3 de agosto de 2026
El oficialismo abandonó la eliminación total de restricciones y negocia una versión más moderada para destrabar el Senado. La jugada busca sumar aliados, pero reabre el debate por soberanía, recursos naturales y control del territorio.
Recinto. El bloque oficialista buscará avanzar con las modificaciones de la Ley de Tierras que impulsa la Casa Rosada.
El Gobierno de Javier Milei modificó su proyecto sobre la Ley de Tierras y dejó atrás la idea original de eliminar todos los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Ahora, La Libertad Avanza negocia elevar del 15% al 25% el tope permitido, en un intento por conseguir los votos necesarios para avanzar en el Senado.
La decisión marca una concesión política clara. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba desarmar por completo las restricciones vigentes. Pero después de varios intentos fallidos, resistencias internas y falta de apoyo legislativo, el oficialismo recalculó: ya no propone liberar totalmente el mercado de tierras, sino ampliar el margen actual para inversores extranjeros.
La nueva redacción que circula entre bloques aliados establece la prohibición para adquirir tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras por encima del 25% del territorio de cada provincia. Ese cambio reemplaza la intención inicial de eliminar cualquier límite.
La modificación no responde a un giro doctrinario, sino a una necesidad parlamentaria. LLA no tenía garantizados los votos y el proyecto ya había naufragado varias veces antes de llegar al recinto. La nueva versión busca acercar posiciones con senadores dialoguistas que rechazaban la derogación total, pero podrían aceptar una ampliación del cupo.
Hasta ahora, la Ley 26.737 fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y computa ese límite sobre el territorio nacional, provincial, municipal o unidad administrativa equivalente. También establece restricciones por nacionalidad y límites especiales para zonas estratégicas.
La encargada de ordenar la jugada política será Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado. La legisladora dará una conferencia de prensa este martes 4 de agosto para explicar el nuevo texto y mostrar una posición unificada después de semanas de cambios, borradores y negociaciones contrarreloj.
Según trascendió, en la conferencia también participarán Nadia Márquez y Agustín Coto, dos senadores libertarios alineados con la conducción nacional del espacio. La puesta en escena busca mostrar control político sobre un proyecto que, hasta ahora, generó más ruido que certezas.
El dato revela la fragilidad del oficialismo. Después de 17 borradores, La Libertad Avanza todavía necesitaba convencer aliados para alcanzar los 36 votos que permitan darle media sanción. La reforma ya no se discute solo por su contenido, sino por la capacidad del Gobierno para ordenar a su propia tropa y negociar con bloques cercanos.
El cambio más fuerte es político: Sturzenegger quería eliminar las restricciones, pero el Senado obligó al Gobierno a moderar la iniciativa. Pasar del modelo sin límites a un techo del 25% muestra que el oficialismo tuvo que ceder para evitar una derrota legislativa.
Esa concesión, sin embargo, no calma el debate de fondo. Para el Gobierno, ampliar el margen de compra extranjera puede destrabar inversiones en actividades agropecuarias, forestales, mineras, turísticas o de infraestructura. Para los críticos, implica flexibilizar una norma pensada para proteger recursos estratégicos y evitar la concentración de tierra en manos extranjeras.
La discusión no es menor. La tierra rural no es un activo cualquiera: puede involucrar agua, alimentos, biodiversidad, zonas de frontera, reservas naturales y áreas de alto valor productivo. Por eso, cualquier cambio en los límites de extranjerización tiene impacto económico, político y territorial.
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La interna con Victoria Villarruel también atraviesa el debate. La vicepresidenta ya había manifestado su rechazo al proyecto original de Sturzenegger, lo que encendió alarmas dentro del oficialismo.
Aunque Villarruel no vota como senadora, sí puede definir una sesión en caso de empate. Ese escenario preocupaba a la Casa Rosada, especialmente en una votación ajustada. En el oficialismo buscan evitar lo que algunos llamaron el "efecto Villarruel": que la vicepresidenta termine inclinando la balanza contra una iniciativa clave para Milei.
El viaje presidencial a Ecuador también agrega un dato institucional. Cuando Milei deje el país, Villarruel quedará como presidenta en ejercicio y no podrá presidir la sesión. En ese caso, la conducción recaerá en el libertario Bartolomé Abdala, lo que reduce el margen de sorpresa para el oficialismo.
La negociación dejó otro problema expuesto: ni siquiera algunos senadores tenían claro cuál era la versión definitiva del proyecto. Un legislador que se opone a la venta de tierras sostuvo que el texto cambió tantas veces que resultaba difícil saber qué puntos seguían en pie.
Esa falta de claridad alimenta las críticas opositoras. La reforma de una ley sensible, vinculada al territorio y a recursos naturales, llega al Senado en medio de borradores sucesivos, negociaciones reservadas y presión por conseguir votos.
El oficialismo defiende la modificación como parte de su agenda de desregulación y apertura al capital extranjero. Pero la forma en que se está tramitando el cambio refuerza la idea de improvisación legislativa: primero se intentó eliminar todo límite, luego se chocó con resistencias y finalmente apareció una versión intermedia para salvar la votación.
La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 con el objetivo de regular la titularidad extranjera sobre tierras rurales. Desde entonces, se convirtió en un símbolo para sectores que defienden controles sobre recursos estratégicos y en un obstáculo para quienes promueven una apertura más amplia a inversiones externas.
El Gobierno de Milei intentó derogar la norma por la vía del DNU 70/2023, pero ese capítulo quedó frenado judicialmente. Ahora, la Casa Rosada busca avanzar por el Congreso con una reforma que mantenga límites, aunque mucho más flexibles que los actuales.
El debate conecta con una discusión más amplia: qué tipo de país productivo quiere la Argentina. Para algunos sectores, más capital extranjero puede significar inversión, empleo y desarrollo. Para otros, sin controles estrictos, puede derivar en pérdida de soberanía sobre tierra, agua y recursos naturales.
La modificación del proyecto muestra que La Libertad Avanza tuvo que adaptarse a la realidad parlamentaria. El oficialismo puede sostener un discurso de máxima apertura, pero en el Senado necesita votos, acuerdos y concesiones.
Ese giro deja una señal política doble. Por un lado, el Gobierno busca evitar una derrota y mostrar capacidad de negociación. Por otro, acepta que sus proyectos más duros no siempre pueden avanzar sin cambios cuando chocan con gobernadores, senadores aliados y sectores que temen el costo político de flexibilizar la venta de tierras.
La prueba será la sesión. Si Bullrich consigue los votos, Milei podrá mostrar una victoria legislativa parcial. Si el proyecto vuelve a trabarse, la reforma de la Ley de Tierras quedará como otro ejemplo de la dificultad del oficialismo para transformar consignas desreguladoras en leyes concretas.
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