Sucesos. Escándalo en el Puerto de Ushuaia: Acusan al Gobierno de negocios millonarios tras la intervención

La intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta el 20 de enero de este año por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) del Gobierno de Javier Milei, vuelve a generar fuerte polémica.

Un informe periodístico de C5N y reportes locales señalan presuntos desvíos de fondos, adjudicaciones con aumentos desmedidos y negocios millonarios bajo la administración nacional, mientras la provincia de Tierra del Fuego mantiene su rechazo a la medida y espera resoluciones judiciales.

Según la resolución 4/2026 de la ANPyN, la intervención por 12 meses (prorrogables) se fundamentó en irregularidades financieras, desvío de recursos portuarios hacia gastos provinciales, baja inversión en infraestructura (apenas alrededor del 1,3% del presupuesto) y fallas estructurales y de seguridad detectadas en auditorías e inspecciones de 2025.

El detonante fue una denuncia gremial contra la Ley provincial 1596, que autorizaba usar superávit del puerto para la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), aunque desde la provincia afirman que esa norma nunca se aplicó. También se cuestionaron préstamos por unos 4.000-4.200 millones de pesos al gobierno provincial.

El director de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, habló en su momento que más del 30% de los ingresos se destinaban a cubrir déficit provincial, en lugar de reinvertirse en la terminal.

El gobernador Gustavo Melella y la Dirección Provincial de Puertos (entonces a cargo de Roberto Murcia) rechazaron de plano las acusaciones. Calificaron la medida de "avasallamiento a la autonomía provincial" e "intervención federal encubierta", negaron desvíos o malversación, defendieron los préstamos como convenios legales con devolución e intereses, y destacaron obras de infraestructura realizadas.

La provincia presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal y solicitó el cese de la intervención. La toma de control se concretó de forma abrupta, con notificación por WhatsApp y restricción de acceso por Prefectura Naval.

Meses después, las denuncias se invirtieron sobre la gestión interventora. Reportes indican que unos 140 trabajadores permanecen desplazados de sus puestos y aguardan un fallo judicial para reincorporarse. Solo un grupo reducido (alrededor de 16) pudo continuar operando.

El interventor Fernando Ariel Polici enfrenta cuestionamientos por antecedentes en el PAMI fueguino, y Arreseygor es señalado por vínculos con el grupo Mirgor.

Uno de los puntos más criticados es el salto en contrataciones: el servicio de limpieza portuaria habría pasado de 6,5 millones a 563 millones de pesos en apenas un semestre. El puerto genera una caja anual estimada en torno a los 22.000 millones de pesos (recursos que la provincia considera propios). Se mencionan también intereses comerciales alrededor de eventuales concesiones o negocios logísticos, con nombres de empresarios cercanos al poder como Nicolás Caputo y Gustavo "Turco" Elías.

El Puerto de Ushuaia es estratégico: puerta de entrada a la Antártida, clave para el turismo de cruceros y la logística austral. Mientras la intervención avanza y la provincia agota vías legales, el conflicto pone de relieve la tensión entre Nación y Tierra del Fuego por el control de un activo millonario y la administración de sus fondos. Las denuncias cruzadas continúan sin una resolución judicial definitiva a la vista.