14 de agosto de 2026
Un incendio permitió descubrir un presunto geriátrico clandestino en la ciudad de Santa Fe, donde siete adultos mayores y personas con discapacidad vivían, según la investigación, en condiciones de hacinamiento, hambre y falta de atención médica. El caso abrió una investigación judicial y generó repercusiones sobre los controles municipales durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.
La Justicia investiga si el establecimiento formaba parte de una red de geriátricos clandestinos.
Un geriátrico clandestino funcionaba en una vivienda ubicada sobre la calle José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe. Allí, los bomberos encontraron a siete adultos mayores y personas con discapacidad que, de acuerdo con las denuncias conocidas tras el operativo, vivían hacinados, con problemas de salud, sin alimentos suficientes y en condiciones de extrema precariedad. El lugar había quedado bajo la mira de la Justicia luego de que un anciano, que aseguró no haber comido durante cuatro días, prendiera fuego un colchón para pedir ayuda.
El incendio permitió que los bomberos ingresaran a la vivienda y descubrieran una situación que ahora es investigada por la Justicia. Uno de los hombres se encontraba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura, mientras que otros residentes presentaban signos de abandono y enfermedades que, según las denuncias, no recibían tratamiento.
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La situación salió a la luz cuando uno de los adultos mayores alojados en la vivienda decidió incendiar un colchón. Según relató, llevaba cuatro días sin comer y tomó esa decisión para llamar la atención y conseguir ayuda.
Cuando los bomberos ingresaron al inmueble de la calle José Gollán al 10.100, encontraron a siete adultos mayores y personas con discapacidad en condiciones que motivaron la intervención de la Justicia.
De acuerdo con las denuncias, los residentes convivían entre suciedad, con escasa comida y sin la atención médica necesaria. Las imágenes conocidas después del procedimiento mostraron el estado en el que se encontraban las personas alojadas en el lugar.
Así encontraron abandonados a los abuelos que llevaban varios días sin comer.
Los testimonios recogidos tras el operativo dieron cuenta de las condiciones en las que vivían algunos de los residentes. Uno de ellos aseguró que había llegado al lugar luego de que le prometieran cuidados y alimentación.
Otro denunció que llevaba dos años sin documentación, sin dinero y sin posibilidades de abandonar la vivienda. "Me tienen secuestrado", afirmó.
La investigación también puso bajo análisis el manejo de los ingresos de los adultos mayores y personas alojadas en estos establecimientos. Según la información conocida hasta el momento, uno de los mecanismos investigados consistía en la retención de las tarjetas de débito con las que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones.
Uno de los alojados aseguró que pagaba alrededor de $300.000 mensuales y denunció que le habían retenido su tarjeta de débito.
El caso descubierto en la vivienda de José Gollán al 10.100 podría no ser un hecho aislado. La Justicia investiga una posible trama vinculada con otros establecimientos y busca determinar cómo funcionaba el circuito.
La presunta administradora del lugar ya había sido denunciada durante 2025 por situaciones similares en otros establecimientos y, según la información difundida, permanece prófuga.
En el marco de la causa, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda. El fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones correspondientes.
Además, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación interna para determinar por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.
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Uno de los aspectos que investiga la causa está relacionado con el financiamiento de estos establecimientos. Según las denuncias, quienes administraban los lugares se quedaban con las tarjetas de débito mediante las cuales los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones.
Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en algunos casos, posteriormente se desentendían de su cuidado.
La investigación busca establecer el alcance de este mecanismo y determinar si existieron otros establecimientos con características similares. También se procura conocer cómo llegaban las personas a esos lugares y si algunas fueron derivadas de manera informal luego de haber pasado por hospitales públicos o áreas de asistencia social.
El descubrimiento del presunto geriátrico clandestino generó repercusiones políticas en la ciudad de Santa Fe y puso el foco sobre los mecanismos de control de los establecimientos destinados al alojamiento de adultos mayores.
El intendente Juan Pablo Poletti fue director del Hospital Cullen, uno de los principales centros de salud de la provincia, y su experiencia en la gestión sanitaria fue uno de los ejes sobre los que construyó su carrera política.
El caso impactó sobre la administración municipal, particularmente por el funcionamiento de una red de establecimientos que ahora es investigada por la Justicia.
El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y la directora de Adultos Mayores, Susana López, pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden políticamente al sector del exintendente Mario Barletta, uno de los aliados de Poletti.
Desde el municipio señalaron que el caso se encuentra bajo investigación judicial, aunque no dieron respuestas sobre eventuales acciones políticas o administrativas vinculadas con la situación.
La causa judicial intenta establecer si el establecimiento descubierto formaba parte de una red más amplia de geriátricos clandestinos y si existieron fallas en los controles sobre estos lugares.
La investigación también busca determinar las responsabilidades por las denuncias realizadas durante 2025 y conocer por qué no se habrían tomado medidas que permitieran detectar o frenar situaciones similares.
El caso dejó expuestas denuncias sobre las condiciones de vida de los adultos mayores alojados en el lugar, el posible manejo de sus ingresos y la falta de controles sobre establecimientos que, según la investigación, funcionaban al margen de las condiciones requeridas para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad.
La situación descubierta en Santa Fe combina una investigación judicial sobre el funcionamiento del establecimiento, la posible existencia de otros lugares similares y un debate político sobre los controles municipales y las responsabilidades de las áreas encargadas de la atención de adultos mayores.
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