15 de agosto de 2026
El Gobierno busca ordenar el segundo semestre con proyectos económicos, reforma electoral y acuerdos con gobernadores. La Casa Rosada quiere aprobar la ley de leyes antes del año electoral y usarla como pieza clave de negociación.
Discurso. Milei hablando durante la presentación del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación.
Javier Milei prepara su regreso al Congreso con el Presupuesto 2027, en una jugada política que busca ordenar la agenda del segundo semestre y recuperar iniciativa después de varios traspiés legislativos. El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de septiembre para enviar el proyecto y en La Libertad Avanza evalúan que el Presidente vuelva a presentarlo personalmente.
La apuesta no es solo institucional. El oficialismo quiere convertir el Presupuesto en una herramienta de negociación con gobernadores y bloques aliados, mientras acelera la discusión por la eliminación o suspensión de las PASO. En la Casa Rosada entienden que la ley de leyes será clave para mostrar previsibilidad ante los mercados y, al mismo tiempo, disciplinar el tablero político antes de 2027.
En el Gobierno dan por descontado que el Presupuesto 2027 será una de las principales batallas parlamentarias del año. A diferencia de otros proyectos, su aprobación tiene un peso económico y político central: ordena partidas, define prioridades, marca la pauta fiscal y envía una señal de gobernabilidad.
El antecedente inmediato también pesa. Milei ya había elegido presentarse en el Congreso para defender el Presupuesto anterior, con una puesta en escena diseñada para reforzar su liderazgo y convertir una instancia técnica en un acto político.
Ahora, el oficialismo evalúa repetir la fórmula. En La Libertad Avanza sostienen que el Presidente es su principal comunicador y que su presencia puede ayudar a instalar el debate en términos favorables para la Casa Rosada.
La otra prioridad del segundo semestre será la reforma electoral. El Gobierno quiere avanzar con la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una discusión que puede modificar el armado político rumbo al próximo año.
La estrategia libertaria es clara: cerrar primero acuerdos con gobernadores y partidos aliados, y recién después llevar el tema al Congreso. El proyecto ingresó por el Senado, donde el oficialismo necesita votos externos para cualquier avance.
El encargado de ordenar esas conversaciones es Diego Santilli, que retomó reuniones con mandatarios provinciales y también con referentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo y Fernando De Andreis. En LLA creen que hay margen para llegar a un entendimiento con el macrismo sobre el instrumento electoral.
El traspié con la reforma de la Ley de Tierras dejó una enseñanza dentro del oficialismo: no alcanza con enviar proyectos de alto impacto si antes no existe una construcción política suficiente. Por eso, los paquetes legislativos de Federico Sturzenegger deberán pasar por un filtro más estricto.
Ese filtro tiene nombre propio: Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia y jefa política de La Libertad Avanza busca evitar que el Gobierno compre conflictos innecesarios en la previa del año electoral.
La experiencia reciente mostró que los gobernadores y aliados ya no acompañan con la misma docilidad que después del triunfo libertario. Cada voto cuesta más, cada proyecto exige concesiones y cada capítulo sensible puede convertirse en un problema político.
En Diputados, Martín Menem buscará avanzar paso a paso. La primera fecha clave es el 26 de agosto, cuando el oficialismo pretende tratar proyectos que forman parte del corazón del relato económico de Milei.
Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y Inocencia Fiscal 2. También podría sumarse el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT.
La reforma del Banco Central es una pieza central para el Presidente, porque busca limitar por ley el financiamiento monetario al Tesoro. Para Milei, esa modificación funciona como una señal institucional contra la emisión y como un mensaje a futuro para blindar su programa económico.
El oficialismo también empezó a hacer concesiones a bloques de buen vínculo con la Casa Rosada. En la agenda legislativa podrían incorporarse proyectos de interés provincial o regional, como la baja del IVA a la mandioca, impulsada por legisladores misioneros de Innovación Federal.
También aparecen iniciativas simbólicas para provincias, como declarar a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio o reconocer a Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.
Son proyectos menores frente a las grandes reformas del Gobierno, pero cumplen una función política concreta: devolver gestos a los bloques que acompañan, sostener puentes con gobernadores y evitar que el oficialismo quede aislado en votaciones clave.
En el Gobierno no descartan hacer nuevas concesiones si los votos para la reforma del Banco Central aparecen en riesgo. Una opción en análisis es modificar el proyecto para especificar que el directorio del organismo tenga integrantes que representen a distintas provincias.
La idea responde a un reclamo de gobernadores que piden mayor federalismo en organismos nacionales. Para La Libertad Avanza, puede ser una forma de destrabar adhesiones sin renunciar al objetivo central de la reforma.
Ese tipo de negociación muestra el nuevo momento político del oficialismo. La Casa Rosada conserva iniciativa, pero debe administrar demandas territoriales, bloques aliados y legisladores que empiezan a medir cada apoyo según el calendario electoral.
El Presupuesto 2027 aparece como la herramienta más potente para ordenar ese tablero. Al igual que los ATN, la ley de leyes puede ser utilizada para negociar acompañamientos, destrabar proyectos y conseguir respaldos para la reforma electoral.
El riesgo para Milei es evidente: si el Presupuesto se convierte solo en moneda de cambio, puede perder fuerza como programa económico. Pero si no negocia, el oficialismo puede chocar otra vez contra la realidad de un Congreso donde no tiene mayoría propia.
La Casa Rosada necesita aprobarlo por una razón económica y política. No tener Presupuesto antes de un año electoral sería una señal negativa para los mercados y un síntoma de debilidad legislativa para un Gobierno que intenta mostrarse en control.
El segundo semestre será una prueba de poder para Javier Milei. El Presidente deberá combinar tres frentes: aprobar leyes económicas, avanzar con la reforma electoral y sostener una negociación fina con gobernadores y bloques aliados.
El Gobierno ya entendió que no todas las reformas pueden pasar sin costo. La caída del capítulo de Tierras, las tensiones con mandatarios provinciales y la necesidad de conceder proyectos menores muestran que la gobernabilidad libertaria depende cada vez más de acuerdos concretos.
En ese escenario, el regreso de Milei al Congreso con el Presupuesto puede funcionar como una demostración de liderazgo. Pero también como una señal de necesidad: el oficialismo necesita votos, necesita mostrar orden y necesita llegar a 2027 con una agenda legislativa que no quede empantanada.
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