Política. El Gobierno baja la Ley de Tierras y se empantana la desregulación

El Gobierno de Javier Milei decidió no insistir, al menos por ahora, con la reforma de la Ley de Tierras, después del traspié político que sufrió en el Senado y de las protestas frente al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó archivada en los hechos por falta de apoyo legislativo y por el costo político que empezó a acumular dentro y fuera del Parlamento.

La marcha atrás marca una derrota sensible para la agenda libertaria. El oficialismo había intentado primero eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y luego buscó una versión más moderada, con un techo del 25% en lugar del 15% vigente. Pero ni esa concesión alcanzó para ordenar aliados, desactivar críticas o garantizar votos.

El Gobierno no insistirá con la Ley de Tierras

La decisión de dejar caer la reforma confirma que la Casa Rosada leyó el escenario legislativo como demasiado adverso. Aunque el proyecto contaba con respaldo ideológico de Milei y del Gabinete, la resistencia de sectores aliados y el rechazo social terminaron bloqueando el avance.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Para el Gobierno, esas restricciones son un obstáculo a la inversión y chocan con su mirada de apertura económica. Para sus críticos, en cambio, funcionan como una protección sobre recursos estratégicos, territorio, agua, producción y soberanía.

El oficialismo intentó justificar la derogación con argumentos históricos, constitucionales y económicos. Pero la defensa pública de la medida fue débil, llegó tarde y no logró compensar el rechazo que se fue acumulando entre organizaciones sociales, sectores opositores y legisladores que no querían pagar el costo de habilitar una flexibilización tan sensible.

Bullrich retiró el capítulo para salvar el proyecto

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue quien terminó acordando con la oposición el retiro del capítulo vinculado a la Ley de Tierras. La prioridad fue evitar que todo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se cayera en el recinto.

La jugada fue conversada con la Casa Rosada, en diálogo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con Ignacio Devitt, hombre cercano a Karina Milei. En el oficialismo buscaron mostrar la decisión como un repliegue táctico, pero el resultado político fue más evidente: el Gobierno tuvo que sacar de la mesa uno de los puntos centrales de su agenda desreguladora.

La señal también dejó expuesto a Sturzenegger, autor del artículo descartado y uno de los funcionarios que más empuja reformas de máxima. El ministro venía defendiendo la modificación, pero el cierre parlamentario lo dejó nuevamente frente a los límites concretos de un oficialismo que no tiene mayoría propia.

Del 15% al 25%, una concesión que no alcanzó

En los últimos días, el Gobierno había intentado moderar la propuesta. La idea original era eliminar cualquier restricción a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Después, ante la falta de votos, surgió una alternativa: mantener un límite, pero elevarlo del 15% actual al 25%.

Ese cambio buscaba acercar posiciones con legisladores dialoguistas, pero no consiguió bajar la tensión. La reforma siguió generando controversia y las organizaciones sociales mantuvieron la protesta frente al Congreso, aun después de que el capítulo fuera retirado del texto.

El fracaso muestra un problema recurrente del oficialismo: muchas iniciativas llegan al Parlamento con alto voltaje ideológico, pero sin una construcción política previa suficiente. Cuando aparece la resistencia, el Gobierno debe elegir entre forzar una derrota o retirar capítulos para salvar lo que queda del proyecto.

Otro golpe para Sturzenegger y la agenda de desregulación

La caída de la reforma de la Ley de Tierras se suma a otros tropiezos de Federico Sturzenegger en el Congreso. El ministro también viene enfrentando dificultades con pedidos de facultades delegadas y con distintos paquetes de reformas que todavía no logran avanzar con fluidez.

Ahora, su equipo busca concentrarse en "Hojarasca", el conjunto de desregulaciones que ya está listo para ser tratado en el Congreso. Además, el Gobierno elaboró otro paquete de 349 artículos, terminado en julio, centrado en el mercado inmobiliario pero con impacto sobre una decena de sectores de la economía.

Ese texto apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, suprimir aranceles y honorarios mínimos, terminar con restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones y modificar esquemas de control profesional. La lógica es la misma: liberar mercados, reducir regulaciones y limitar el poder de entidades intermedias.

Pero el traspié con la Ley de Tierras deja una advertencia. No toda desregulación es igual ni genera el mismo costo político. Cuando una reforma toca recursos naturales, propiedad rural, extranjeros, desalojos o expropiaciones, el debate deja de ser técnico y se vuelve territorial, simbólico y social.

La protesta frente al Congreso también pesó

La movilización contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó una postal incómoda para el Gobierno. Hubo incidentes, detenidos y un fuerte operativo policial en los alrededores del Congreso, en una jornada que volvió a unir tensión callejera y negociaciones parlamentarias.

Aunque el capítulo de tierras ya había sido retirado, la protesta se sostuvo porque las organizaciones consideraron que el proyecto conservaba artículos sensibles sobre desalojos, expropiaciones y Manejo del Fuego. El reclamo mostró que el rechazo no se limitaba a un punto específico, sino a una orientación general de la agenda oficial.

Para la Casa Rosada, el episodio confirmó que avanzar con reformas de alto impacto social sin acuerdos robustos puede abrir conflictos simultáneos: desgaste legislativo, costo callejero y disputas internas sobre quién administra el repliegue.

El Gobierno prioriza Banco Central e Inocencia Fiscal

Tras el freno a la Ley de Tierras, el oficialismo buscará ordenar su agenda legislativa alrededor de otros proyectos. Entre las prioridades aparecen la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse hacia finales de agosto en Diputados.

La reforma del Banco Central es una bandera central para Milei. El Presidente busca limitar por ley la posibilidad de que la entidad financie al Tesoro con emisión monetaria y presentar esa modificación como un blindaje institucional contra futuros gobiernos.

Ese giro de prioridades revela una estrategia más defensiva. En vez de insistir con una reforma que quedó demasiado expuesta, el Gobierno intentará avanzar con iniciativas donde cree tener más margen político o mayor capacidad de ordenar a sus aliados.

Qué significa este retroceso para Milei

El freno a la Ley de Tierras muestra que el Gobierno puede conservar iniciativa discursiva, pero no siempre logra convertirla en leyes. La administración libertaria llegó al poder prometiendo desregular de manera profunda, pero el Congreso sigue marcando límites concretos.

La derrota también muestra la importancia de los aliados. Sin mayoría propia, La Libertad Avanza depende de bloques dialoguistas, gobernadores y acuerdos puntuales. Cuando esos sectores perciben demasiado costo político, el oficialismo debe recortar, negociar o retroceder.

Para Milei, el riesgo es que la agenda de transformación empiece a verse más lenta, trabada y dependiente de concesiones. Para Sturzenegger, el desafío será demostrar que sus paquetes de desregulación pueden sobrevivir al Congreso y no quedar convertidos en borradores ambiciosos que chocan contra la realidad parlamentaria.