10 de agosto de 2026
Un informe del Tribunal de Cuentas expuso pagos objetados, obras sin respaldo suficiente y cargos patrimoniales que atraviesan dos gestiones. El caso vuelve a poner bajo presión a la política sanjuanina.
Números flojos. Las observaciones pueden derivar en nuevos pedidos de explicación política, revisiones internas en OSSE y mayor presión sobre funcionarios de la gestión anterior y actual.
La empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado, conocida como OSSE San Juan, quedó bajo fuerte presión después de que el Tribunal de Cuentas mantuviera cargos patrimoniales por más de $42,7 millones sin intereses y decidiera no aprobar su cuenta general correspondiente al ejercicio 2023. El caso involucra obras pagadas sin certificaciones suficientes, contrataciones directas, gastos publicitarios objetados y procedimientos internos que deberán ser revisados.
El expediente tiene impacto político porque atraviesa dos administraciones. La cuenta cuestionada corresponde al último año de gobierno de Sergio Uñac, pero la revisión se proyecta sobre decisiones posteriores adoptadas durante la gestión de Marcelo Orrego, en particular por un acta acuerdo de febrero de 2024 vinculada a Krah América Latina SA.
La revisión del Tribunal de Cuentas de San Juan puso el foco en la administración de fondos públicos dentro de OSSE, la empresa encargada del servicio de agua y cloacas en la provincia. El organismo consideró que subsistían cargos y reparos suficientes como para no aprobar formalmente la cuenta general 2023.
El punto más sensible no fue solo contable. Según la documentación citada, los auditores detectaron obras pagadas sin constancias completas de ejecución, expedientes con documentación incompleta, contrataciones directas justificadas por urgencia y gastos de publicidad sin certificaciones claras de prestación.
La conclusión deja a OSSE en una posición incómoda: no se trata de un error administrativo aislado, sino de una secuencia de observaciones que revelan debilidades de control, compras y pagos dentro de una empresa estatal estratégica para San Juan.
Uno de los casos más relevantes corresponde a la restauración de las fachadas de la casa central de OSSE, contratada de manera directa por $16.106.503. El Tribunal señaló que la empresa Simacon SRL no presentó la documentación necesaria para confeccionar certificados de obra y que el expediente carecía de respaldos clave.
Entre las irregularidades mencionadas aparecen la falta de firma del inspector de OSSE en el acta de medición y el certificado de provisión, una factura no conformada y la ausencia de actas de medición completas, certificados de obra y acta de finalización.
Por ese expediente, el Tribunal mantuvo responsabilidad administrativa patrimonial sobre el entonces gerente de Obras, Francisco Javier Rodríguez, el gerente de Administración, Rodolfo Héctor Sastriques, y el gerente General, Herman Dismar Salinas, por $16.106.503 más intereses legales.
El segundo cargo fuerte corresponde a una contratación directa por $26.611.212,63 para una red distribuidora de agua potable y colectora sobre calle Lencina. Según la auditoría, tampoco existían acta de inicio, mediciones, certificados ni acta de finalización.
El dato más llamativo es que el 85% del monto habría sido pagado apenas dos días después de emitida la nota de pedido, y luego se completó el pago de la obra. La factura fue conformada por Guillermo Nicolás Sirerol, entonces presidente de OSSE durante la administración de Sergio Uñac.
En abril de 2025, el Tribunal mantuvo la responsabilidad patrimonial por ese expediente en $26.611.212,63 más intereses para Rodríguez, Sastriques y Salinas. Sumados ambos casos, los cargos superan los $42,7 millones, sin contar accesorios legales.
La auditoría también puso bajo análisis contrataciones de publicidad durante los últimos meses de 2023. Una de ellas fue con Marketing y Negocios SRL, por un servicio de difusión y publicidad tramitado bajo argumento de urgencia.
El expediente muestra otra señal de alerta: entre la nota de pedido y la orden de pago pasaron apenas seis días hábiles. Además, áreas internas habrían informado que no tenían intervención, certificación de prestación o expediente presentado por el proveedor.
Una situación similar aparece con el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales, por trabajos de publicidad y relevamiento correspondientes a noviembre y diciembre de 2023. En ambos casos, el Tribunal formuló reparos y señaló a funcionarios internos de OSSE.
La firma Simacon SRL también aparece en otras contrataciones observadas. En la refacción y acondicionamiento de baños de la casa central de OSSE, los certificados y actas de medición presentaban inconsistencias y carecían de firmas de inspectores.
El Tribunal incluso detectó un dato particular: la representante legal de la empresa figuraba el mismo día y a la misma hora iniciando dos obras distintas, una en Capital y otra en Jáchal.
En otra intervención, vinculada a la rehabilitación del edificio administrativo de Región II, en Jáchal, el organismo describió que "la mecánica de contratación es reiterada". Esa frase apunta a un esquema en el que se realizaba un presupuesto bajo, no se presentaban otros oferentes y la empresa terminaba ejecutando la obra mediante contratación directa.
El caso tiene un filo político evidente. La cuenta general cuestionada corresponde a 2023, último año de Sergio Uñac al frente del gobierno provincial. Sin embargo, el Tribunal también dejó abierta la posibilidad de atribuir responsabilidades por decisiones tomadas en 2024, ya con Marcelo Orrego como gobernador.
El punto más delicado está vinculado a Krah América Latina SA, una empresa ligada a obras del sistema de agua sanjuanino y al acueducto Gran Tulum. El Tribunal no liberó de responsabilidad a funcionarios y agentes si se determina que el acta acuerdo de ampliación de plazo del 15 de febrero de 2024, aprobada al día siguiente, produjo actos u omisiones contrarios a las normas que regulan la inversión de fondos públicos.
Para entonces, Orrego ya llevaba dos meses en la gobernación y José Luis Beltrán estaba al frente de OSSE. Por eso, el oficialismo provincial no puede reducir todo el caso a una herencia recibida: también deberá explicar qué controles aplicó sobre expedientes heredados y qué decisiones tomó una vez instalado en el poder.
La mención a Krah no es menor. La firma aparece vinculada a contratos del acueducto Gran Tulum, una de las obras más sensibles para el sistema hídrico de San Juan. Además, investigaciones periodísticas señalaron que Gustavo Monti, primo del exgobernador Uñac, actuó como apoderado de la empresa en documentación de OSSE.
El Tribunal también ordenó a las autoridades actuales adoptar medidas para corregir deficiencias internas, mejorar controles sobre compras y proveedores, evitar movimientos bancarios que dificulten rendiciones y aplicar correctamente el régimen de contrataciones.
Ese punto conecta el pasado con el presente. La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió durante la gestión anterior, sino cómo respondió el nuevo gobierno ante un esquema administrativo cuestionado.
El informe deja expuestos a dos sectores políticos en San Juan. Por un lado, la administración de Sergio Uñac dejó una OSSE con cuenta no aprobada, cargos patrimoniales, reparos por contrataciones directas y observaciones sobre publicidad y obras. Por otro, la gestión de Marcelo Orrego quedó alcanzada por decisiones posteriores vinculadas a contratos heredados.
La gravedad institucional está en la continuidad de los problemas. Aunque cambió el signo político en la provincia, las debilidades en controles, certificaciones, compras y rendiciones atravesaron la transición.
En términos políticos, el caso puede convertirse en un punto de presión sobre la oposición peronista y también sobre el oficialismo provincial. Para Uñac, porque las observaciones nacen en su último año de gestión. Para Orrego, porque el Tribunal dejó abierta la revisión sobre actos ya ejecutados bajo su gobierno.
El avance del caso dependerá de las medidas que adopte OSSE y de la continuidad del análisis del Tribunal de Cuentas. Si se confirman responsabilidades, los cargos patrimoniales podrían derivar en reclamos económicos contra los funcionarios señalados y en nuevas revisiones sobre contrataciones.
También puede haber impacto político. El servicio de agua y cloacas es una de las áreas más sensibles para cualquier provincia, y las sospechas sobre pagos sin respaldo suficiente golpean directamente la confianza pública en la administración de recursos.
La discusión de fondo excede los $42,7 millones. Lo que queda bajo análisis es cómo una empresa estatal clave ejecutó obras, pagó proveedores, certificó servicios y administró contratos heredados en medio de un cambio de gobierno.
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