31 de julio de 2026
Leandro David "Lelo" Pérez fue arrestado en Santa Fe en una causa federal por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico. La investigación también alcanzó a un ex policía y a otro empresario local.
Farándula. Uno de los detenidos fue pareja de Victoria Xipolitakis.
La ex pareja de Vicky Xipolitakis, Leandro David "Lelo" Pérez, fue detenida en Santa Fe en el marco de una causa federal por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El operativo incluyó varios allanamientos y terminó con tres arrestos, secuestro de dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos.
La investigación está a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, encabezado por Carlos Vera Barros, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Andrés Carros Rey. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos.
El nombre de Leandro David Pérez, conocido públicamente como "Lelo" Pérez por su relación con Vicky Xipolitakis, aparece ahora en el centro de una investigación de mayor gravedad institucional: una presunta estructura para insertar dinero de origen ilegal en la economía formal.
Junto a Pérez también fueron detenidos Maximiliano Emanuel Novillo, ex integrante de la Policía de Santa Fe, y Marcelo Eduardo Malatesta. Los tres quedaron bajo investigación por maniobras vinculadas al presunto lavado de activos.
La causa comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la PROCELAC ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía santafesina y dos empresarios locales. Ese análisis fue el punto de partida para detectar inconsistencias económicas y avanzar sobre el circuito financiero investigado.
El análisis contable y financiero permitió detectar diferencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas. A partir de esas señales, la Justicia profundizó las averiguaciones con relevamiento de inmuebles, documentación patrimonial e intervenciones telefónicas autorizadas.
La hipótesis de los investigadores es que la maniobra buscaba reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico dentro de actividades legales. Para eso, el dinero habría sido canalizado a través de agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales.
Ese tipo de esquema es uno de los mecanismos clásicos del lavado: tomar fondos de origen ilícito, mezclarlos con operaciones reales o aparentes y darles apariencia de legalidad mediante bienes, empresas o movimientos patrimoniales difíciles de rastrear.
En las últimas horas, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, localidades clave dentro del mapa judicial santafesino por el peso de investigaciones vinculadas a crimen organizado, delitos económicos y narcotráfico.
Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron $202.000, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos y abundante documentación.
Ese material será incorporado al expediente para profundizar el análisis patrimonial y financiero. En causas de lavado, los dispositivos electrónicos, registros contables y documentación comercial suelen ser claves para reconstruir sociedades, transferencias, compras, ventas y posibles testaferros.
La investigación no se agota en los tres detenidos. Los investigadores intentan determinar cuántos bienes quedaron involucrados, cuál fue el volumen real de las operaciones y si hubo más personas dentro de la presunta organización.
En ese sentido, fuentes de la causa indicaron: "La investigación continúa para determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización".
El avance del expediente será central para establecer si las operaciones detectadas fueron hechos aislados o si formaban parte de un esquema más amplio de lavado de dinero con base en Santa Fe. Hasta que haya una definición judicial firme, los detenidos conservan el principio de inocencia.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a Rosario y a su zona de influencia, una región donde las investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y vínculos con sectores policiales o empresariales tienen fuerte impacto político y judicial.
La presencia de un ex integrante de la Policía de Santa Fe entre los detenidos agrega un dato sensible para la causa. No implica por sí mismo una responsabilidad institucional, pero sí abre una línea de investigación sobre posibles conexiones, contactos o conocimientos internos que puedan haber facilitado las maniobras bajo sospecha.
El expediente también muestra cómo el lavado de activos ya no se investiga únicamente sobre grandes movimientos bancarios, sino sobre entramados comerciales más cotidianos: concesionarias, constructoras, metalúrgicas, vehículos, inmuebles y empresas que pueden funcionar como pantalla para justificar dinero de origen ilícito.
Tras los arrestos, Leandro David "Lelo" Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo y Marcelo Eduardo Malatesta quedaron a disposición del juez federal Carlos Vera Barros. En los próximos pasos procesales, la Justicia deberá avanzar con indagatorias, análisis de pruebas y eventuales definiciones sobre la situación de cada imputado.
El material secuestrado será clave para determinar si existe correspondencia entre ingresos declarados, bienes registrados, inversiones realizadas y movimientos financieros bajo investigación. También puede servir para identificar a otros posibles participantes del circuito económico investigado.
Para la Justicia Federal de Rosario, el caso representa otro capítulo dentro de una agenda cada vez más cargada por delitos complejos. Para los investigadores, el desafío será seguir la ruta del dinero y probar si los fondos que ingresaron a la economía formal provenían efectivamente del narcotráfico.
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