30 de julio de 2026
El nuevo régimen de ARCA simplifica algunos trámites para compras del exterior, pero también amplía el control sobre los envíos. Las autoridades podrán proceder cuando detecten alertas por valor declarado, falsificaciones o posibles delitos.
La Aduana podrá abrir paquetes de Shein, Temu, Amazon y otras plataformas internacionales cuando sus sistemas de riesgo detecten sospechas de evasión impositiva, declaraciones inexactas, falsificación de marcas, ingreso de productos prohibidos o posibles delitos. La medida forma parte del nuevo procedimiento de ARCA para los envíos postales internacionales y el régimen puerta a puerta.
El cambio fue presentado por el Gobierno como una modernización del comercio exterior para compras de uso personal. Sin embargo, detrás de la promesa de simplificación aparece una contracara menos amable para los usuarios: más discrecionalidad operativa, más controles físicos y la posibilidad de que el paquete quede demorado, recalculado o directamente excluido del régimen simplificado.
La Resolución General 5884/2026 establece un nuevo procedimiento para los envíos que ingresen al país mediante correo o courier. En los papeles, el esquema busca ordenar declaraciones anticipadas, pagos de impuestos y validaciones digitales antes de que el paquete llegue al destinatario.
El régimen permite compras de hasta USD 3.000 para uso personal, con un máximo de tres unidades de la misma especie y un tope de 50 kilos por paquete. Además, mantiene el límite de cinco envíos por año calendario y por persona, un dato clave para quienes compran habitualmente productos en el exterior.
La franquicia más importante alcanza a los envíos de hasta USD 400, que quedan exentos del pago de derechos de importación y tasa de estadística, aunque siguen alcanzados por IVA e impuestos internos cuando corresponda.
La medida puede facilitar algunas operaciones, pero no elimina el poder de control estatal. Al contrario: lo reordena y lo vuelve más explícito. La Aduana conserva la facultad de revisar físicamente los paquetes si detecta inconsistencias o señales de riesgo.
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El punto más sensible del nuevo esquema es la apertura selectiva de paquetes. La Aduana podrá inspeccionar envíos cuando el sistema marque alertas por origen, tamaño, tipo de producto, valor declarado, cantidad de unidades o antecedentes vinculados a zonas consideradas de riesgo.
También podrá intervenir si sospecha que el paquete contiene productos falsificados, mercadería con fines comerciales disfrazada como compra personal, bienes prohibidos o sustancias ilícitas. En esos casos, el envío puede ser retenido, verificado, recalculado o derivado al régimen general de importación.
La diferencia no es menor. Si la Aduana determina que el valor declarado no coincide con el valor real, puede reliquidar impuestos. Si detecta una infracción aduanera, puede iniciar un sumario. Y si considera que la compra no encaja dentro del régimen simplificado, el usuario puede terminar enfrentando más costos, más trámites y más demoras.
El Gobierno insiste en que se trata de controles razonables. Pero para el consumidor común, que muchas veces compra ropa, tecnología chica, cosmética o accesorios por precio y variedad, el nuevo procedimiento abre una zona de incertidumbre: el paquete puede llegar sin problemas o quedar atrapado en una revisión difícil de anticipar.
Otro punto crítico es la representación del destinatario. Según el nuevo procedimiento, durante una verificación física el operador postal o courier podrá actuar en representación del comprador y retirar el envío una vez cumplidos los controles.
El usuario conserva el derecho a intervenir personalmente o designar a otro representante, pero debe manifestarlo de manera expresa antes de que el paquete ingrese al país. En la práctica, esto obliga al comprador a estar atento a notificaciones, plazos y validaciones digitales para no perder capacidad de decisión sobre su propia compra.
Ese detalle puede parecer técnico, pero tiene impacto real. Muchos usuarios no siguen a diario el sistema de ARCA, no revisan cada aviso del courier o directamente desconocen cómo actuar ante una fiscalización. El riesgo es que la simplificación termine funcionando mejor para los operadores logísticos que para el comprador final.
El mecanismo puede acelerar procesos, pero también desplaza parte de la carga administrativa hacia el usuario. Si el sistema falla, si la notificación no llega o si la información declarada es incorrecta, el costo lo puede pagar quien hizo la compra.

Si la Aduana observa un envío, puede pedir documentación adicional, recalcular impuestos o impedir que ingrese bajo el régimen simplificado. En ese caso, el operador postal debe avisar al destinatario y el usuario tendrá un plazo para decidir si avanza con la importación por otro régimen o solicita la devolución del paquete al país de origen.
También puede ocurrir que el comprador desconozca el contenido del paquete. En ese supuesto, el régimen permite informar esa situación y pedir ver el contenido antes de decidir si paga, acepta el envío o solicita la devolución.
El problema es que cada paso adicional puede traducirse en demoras, costos logísticos y trámites que el consumidor no siempre prevé al momento de comprar. En plataformas como Shein, Temu o Amazon, donde el atractivo suele estar en el precio final y la facilidad de compra, cualquier revisión aduanera puede alterar por completo la ecuación.
El nuevo régimen promete más orden, pero no necesariamente más previsibilidad para todos. Para quienes compran de forma ocasional, el sistema puede resultar manejable. Para quienes dependen del puerta a puerta para acceder a productos más baratos o no disponibles en el mercado local, la letra chica puede volverse decisiva.
La discusión excede a los paquetes individuales. El Gobierno viene impulsando una agenda de apertura y desregulación que facilita el ingreso de productos importados para consumo personal. Esa política puede beneficiar a usuarios que buscan precios más competitivos, pero también presiona sobre comercios locales, pymes e industrias que compiten con productos de bajo costo provenientes del exterior.
En ese contexto, el nuevo rol de la Aduana aparece como una contradicción parcial: se abre la puerta a más compras internacionales, pero al mismo tiempo se refuerza la vigilancia para evitar abusos, subfacturación o uso comercial encubierto del régimen personal.
El equilibrio es delicado. Si el control es débil, el sistema puede transformarse en una vía para ingresar mercadería sin cumplir las reglas que sí enfrentan importadores formales. Si el control es excesivo o discrecional, el usuario termina atrapado en la burocracia que el propio Gobierno dice querer eliminar.
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Las plataformas como Shein, Temu y Amazon quedaron en el centro del debate porque concentran buena parte de las compras internacionales de bajo y mediano valor. Ropa, calzado, accesorios, pequeños dispositivos, cosmética y productos para el hogar suelen ingresar bajo esquemas de envío simplificado.
El crecimiento de estas compras tensiona varios frentes: recaudación fiscal, control aduanero, competencia con el comercio local, protección de marcas y seguridad en productos importados. Por eso, la Aduana busca reforzar herramientas de fiscalización sin bloquear por completo el canal.
La pregunta es si el nuevo sistema logrará diferenciar entre el comprador ocasional y quien usa el régimen para importar con fines comerciales. Esa será la prueba concreta de la medida. Si la selectividad funciona mal, el control puede volverse una fuente de demoras masivas y malestar entre consumidores.
Quienes compren en Shein, Temu, Amazon u otras plataformas deberán prestar más atención al valor declarado, la cantidad de unidades, el límite anual de envíos y la información que cargue el courier o correo. Un error en esos datos puede derivar en reliquidaciones, retenciones o trámites adicionales.
También será clave conservar comprobantes de compra, facturas, capturas del pedido, medios de pago y número de seguimiento. En un control aduanero, esa documentación puede ser la diferencia entre liberar el paquete o quedar sujeto a una revisión más extensa.
La medida no prohíbe comprar en el exterior, pero sí deja claro que el puerta a puerta ya no debe leerse como un trámite automático. El nuevo esquema combina apertura con control, y esa mezcla puede convertirse en una ventaja o en un problema según cómo se aplique.
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