12 de agosto de 2026
El Gobierno nacional negocia cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que los funcionarios públicos accedan a algunos de los principales beneficios previstos en el régimen. La modificación surgió durante las conversaciones con bloques aliados para conseguir apoyo en la Cámara de Diputados.
El Gobierno nacional negocia cambios en Inocencia Fiscal II para establecer restricciones a los funcionarios públicos.
El Gobierno nacional analiza modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II con el objetivo de establecer restricciones para los funcionarios públicos que busquen acceder a algunos de los beneficios centrales del régimen. La iniciativa forma parte de una negociación con diputados de bloques aliados para reunir los respaldos necesarios y avanzar con el tratamiento legislativo.
La propuesta que se encuentra bajo discusión permitiría que quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos públicos utilicen el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, aunque quedarían excluidos de las presunciones y efectos liberatorios contemplados en el proyecto para el resto de los contribuyentes.
El proyecto original de Inocencia Fiscal II no contemplaba una exclusión específica para los funcionarios públicos. Sin embargo, durante las negociaciones con sectores aliados surgió la posibilidad de incorporar modificaciones que establezcan un tratamiento diferenciado.
La intención oficial es distinguir entre los beneficios que podrían recibir los contribuyentes en general y aquellos que estén destinados a personas que ejerzan o hayan ejercido determinadas funciones dentro del Estado.
De esta manera, los funcionarios podrían acceder al mecanismo simplificado previsto para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero quedarían fuera de algunos de los efectos más relevantes que contempla el régimen.
Los alcances del escándalo Adorni hicieron que el Gobierno nacional se muestre dispuesto a negociar modificaciones al proyecto original.
El debate sobre la exclusión de los funcionarios públicos tomó mayor relevancia luego del caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti.
Según la información disponible, ambos se incorporaron en junio de 2026 al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada, una situación que generó cuestionamientos y sospechas.
Ese episodio sumó un nuevo elemento a la discusión sobre el alcance de los beneficios previstos en el proyecto y sobre la posibilidad de establecer restricciones específicas para quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos.
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Otro de los puntos que aparece en las negociaciones es la situación de los funcionarios públicos que hayan dejado sus cargos en los últimos años.
La propuesta que se analiza apunta a establecer limitaciones específicas para ese grupo, de manera que no puedan utilizar determinados mecanismos del régimen para justificar o exteriorizar fondos que no hubieran sido declarados previamente.
Las condiciones y el alcance definitivo de estas restricciones forman parte de las conversaciones que mantiene el oficialismo con los bloques considerados dialoguistas.
Las modificaciones al proyecto son analizadas en el marco de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
El oficialismo busca destrabar el tratamiento de la iniciativa y conseguir los apoyos necesarios para obtener dictamen. En ese contexto, la exclusión de los funcionarios públicos de algunos de los beneficios más sensibles del régimen aparece como una de las modificaciones que se negocian con los sectores aliados.
En paralelo, el Gobierno también trabaja sobre otros aspectos del proyecto para alcanzar un mayor consenso parlamentario antes de que la iniciativa llegue al recinto.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para modificar el esquema de fiscalización del Impuesto a las Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.
Entre los aspectos que continúan bajo análisis aparece la revisión de las condiciones de acceso al régimen y de los mecanismos que permitirían regularizar diferencias detectadas por ARCA.
Sin embargo, el avance legislativo del proyecto quedó sujeto a las modificaciones que continúan negociándose con los bloques dialoguistas. La definición sobre el alcance de los beneficios y las restricciones para funcionarios y exfuncionarios públicos será uno de los puntos centrales de esas conversaciones.
La negociación introduce una diferencia concreta entre el tratamiento previsto para los contribuyentes en general y el que finalmente podría aplicarse a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas.
La discusión también se produce mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para avanzar con Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, las modificaciones que surjan de las conversaciones con los bloques aliados serán determinantes para definir la versión final del proyecto que llegará al debate parlamentario.
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