15 de agosto de 2026
El Gobierno asegura que se acerca a la mayoría necesaria para avanzar en septiembre con una reforma electoral clave. El PJ intenta bloquear la jugada y busca alinear a gobernadores dialoguistas para frenar a La Libertad Avanza.
Efusivo. El Presidente quiere que el Congreso suspenda las PASO del año que viene.
El Gobierno de Javier Milei acelera la negociación para suspender las PASO en el Senado y convertir la reforma electoral en una victoria política antes de entrar de lleno en el calendario rumbo a 2027. En la Casa Rosada aseguran que el conteo está encaminado, aunque todavía no dan por cerrado un número propio que depende de radicales, bloques provinciales y gobernadores con relación fluctuante con el oficialismo.
La discusión quedó instalada como una de las prioridades legislativas del segundo semestre. Para La Libertad Avanza, suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias permitiría ordenar el escenario electoral, reducir costos y evitar una instancia que puede exponer tensiones internas. Para la oposición, en cambio, la medida altera las reglas de competencia y puede condicionar el armado presidencial.
El oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar apoyos externos para avanzar. En los despachos libertarios calculan que, con sectores de la Unión Cívica Radical y legisladores de interbloques dialoguistas, el número podría ubicarse cerca de los 35 votos.
El conteo más optimista mira un techo de 38 votos, si se alinearan los 21 senadores de La Libertad Avanza, diez radicales y siete integrantes de Impulso País. Sin embargo, el Gobierno se mueve con prudencia porque no todos esos apoyos están garantizados y el Senado ya mostró que puede convertirse en un terreno difícil para el oficialismo.
La clave estará en septiembre. Allí el Ejecutivo pretende llevar la discusión al recinto y demostrar que puede construir una mayoría para una reforma de alto impacto político.
El Partido Justicialista empezó a ordenar una estrategia parlamentaria para impedir que el Gobierno consiga los votos necesarios. La oposición peronista entiende que las PASO son una herramienta central para ordenar candidaturas en un espacio que todavía arrastra internas abiertas.
La reciente cumbre del peronismo mostró un primer intento de coordinación entre gobernadores, jefes parlamentarios y referentes nacionales. Participaron dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Gerardo Zamora, junto a los jefes legislativos Germán Martínez y José Mayans.
El objetivo es claro: reconstruir unidad interna y, al mismo tiempo, tender puentes con gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada. Para el PJ, si esos mandatarios se alejan del oficialismo en esta votación, la reforma electoral puede quedar empantanada.
La batalla por los votos se juega sobre un grupo de mandatarios que no forman parte del núcleo libertario, pero que en distintas oportunidades acompañaron o negociaron con el Gobierno. Entre ellos aparecen Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Hugo Passalacqua, de Misiones.
Para La Libertad Avanza, esos vínculos pueden abrir la puerta a acuerdos legislativos. Para el peronismo, son la barrera que hay que levantar para impedir que Milei consiga una victoria en el Senado.
La disputa no es solo ideológica. En el medio aparecen recursos, obras, transferencias, acuerdos provinciales y necesidades fiscales. Cada gobernador medirá el costo de acompañar o rechazar una reforma que impacta directamente sobre el armado electoral del año que viene.
La jefatura del bloque libertario en el Senado quedó bajo la mirada de Patricia Bullrich, una figura clave para ordenar la estrategia oficialista en una Cámara donde el Gobierno no tiene mayoría propia. El desafío será sostener a los propios, contener diferencias internas y seducir aliados sin abrir frentes innecesarios.
El Senado ya le dio señales de advertencia al oficialismo. La caída del impulso para modificar la Ley de Tierras mostró que los votos no están asegurados y que los gobernadores pueden condicionar la agenda cuando detectan costos políticos o territoriales.
Por eso, la negociación por las PASO será una prueba directa de poder. Si Milei logra avanzar, mostrará capacidad para ordenar aliados y marcar la agenda electoral. Si fracasa, la oposición conseguirá otra señal de debilidad legislativa en un momento clave del segundo semestre.
La suspensión de las PASO tiene un valor estratégico para el oficialismo. Le permitiría a La Libertad Avanza evitar una instancia electoral previa que puede ordenar a la oposición, exponer internas propias y anticipar debates de candidaturas.
Además, el Gobierno busca instalar el argumento del ahorro fiscal y la simplificación electoral. Ese discurso conecta con el relato de ajuste y reducción del gasto público, aunque la oposición advierte que el costo político de cambiar reglas antes de una elección presidencial puede ser mayor que el ahorro económico.
El punto central es que las PASO no son solo un mecanismo técnico. Funcionan como una herramienta de ordenamiento partidario, medición de fuerza territorial y construcción de candidaturas. Por eso, suspenderlas modifica el tablero de todos los espacios.
La discusión por la reforma electoral ya empezó a funcionar como una previa de la campaña presidencial. El Gobierno quiere llegar a 2027 con reglas más favorables y menos obstáculos internos. El peronismo, en cambio, intenta conservar un instrumento que puede ayudarlo a procesar sus diferencias y construir una candidatura competitiva.
El resultado en el Senado tendrá impacto más allá de la ley. Si Milei consigue los votos, llegará fortalecido a la presentación del Presupuesto 2027 y a las negociaciones económicas con gobernadores. Si no los consigue, la oposición podrá mostrar que existe una mayoría capaz de frenar proyectos sensibles del oficialismo.
La pelea por las PASO, entonces, no es una discusión administrativa. Es una pulseada por el control del calendario político, por la capacidad de ordenar alianzas y por el poder real del Gobierno dentro del Congreso.
La otra cara del poder.
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