9 de agosto de 2026
Un hombre de 34 años inició una acción judicial por daños que atribuye a dos dosis aplicadas en 2021. El expediente apunta a la farmacéutica, a la administración pública y al Fondo de Reparación previsto por ley.
Dosis. Las vacunas de Astrazeneca fueron una de las variantes que se aplicaron durante la pandemia de coronavirus en Argentina.
La demanda contra AstraZeneca y el Estado nacional fue presentada por Emanuel Alejandro Ocaña Francia, un salteño de 34 años que reclama más de $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid-19. El hombre sostuvo que, después de recibir dos dosis en 2021, comenzó a atravesar problemas de salud graves que derivaron en internaciones, estudios y tratamientos.
El caso quedó planteado como una demanda de daños y perjuicios, pero el punto central todavía no está probado: la Justicia deberá determinar si existe relación causal entre la aplicación de la vacuna y las patologías denunciadas por el demandante. Hasta que esa prueba se produzca, el vínculo médico debe ser presentado como una afirmación de la parte actora.
Ocaña Francia dirigió su reclamo contra AstraZeneca S.A. y contra el Estado nacional. En la presentación, pidió una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente y daño punitivo contra la farmacéutica.
Según la demanda, el salteño recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto de 2021, ambas en establecimientos sanitarios de Salta. Luego de esas aplicaciones, aseguró haber sufrido distintos cuadros médicos que fueron agravándose con el paso del tiempo.
La acción judicial también incluye un pedido subsidiario para acceder al Fondo de Reparación COVID-19, previsto por la Ley 27.573, el régimen creado para eventuales casos de daños físicos derivados de vacunas aplicadas durante la emergencia sanitaria.
La presentación judicial sostiene que, después de la vacunación, Ocaña Francia comenzó con episodios convulsivos, alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas. También menciona internaciones y tratamientos posteriores.
Entre los diagnósticos atribuidos por la parte actora a las inoculaciones aparecen síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y secuelas neurológicas.
La documentación incorporada al expediente incluye antecedentes médicos posteriores. Un resumen de historia clínica del Hospital San Bernardo, correspondiente a una internación de octubre de 2022, consignó múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados e hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico.
También se señaló que una resonancia magnética cerebral mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos.
El expediente incorpora información sobre estudios e internaciones realizados en los años posteriores a la vacunación. El 22 de noviembre de 2023, Ocaña Francia ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse evaluaciones y analizar alternativas terapéuticas.
De acuerdo con la documentación citada en la demanda, durante esa etapa permaneció internado en la Unidad de Terapia Intermedia de Adultos y recibió diagnóstico de síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, junto con alteraciones de la función renal y antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.
La presentación también afirma que un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024 determinó una incapacidad del 70%. Ese porcentaje forma parte de la prueba ofrecida por el demandante y deberá ser revisado dentro del proceso judicial.
El monto total reclamado asciende a $191.066.282,99. La demanda incluye distintos rubros indemnizatorios, entre ellos $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y más de $50 millones en concepto de daño punitivo contra AstraZeneca.
Además, el demandante pidió, de manera subsidiaria, acceder al Fondo de Reparación COVID-19, con un cálculo de $63.817.680 al momento de formular la presentación.
Ese fondo está previsto en la legislación argentina para personas que acrediten daños físicos como consecuencia directa de una vacuna contra el Covid-19 aplicada en el marco del plan sanitario. Su eventual reconocimiento dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de la evaluación médica correspondiente.
El punto más importante del caso será la prueba de causalidad. La demanda sostiene que los daños tienen vínculo con la aplicación de la vacuna, pero esa relación no está judicialmente establecida.
Por eso, la parte actora pidió una pericia médica oficial para determinar cuáles son las enfermedades y secuelas que presenta Ocaña Francia, cuál es su grado de incapacidad y si los diagnósticos pueden vincularse causalmente con la vacunación contra el Covid-19.
También solicitó que los peritos analicen si las patologías denunciadas son compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna. Esa instancia será clave para definir si corresponde una reparación, quién debería responder y bajo qué régimen jurídico.
La demanda abre un caso sensible porque cruza salud pública, responsabilidad estatal, industria farmacéutica y derechos individuales. Durante la pandemia, las vacunas contra el Covid-19 fueron parte central de la estrategia sanitaria global, pero los reclamos por presuntos eventos adversos graves obligan a la Justicia a revisar cada situación con prueba médica específica.
El expediente no permite concluir, por ahora, que la vacuna haya causado las patologías denunciadas. Sí confirma que existe una acción judicial en curso, un reclamo económico elevado y una discusión probatoria que deberá resolverse con pericias oficiales.
En términos institucionales, el caso también pondrá bajo análisis el alcance del Fondo de Reparación COVID-19 y la responsabilidad que eventualmente podría corresponderle al Estado nacional o a la farmacéutica. La resolución puede sentar un antecedente relevante para otros reclamos similares.
El avance del expediente dependerá de la producción de prueba médica, documental y pericial. La Justicia deberá evaluar la historia clínica, los estudios aportados, los informes particulares y las eventuales respuestas de AstraZeneca y del Estado nacional.
Si se acredita una relación directa entre la vacunación y el daño alegado, el reclamo podría avanzar hacia una reparación económica. Si esa causalidad no se prueba, la demanda puede ser rechazada o limitarse a otros encuadres previstos por la normativa.
Por ahora, el caso queda en una etapa inicial y exige prudencia informativa. La noticia no es una conclusión médica, sino una presentación judicial que plantea una hipótesis de daño y que deberá ser examinada por tribunales y especialistas.
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