7 de agosto de 2026
La votación en el Senado fue apenas la parte visible de una negociación que se desarrolló en paralelo y lejos de los flashes. Sergio Massa activó sus contactos con gobernadores dialoguistas para bloquear los capítulos sobre extranjerización de tierras y manejo del fuego. La presión provincial creció hasta que la Casa Rosada decidió retirar los artículos para evitar que el proyecto naufragara.
Los gobernadores demostraron que pueden condicionar la agenda legislativa de Milei si logran coordinarse.
por
Cristian González, Director
Lo que ocurrió alrededor de la denominada Ley de Propiedad Privada tuvo una segunda escena que no quedó expuesta en el recinto. Mientras el Gobierno de Javier Milei intentaba garantizar los votos para avanzar con su iniciativa, Sergio Massa comenzó a mover piezas por debajo de la superficie, buscando que gobernadores dialoguistas marcaran límites sobre algunos de los puntos más sensibles del proyecto.
El resultado fue concreto: los capítulos vinculados con la extranjerización de tierras y el manejo del fuego terminaron siendo retirados antes de la votación. La Casa Rosada evitó así una derrota política que podía comprometer el resto de la iniciativa.
Pero detrás de esa decisión hubo una negociación que involucró a gobernadores, legisladores y dirigentes con llegada directa al Congreso.
El exministro de Economía conserva una red política construida durante décadas y vínculos con dirigentes provinciales que trascienden la coyuntura electoral.
La operación Massa: llamados, gobernadores y una estrategia para bloquear los artículos
Según pudo saber Mundo Poder, Massa mantuvo contactos con gobernadores que tienen diálogo abierto con la Casa Rosada pero que, al mismo tiempo, conservan autonomía para ordenar a sus legisladores.
Entre los mandatarios con los que el exministro habría conversado aparecen Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; y Rolando Figueroa, de Neuquén.
La estrategia no apuntaba necesariamente a voltear toda la ley.
El objetivo era más quirúrgico: sacar del proyecto aquellos artículos considerados especialmente sensibles para las provincias.
La diferencia es importante. En lugar de plantear una confrontación frontal con el Gobierno nacional, la negociación buscó construir una resistencia parlamentaria sobre puntos determinados. Si esos artículos llegaban al recinto sin modificaciones, los legisladores vinculados a los gobernadores podían convertirse en el factor decisivo para bloquearlos.
La clave estuvo en las tierras y el manejo del fuego
¿Por qué esos dos capítulos?
La cuestión de las tierras tiene una sensibilidad particular para las provincias. La posibilidad de flexibilizar restricciones vinculadas con la adquisición de tierras por parte de extranjeros abre una discusión que combina soberanía territorial, recursos naturales, inversiones y poder económico.
El manejo del fuego también toca
directamente intereses provinciales. Las provincias tienen responsabilidades
sobre sus territorios y, especialmente en zonas forestales y productivas,
cualquier modificación normativa puede tener consecuencias concretas sobre la
prevención y el control de incendios.
Esos dos puntos terminaron
convirtiéndose en el lugar donde el oficialismo encontró mayor resistencia.
Y ahí apareció Massa.
La negociación que la Casa Rosada
prefirió evitar
La presión de los gobernadores generó un
problema para el Gobierno: insistir con los artículos podía poner en riesgo la
aprobación de la iniciativa o provocar una derrota parlamentaria sobre temas
particularmente sensibles.
La alternativa fue retirar los capítulos
conflictivos.
La decisión permitió al oficialismo
evitar una votación incómoda, pero tuvo un costo político: quedó expuesto que
la Casa Rosada no tiene capacidad para imponer toda su agenda cuando los
gobernadores deciden coordinar posiciones.
La escena también dejó en evidencia una
paradoja de la política argentina.
Varios de los gobernadores involucrados mantienen un vínculo de diálogo con Milei y han acompañado distintas iniciativas oficiales. Sin embargo, cuando el proyecto tocó intereses que consideran propios de sus provincias, esos mismos mandatarios utilizaron su peso parlamentario para marcar una frontera.
Massa vuelve a jugar desde las sombras
La particularidad de la operación es que
Massa no necesitó ocupar un cargo para intervenir.
El exministro de Economía conserva una
red política construida durante décadas y vínculos con dirigentes provinciales
que trascienden la coyuntura electoral.
Su capacidad para conversar con
gobernadores que no forman parte del núcleo duro del kirchnerismo le permite
moverse en un territorio donde el oficialismo todavía tiene dificultades para
consolidar una estructura propia.
El episodio de la Ley de Propiedad
Privada muestra justamente esa modalidad.
Massa no apareció en el recinto. No necesitó hacerlo. La discusión se dio antes, en los teléfonos, en las conversaciones reservadas y en la coordinación con quienes tenían la llave de los votos.
Después de la derrota electoral de 2023 y de su salida del Gobierno, el exministro necesita demostrar que todavía posee capacidad de influencia.
Jaldo, Sáenz, Passalacqua y Figueroa: el
otro poder detrás del Congreso
La participación de Osvaldo Jaldo,
Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Rolando Figueroa adquiere especial relevancia
porque muestra que el límite al Gobierno no surgió exclusivamente de la
oposición tradicional.
Los cuatro mandatarios pertenecen a
espacios provinciales con distintos grados de distancia respecto del
oficialismo nacional. Esa heterogeneidad es precisamente lo que vuelve
significativa la negociación.
No
hizo falta construir un frente opositor tradicional.
Alcanzó con que un grupo de gobernadores
coincidiera en que determinados artículos no debían avanzar en los términos
planteados por el Gobierno.
Esa coincidencia fue suficiente para modificar el proyecto.
La Casa Rosada puede negociar, pero cada negociación tiene un precio.
El problema que enfrenta Javier Milei
El episodio plantea una dificultad
estratégica para Milei.
El Gobierno necesita a los gobernadores
para construir mayorías parlamentarias, pero al mismo tiempo intenta avanzar
con una agenda de reformas que puede afectar intereses económicos y
territoriales de las provincias.
Esa tensión aparece cada vez que una
iniciativa oficial toca recursos, tierras, fondos, infraestructura o
competencias provinciales.
La Casa Rosada puede negociar, pero cada
negociación tiene un precio.
Y en este caso, el precio fue retirar los artículos que generaban mayor resistencia.
La señal política: los gobernadores
demostraron que pueden frenar al Gobierno
Más allá de los artículos eliminados, el
episodio deja una señal de mayor alcance.
Los gobernadores demostraron que pueden
condicionar la agenda legislativa de Milei si logran coordinarse. No necesitan
enfrentarse abiertamente al Presidente ni romper los canales de diálogo.
Pueden hacerlo de una manera mucho más
efectiva: administrando sus votos en el Congreso.
La operación atribuida a Massa funcionó
precisamente sobre esa lógica.
El exministro identificó una fisura dentro de la coalición parlamentaria que el Gobierno necesita para avanzar y logró que los gobernadores utilizaran esa posición para exigir modificaciones.
Una derrota parcial para el Gobierno y
una victoria política para Massa
La Casa Rosada puede argumentar que
retirar dos capítulos permitió preservar el corazón del proyecto.
Pero políticamente el dato es otro.
El Gobierno tuvo que retroceder frente a
una presión que no provino solamente de la oposición. La resistencia llegó
desde gobernadores que, en muchos otros temas, mantienen abiertos canales de
negociación con Milei.
Para Massa, el resultado tiene otro
significado.
Después de la derrota electoral de 2023
y de su salida del Gobierno, el exministro necesita demostrar que todavía posee
capacidad de influencia. La negociación alrededor de la Ley de Propiedad
Privada le ofrece una oportunidad para hacerlo.
No fue una victoria electoral. Fue una demostración de poder territorial.
La trama que queda abierta
La discusión sobre la propiedad de la
tierra no desapareció. Tampoco la disputa por las competencias provinciales en
materia ambiental y territorial.
Los artículos fueron retirados, pero los
intereses que estaban detrás permanecen.
Y la Casa Rosada tendrá que evaluar algo
que puede resultar todavía más importante que esta votación: qué hará cuando
vuelva a encontrarse con un Congreso donde los gobernadores tengan capacidad
para imponer condiciones.
Porque el episodio dejó una conclusión
difícil de ignorar.
Milei puede tener el proyecto. Puede
tener la iniciativa política. Pero los gobernadores todavía tienen los votos.
Y Sergio Massa acaba de demostrar que, aun sin ocupar un lugar en el poder institucional, conserva algunos de los teléfonos que pueden hacer que esos votos se muevan.
Qué significa esto para el Gobierno de
Milei
El retiro de los artículos representa un retroceso puntual, pero también una advertencia estratégica. El oficialismo deberá negociar cada vez más con gobernadores que no necesariamente responden a su estructura política y que pueden utilizar sus bloques legislativos como herramienta de presión.
Si la Casa Rosada insiste con reformas que involucren tierras, recursos naturales o competencias provinciales, los gobernadores tendrán nuevamente incentivos para coordinar posiciones.
Qué puede pasar en los próximos días
La discusión puede trasladarse a otros
proyectos oficiales. Si la Casa Rosada insiste con reformas que involucren
tierras, recursos naturales o competencias provinciales, los gobernadores
tendrán nuevamente incentivos para coordinar posiciones.
Y allí volverá a aparecer la pregunta
política que deja esta negociación: ¿cuánto del poder legislativo de Milei
depende de gobernadores que pueden cambiar de posición cuando sus intereses
provinciales entran en juego?
La otra cara del poder.
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