País. El Gobierno dio marcha atrás con la desregulación y se levantó el paro en los puertos

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitió destrabar el conflicto que mantenía paralizadas las tareas de asistencia a la navegación de buques en las principales vías navegables de Argentina. Como parte del entendimiento, el Poder Ejecutivo resolvió suspender de manera temporal la aplicación del Decreto 690/2026, norma que había desregulado la actividad y que originó el reclamo del sector.

El acuerdo también contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y el restablecimiento inmediato de las prestaciones en los puertos argentinos, una medida esperada por el sector agroexportador debido al impacto económico que generaba la interrupción de las operaciones.

El acuerdo entre el Gobierno y los prácticos

El entendimiento alcanzado incluye la suspensión temporal del Decreto 690/2026, mientras se desarrolla una instancia de diálogo para revisar los cambios impulsados por la normativa.

Además, el Ejecutivo dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que regulan la actividad de practicaje, uno de los principales reclamos planteados durante las negociaciones.

El espacio de trabajo estará coordinado por el Gobierno nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto con otros organismos competentes vinculados al sistema de navegación.

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Qué pasará con el Decreto 690/2026

La mesa técnica tendrá como objetivo analizar cada uno de los puntos incorporados por el Decreto 690/2026 para buscar un consenso entre el Estado y los representantes del sector.

Desde el oficialismo señalaron que el ámbito de diálogo permitirá revisar los ejes centrales de la desregulación antes de definir una solución definitiva para la actividad.

Mientras continúen las negociaciones, los prácticos retomarán de inmediato la prestación habitual de sus servicios en los puertos y vías navegables del país, tras la firma del acta que puso fin al conflicto.

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El impacto del conflicto en los puertos y el sector agroexportador

La interrupción del servicio de practicaje había generado preocupación entre las empresas exportadoras debido al freno parcial en las operaciones portuarias.

Desde el sector consultado por Noticias Argentinas resumieron el acuerdo con una sola palabra: "Alivio", luego de que el Gobierno aceptara suspender temporalmente la aplicación del decreto.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante las negociaciones, la paralización de la actividad representaba pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para el sector agroexportador.

Cómo comenzó el conflicto por la desregulación del practicaje

La disputa se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma modificó el régimen vigente desde 1991 e introdujo una reforma integral del sistema marítimo y fluvial. Entre los principales cambios, eximió de contratar prácticos a determinados capitanes extranjeros con experiencia, amplió las dimensiones de los buques obligados a requerir asistencia, eliminó el límite de cupos para la inscripción de nuevos profesionales y habilitó a la Prefectura Naval Argentina para prestar el servicio.

El decreto también eliminó la segmentación por tramos geográficos, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques.

Al presentar la iniciativa, Federico Sturzenegger sostuvo: "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".

El entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y los representantes del practicaje permitió desactivar un conflicto que afectaba el funcionamiento de los puertos y las exportaciones argentinas. La suspensión temporal del decreto abre ahora una etapa de negociación técnica entre las partes, mientras el servicio vuelve a prestarse con normalidad y continúa el debate sobre el futuro marco regulatorio de la actividad.