Sucesos. Cristina Kirchner suma al abogado brasileño Rafael Valim para llevar su condena a organismos internacionales

Cristina Fernández de Kirchner contrató al abogado brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Lula da Silva, para llevar su caso ante organismos internacionales.

La expresidenta argentina, que cumple prisión domiciliaria por la condena firme de seis años e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, sumó al jurista brasileño a su equipo legal internacional.

Valim, especialista en derecho público, constitucional, administrativo y derechos humanos, se unirá al equipo que prepara presentaciones ante organismos multilaterales. Trabajará junto al jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo es denunciar presuntas violaciones a las garantías judiciales y derechos fundamentales en el proceso por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado a la obra pública.

Perfil del abogado

Rafael Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también fue profesor. Ha sido profesor visitante en universidades de Reino Unido, Francia e Italia, y tiene experiencia en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y mecanismos internacionales de derechos humanos (sistema interamericano, europeo y de Naciones Unidas).

Junto a Cristiano Zanin (hoy ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño) y Valeska Teixeira Zanin Martins, integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato.

Es coautor del libro Lawfare: Waging War Through Law (Routledge, 2021), referencia en debates sobre el uso político de la Justicia, y cofundador del Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare.

Cristina Kirchner y Lula Da Silva

Contexto de la estrategia internacional

La defensa de Fernández de Kirchner viene impulsando esta vía desde antes que la Corte Suprema confirmara la sentencia en junio de 2025.

El abogado Gregorio Dalbón ya presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presunta persecución política, judicial y mediática. En paralelo, se prepara una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses tras la sentencia firme, y se evalúan mecanismos de Naciones Unidas.

La expresidenta argumenta irregularidades procesales, falta de pruebas directas y aplicación indebida de figuras penales. Mientras tanto, enfrenta otros frentes judiciales elevados a juicio oral: Hotesur-Los Sauces, el Memorándum con Irán y la causa Cuadernos.

Esta incorporación refuerza la estrategia jurídica y política del entorno kirchnerista, que incluye el Comité "Cristina Libre", orientado a difundir la posición de la expresidenta en el exterior y cuestionar la condena como un caso de lawfare.