27 de julio de 2026

Política

Política. El gobierno de Cornejo reconoció deuda por servicios de ARLINK prestados sin contrato

El Tribunal de Cuentas de Mendoza lo detectó en el fallo 18.377: no hubo contratación formal, aunque el Estado sabía que el servicio se prestaba. La deuda se reconoció recién en 2025 por "legítimo abono" y el monto exacto aún no es público. El organismo de control dio por subsanada la irregularidad, pero el caso deja en evidencia cómo un servicio crítico de seguridad se sostuvo sin los controles de una contratación pública.

Según una nota publicada este lunes 27 de julio por el sitio Realpolitik, basada en el fallo 18.377 del Tribunal de Cuentas de Mendoza (ejercicio 2024 del Ministerio de Seguridad y Justicia), ARLINK SA -empresa del Grupo Lapachos- prestó servicios de conectividad, plataforma tecnológica y hardware para el Sistema Integral de Videovigilancia de Gran Mendoza (y Lavalle) durante cinco meses sin contrato vigente.


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Detalles principales del caso

  • Antecedentes del contrato: En 2022 ARLINK obtuvo la adjudicación por 24 meses de conectividad y mantenimiento por 269,3 millones de pesos. En marzo de 2024 el gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una ampliación de cuatro meses por 57,3 millones (incluyendo 30 nuevos puntos de conectividad).
  • Período irregular: Mientras corría esa ampliación, el 10 de junio de 2024 se abrió un expediente para una nueva licitación, pero permaneció sin movimientos hasta el 11 de diciembre. ARLINK continuó prestando el servicio sin interrupciones entre agosto y diciembre de 2024, sin una nueva contratación formal.
  • El Tribunal de Cuentas señaló explícitamente: "En este caso no se efectuó contratación alguna, aunque los responsables conocían sobre la prestación del servicio".
  • Se generó una deuda de "importante significatividad" que no se contabilizó en el ejercicio 2024 y que recién se tramitó en 2025 mediante un reconocimiento de gastos por "legítimo abono". El fallo no precisa el monto exacto de esa deuda de los cinco meses.
  • Además, en febrero de 2025 se aprobó una adecuación de precios por 164,2 millones correspondiente a servicios de marzo-julio 2024.

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El organismo de contralor (presidido por Néstor Parés) aceptó las justificaciones del gobierno (necesidad de rediseñar el servicio, modificar el objeto de la contratación y adoptar un esquema fiduciario), consideró subsanada la observación, liberó de cargo a los responsables y valoró que la contratación posterior habría permitido romper un "monopolio de años" y obtener un ahorro. Aun así, el fallo reconoce los hechos de la falta de contratación formal durante cinco meses, la deuda no registrada y el expediente paralizado.


Alfredo Cornejo y Facundo Prado

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Vínculo con el Grupo Lapachos

ARLINK integra el Grupo Lapachos, presidido por Facundo Agustín Prado. El grupo también controla Super (ex Supercanal) y otras firmas de telecomunicaciones, tecnología y servicios. Prado es accionista controlante de Supercanal desde 2020 (con respaldo del fondo CarVal Investors). ARLINK y Supercanal han compartido autoridades societarias.

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La nota de Realpolitik interpreta que, objetivamente, ARLINK se benefició al mantener un servicio crítico sin competir en una nueva licitación y conservar el derecho a cobrar después.

El monto final reconocido por los cinco meses sin contrato no figura de forma pública en el fallo.

Esta es la información disponible a partir del reporte periodístico y del fallo del Tribunal de Cuentas citado. No hay, en las fuentes consultadas, una "garantía" explícita verbal o escrita atribuida personalmente a Cornejo más allá de la continuidad administrativa del servicio bajo su gestión.

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