6 de agosto de 2026
La movilización contra el proyecto impulsado por el Gobierno terminó con incidentes, gases, camiones hidrantes y arrestos. Organizaciones sociales, gremiales y políticas rechazaron la iniciativa que se debate en el Senado.
Operativo. La Policía reprimió con carros hidrantes y gases lacrimógenos.
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó este jueves con al menos 12 detenidos, heridos entre las fuerzas de seguridad y un fuerte operativo policial en los alrededores del Parlamento. La movilización se realizó en simultáneo con el debate del proyecto en el Senado, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que generó rechazo de organizaciones sociales, gremiales, políticas y territoriales.
Según la información policial, la Policía Federal concretó tres arrestos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. La Policía de la Ciudad, por su parte, detuvo a otras nueve personas mientras continuaba con el operativo para dispersar a los manifestantes.
Los incidentes se registraron en distintos puntos del centro porteño, especialmente en la zona de Avenida Callao, Bartolomé Mitre, Avenida Corrientes, Avenida de Mayo y 9 de Julio. Las fuerzas de seguridad intervinieron con gases y camiones hidrantes después de que se produjeran enfrentamientos con manifestantes.
De acuerdo con los reportes oficiales, durante la protesta se quemaron contenedores de basura, se rompieron veredas y fueron dañados los vidrios de un patrullero. También se informó que una oficial de la fuerza porteña sufrió un traumatismo en un codo por un piedrazo.
Además, un gendarme y un prefecto resultaron heridos durante los disturbios. El gendarme recibió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el integrante de Prefectura fue asistido en el lugar.
El operativo de seguridad incluyó 820 efectivos desplegados en los alrededores del Congreso. El vallado rodeó buena parte del Parlamento y buscó contener la movilización convocada contra el proyecto oficial.
La presencia policial volvió a poner en escena una postal repetida durante la gestión libertaria: debates sensibles dentro del Congreso, organizaciones concentradas en la calle y una respuesta de seguridad marcada por vallados, gases y detenciones.
El Gobierno sostiene que los operativos buscan garantizar el funcionamiento legislativo y evitar hechos de violencia. Pero cada intervención de este tipo también abre una discusión política sobre el límite entre el orden público, el derecho a la protesta y el uso de la fuerza frente a movilizaciones sociales.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos más sensibles de la agenda de desregulación impulsada por el oficialismo. El texto contempla modificaciones sobre desalojos, expropiaciones, Manejo del Fuego y el régimen de tierras rurales.
Aunque el Gobierno había retirado el capítulo más polémico sobre extranjerización de tierras, las organizaciones mantuvieron la convocatoria frente al Congreso. Para los sectores críticos, el proyecto conserva artículos que pueden afectar derechos vinculados a vivienda, territorio, ambiente y control estatal sobre recursos estratégicos.
La iniciativa fue diseñada dentro del paquete de reformas asociado al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y se convirtió en un nuevo punto de choque entre el oficialismo, la oposición y movimientos sociales.
La concentración comenzó al mediodía, bajo la lluvia, con presencia de organizaciones sociales, gremiales y políticas. La consigna central fue el rechazo a una reforma que, según sus críticos, favorece una lectura extrema de la propiedad privada y reduce herramientas de protección estatal.
El malestar no se desactivó pese a la decisión oficial de quitar del texto el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Para los manifestantes, la ley mantiene una orientación general que puede facilitar desalojos y debilitar controles públicos en conflictos territoriales.
El reclamo también se enlaza con otras protestas recientes contra reformas impulsadas por la Casa Rosada. La calle volvió a funcionar como caja de resonancia de una disputa parlamentaria que el Gobierno intenta resolver con acuerdos en el Senado.
Los incidentes frente al Congreso agregan presión sobre un debate que ya venía cargado de tensión. Para el Gobierno, el objetivo es mostrar autoridad y avanzar con una ley que considera central para blindar la propiedad privada. Para la oposición y las organizaciones movilizadas, el proyecto representa un avance sobre derechos sociales, ambientales y territoriales.
La foto de una protesta con 12 detenidos, heridos y un fuerte despliegue policial puede profundizar la polarización. En el oficialismo, el episodio será utilizado para reforzar el discurso de orden. En los sectores críticos, en cambio, puede alimentar nuevas denuncias por criminalización de la protesta.
La discusión de fondo no se agota en los incidentes. Lo que está en juego es cómo se equilibra el derecho de propiedad con otras dimensiones del interés público: vivienda, ambiente, tierras, expropiaciones y protección de comunidades. Ese debate seguirá abierto, incluso si el oficialismo consigue avanzar con la ley.
Nota en desarrollo. Última actualización: 22:12.
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