14 de agosto de 2026
En febrero del año pasado los tripulantes de un avión privado asociado al empresario dueño de OCA y Flybondi ingresaron equipaje sin pasar por los escáneres de seguridad de la Aduana y las sospechas crecieron. Recientemente se conoció la filmación del hecho.
Polémica. Un integrante de la tripulación del avión privado ingresa evadiendo los controles de la Aduana en Aeroparque.
En las últimas horas se conoció el video del escándalo de las 10 valijas sin control en la Aduana, que muestran cómo el equipaje de un vuelo privado ingresó al país por Aeroparque sin pasar por los escáneres de seguridad. Las imágenes exponen el gesto de "siga, siga" de una funcionaria aduanera y contradicen la versión oficial que había sostenido que los pasajeros se habían sometido a los controles correspondientes.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando Laura Belén Arrieta arribó al aeropuerto metropolitano junto a los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano en un avión privado operado por Royal Class. La aeronave estaba vinculada a COC Global, firma relacionada con el empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi.
Las imágenes difundidas muestran el recorrido de los pasajeros y del equipaje dentro del sector de Aduana. Según surge de la filmación, los bultos no fueron sometidos al control habitual por escáneres, pese a tratarse de un vuelo privado internacional procedente de Estados Unidos.
Uno de los momentos más sensibles es el gesto de la vicejefa de la Aduana, Silvana Abalsamo de Silva, quien aparece orientando a los tripulantes para que pasen por una fila especial y eviten el control. Esa escena se convirtió en el núcleo político e institucional del caso.
La investigación también menciona a la empleada aduanera Cintia Cali, señalada en el expediente por su intervención durante el ingreso de los pasajeros. Ninguna de las dos funcionarias declaró ante la Justicia, ya que podrían quedar bajo sospecha por posibles incumplimientos de deberes de funcionario público.
El expediente tomó fuerza porque no se trató de una valija aislada ni de un error menor de procedimiento. Fueron 10 bultos que ingresaron sin control aduanero visible, en un aeropuerto internacional y luego de un vuelo privado.
El piloto Juan Pablo Pinto se presentó de manera espontánea ante el juzgado y sostuvo que la mayoría de las valijas eran suyas. Según su declaración, cinco bultos le pertenecían, una valija correspondía a Víctor Du Plooy y otra a Laura Belén Arrieta.
Sin embargo, los nuevos videos muestran que Arrieta se retiró del aeropuerto con más de una valija, un dato que abre contradicciones sobre la distribución real del equipaje y sobre lo declarado por los involucrados.
Uno de los puntos más delicados del caso es una supuesta llamada telefónica. Un policía aeroportuario declaró que vio a Laura Belén Arrieta pasarle su celular a la empleada de Aduana Cintia Cali, mientras mantenía una comunicación con alguien.
Esa escena alimentó una pregunta central: quién habría dado la orden para permitir que las valijas pasaran sin control. El dato no pudo ser probado de manera concluyente, pero quedó instalado como una de las claves políticas del expediente.
El juzgado pidió registros telefónicos y se detectaron movimientos de datos móviles, pero no se pudo determinar si correspondían a llamadas por aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. Esa imposibilidad técnica aparece ahora como uno de los argumentos que podrían llevar la causa al archivo.
La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, encabezado por Pablo Yadarola. Según la información conocida, el expediente podría terminar archivado por la dificultad técnica para determinar con quién se habría comunicado Arrieta al bajar del avión.
El dato resulta políticamente sensible porque las imágenes muestran el paso de las valijas sin escáneres, pero la causa penal necesita probar algo más: si hubo delito, quién ordenó la maniobra y si existió una cadena de responsabilidades.
Aun si no se acredita contrabando, las funcionarias aduaneras podrían quedar bajo análisis por eventuales incumplimientos administrativos o funcionales. Esa diferencia es clave: una cosa es no probar un delito aduanero específico y otra muy distinta es que el procedimiento haya sido regular.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez fueron duros al analizar el procedimiento. Según el dictamen citado en la investigación, hubo "una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos".
El planteo fiscal también marcó una contradicción evidente: todas las personas que llegaron en ese horario al hall de Aduana fueron controladas, excepto los ocupantes del vuelo privado. Esa diferencia dejó bajo sospecha el criterio usado por las funcionarias para permitir el paso sin escáner.
El caso también complica la versión pública del Gobierno. Cuando el escándalo tomó estado público, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo: "Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa". Los videos ahora exhiben una secuencia que va en sentido contrario.
La pasajera investigada, Laura Belén Arrieta, aparece vinculada a empresas de Leonardo Scatturice y a OCP TECH. También fue mencionada como una figura asociada a CPAC Argentina, el encuentro conservador cercano a sectores del oficialismo libertario.
El avión privado involucrado fue un Bombardier Global 5000 operado por Royal Class. De acuerdo con los registros migratorios, el vuelo figuraba como procedente de Fort Lauderdale, Florida. Sin embargo, la investigación judicial indicó que el despegue real habría sido desde Opa-locka, también en Florida.
Esa diferencia entre el registro formal y el punto real de partida sumó otra sombra sobre el caso. En un expediente donde lo central es la trazabilidad de personas, equipaje y controles, cualquier inconsistencia alimenta la necesidad de una explicación institucional clara.
El caso de las valijas expone un problema que excede a los tres tripulantes investigados. La pregunta de fondo es si existió un trato diferencial para pasajeros vinculados a un vuelo privado y a un entramado empresarial con contactos políticos.
La Aduana es un organismo sensible porque controla el ingreso de bienes, divisas, mercadería y equipaje al país. Cuando un procedimiento se saltea sin explicación objetiva, lo que se erosiona no es solo una rutina administrativa, sino la confianza en que las reglas se aplican igual para todos.
El contraste es fuerte: mientras pasajeros comunes atraviesan controles, filas, escáneres y revisiones, los videos muestran a un grupo ingresando bultos por un camino excepcional. Esa postal vuelve a instalar una discusión incómoda sobre privilegios, poder y controles estatales.
La difusión de las imágenes no cierra el caso. Al contrario, lo reabre en términos políticos y públicos. Si la causa judicial avanza hacia el archivo por límites técnicos, la discusión institucional seguirá abierta: quién autorizó el paso, por qué se evitó el control y qué responsabilidad tuvieron las funcionarias de Aduana.
El punto más grave no es solo que las valijas no hayan pasado por escáneres. Es que la explicación oficial quedó debilitada por los videos y que el expediente puede terminar sin identificar la cadena completa de decisiones.
En una Argentina atravesada por denuncias de privilegios y sospechas sobre vínculos entre empresarios, poder político y organismos de control, el "siga, siga" de la Aduana se convierte en una imagen potente. Muestra, en pocos segundos, lo que el Estado todavía debe explicar.
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