, cuestionó con dureza la decisión de la intendenta y habló de un "atropello indiscriminado" sobre los recursos públicos. Para los ediles opositores, la maniobra afecta bienes que deberían priorizar a vecinos y habitantes nativos de la localidad.
Cardozo fue directo al plantear el reclamo: "¿A qué estamos jugando? ¿Por qué ese autoritarismo y ese atropello a la gente de Tilcara?". La frase sintetiza el malestar político dentro del municipio y anticipa una discusión que puede escalar en los próximos días.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el presunto vínculo entre la decisión municipal y la intervención de áreas provinciales. Según el planteo de los concejales, la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Jujuy habría reconocido que la intendenta no tenía facultades para entregar terrenos sin documentación previa.
Sin embargo, personal de esa área se habría presentado en el lugar para medir el predio cedido al empresario, lo que generó sospechas sobre un posible aval político o administrativo desde la estructura provincial.
Ese dato profundizó la tensión entre el municipio de Tilcara, el Concejo Deliberante y sectores de la oposición local. La discusión ya no se limita a la legalidad de una resolución, sino que también abre preguntas sobre controles, responsabilidades y eventuales apoyos institucionales.
El caso también llegó al terreno judicial porque el lote en cuestión limita con la vecina localidad de Maimará. Ante el avance de la cesión, ese municipio interpuso una medida cautelar para congelar la resolución y dejarla sin efecto mientras se define la situación legal del predio.
La intervención de Maimará suma un componente interjurisdiccional al conflicto. La disputa por tierras fiscales en zonas limítrofes puede derivar en una pelea administrativa y judicial más amplia, especialmente si existen dudas sobre qué municipio tiene competencia sobre el terreno.
Hasta el momento, los concejales de Tilcara reclaman un informe detallado a Sonia Pérez para conocer los fundamentos de la decisión, el destino del predio, la identidad del beneficiario, la documentación utilizada y los motivos por los que no se habría convocado a una licitación.

La denuncia por la cesión de tierras fiscales en Tilcara tiene impacto político porque toca un tema especialmente sensible en la Quebrada de Humahuaca: el uso del suelo, la expansión inmobiliaria, el acceso a terrenos y la relación entre desarrollo privado y derechos de la comunidad local.
En municipios turísticos, donde la tierra tiene un valor económico y social creciente, cualquier decisión vinculada a predios fiscales exige máxima transparencia. La ausencia de información pública clara puede transformar una resolución administrativa en una crisis política.
El episodio deja a la intendenta Sonia Pérez frente a un doble desafío: responder al pedido de informes del Concejo Deliberante y enfrentar el avance judicial impulsado desde Maimará. Para la oposición, el caso expone un presunto abuso de autonomía municipal. Para el oficialismo local, será clave demostrar que el procedimiento tuvo respaldo legal y administrativo.
La sesión especial convocada por el Concejo Deliberante de Tilcara será el primer escenario político para discutir la cesión de la hectárea fiscal. Allí podrían impulsarse pedidos de informe, citaciones a funcionarios y nuevas medidas para frenar la resolución.
En paralelo, la Justicia deberá resolver el planteo cautelar presentado por Maimará, que busca suspender los efectos de la medida. Esa definición será clave para saber si la entrega del terreno queda paralizada o si el conflicto avanza hacia una disputa más prolongada.
La polémica instala una pregunta de fondo: cómo deben administrarse las tierras fiscales en municipios con alta presión inmobiliaria y fuerte valor turístico. En Tilcara, el caso ya se convirtió en una prueba institucional para la intendencia, el Concejo y los organismos provinciales que intervienen en el ordenamiento territorial.
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