Política. Milei retuvo US$3.000 millones de obras para sostener el déficit cero

El Gobierno de Javier Milei retuvo fondos destinados a obras de infraestructura por una suma cercana a los US$3.000 millones y los volcó a la estrategia de déficit cero, mediante la subejecución de partidas de fideicomisos estatales y la colocación de excedentes en letras, bonos y títulos públicos.

La maniobra surge de balances oficiales y planillas presupuestarias que muestran que, durante los primeros dos años de gestión libertaria, los fondos fiduciarios que continúan activos recaudaron más de $8,2 billones. Aunque esos recursos tienen fines específicos asignados por ley, principalmente vinculados a infraestructura, el Ejecutivo ejecutó solo una parte y mantuvo el resto como excedente financiero.

Fondos fiduciarios: obras frenadas y superávit millonario

Los fondos fiduciarios acumularon un superávit financiero de $1,86 billones en 2024 y $1,23 billones en 2025. Esas cifras equivalen a unos US$1.978 millones y US$973 millones, respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año.

El dato confirma un punto sensible de la política económica libertaria: el ajuste fiscal no solo se construyó con recortes explícitos del gasto, sino también con la decisión de no ejecutar recursos que ya estaban asignados a destinos específicos.

Las planillas oficiales muestran que los fondos ejecutaron apenas el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y el 69,7% durante el primer trimestre de 2026. El resto quedó disponible para colocaciones financieras administradas bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Déficit cero: la obra pública como variable de ajuste

La administración libertaria convirtió el déficit cero en el eje central de su programa económico. Para sostener ese objetivo, la Casa Rosada aplicó un fuerte recorte sobre la obra pública, las transferencias a provincias y distintos programas de infraestructura.

En este caso, el impacto aparece sobre fondos que tienen asignación específica. No se trata únicamente de partidas generales del Presupuesto, sino de cajas creadas para financiar obras, mantenimiento, integración urbana, transporte, saneamiento o infraestructura hídrica.

La decisión tiene un efecto doble: por un lado, mejora la foto fiscal del Estado nacional; por el otro, posterga proyectos en territorio, limita inversiones y traslada costos a provincias, municipios y comunidades que dependen de esas obras.

Letras, bonos y títulos públicos en lugar de infraestructura

El cambio de estrategia se refleja en el destino de los recursos no utilizados. Según las planillas, el dinero que antes podía permanecer en plazos fijos del Banco Nación pasó a colocarse de manera más directa en instrumentos de deuda del Tesoro.

Para el ejercicio actual, las estimaciones presupuestarias prevén colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos por $1,33 billones. Esa cifra le permitiría a Economía disponer de unos US$880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

El mecanismo resulta clave para entender la arquitectura financiera del ajuste. Los fondos no ejecutados no quedan inmóviles: pasan a cumplir una función dentro del esquema fiscal y financiero del Gobierno, mientras las obras que debían financiar permanecen demoradas o directamente paralizadas.

El Fondo de Integración Socio Urbana, uno de los más afectados

Uno de los casos más sensibles es el Fondo de Integración Socio Urbana, orientado a obras básicas y vivienda en barrios populares. Allí las transferencias se redujeron un 94%, lo que provocó la parálisis de 636 proyectos.

El impacto de esa subejecución no es abstracto. Las obras de integración urbana suelen incluir conexiones de agua, cloacas, electricidad, mejoramiento de calles, espacios comunitarios y soluciones habitacionales en zonas vulnerables.

Cuando esos proyectos se frenan, el ajuste fiscal se traduce en deterioro de condiciones de vida, demora de servicios básicos y mayor presión sobre gobiernos locales. La discusión deja de ser contable y pasa a tener consecuencias sociales concretas.

Rutas, transporte y obras hídricas bajo presión

La misma lógica aparece en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica. En ambos casos, las inversiones financieras dispuestas por el Ejecutivo superaron los montos destinados a la ejecución real de obras.

El dato golpea áreas sensibles para la economía. La infraestructura vial incide sobre logística, comercio, seguridad en rutas y conectividad regional. Las obras hídricas, por su parte, son clave para saneamiento, prevención de inundaciones, provisión de agua y adaptación a eventos climáticos extremos.

En un país con déficit estructural de infraestructura, usar recursos de obra para apuntalar el equilibrio financiero del Tesoro abre una tensión política evidente: el Gobierno muestra superávit, pero parte de ese resultado se apoya en obras que no se hacen.

La discusión política detrás de los fideicomisos

Desde el inicio de su gestión, Milei cuestionó los fideicomisos públicos como cajas opacas y prometió revisar su funcionamiento. Esa discusión tiene un costado legítimo: muchos fondos fueron señalados durante años por falta de transparencia, baja rendición de cuentas o manejo discrecional.

Pero el problema actual es distinto. La revisión de esas estructuras no necesariamente derivó en más obra, mejor control o mayor eficiencia, sino en una fuerte subejecución y en la utilización de excedentes para sostener la meta fiscal.

El punto central es qué hace el Estado con recursos que fueron creados para un fin específico. Si la plata se recauda pero no llega a la obra, el Gobierno gana margen financiero, pero pierde capacidad de respuesta territorial.

El costo invisible del superávit

El superávit fiscal es presentado por el Gobierno como uno de los mayores logros de la gestión. Sin embargo, los datos sobre fondos fiduciarios muestran que parte de ese resultado tiene un costo menos visible: obras paralizadas, infraestructura postergada y programas con ejecución recortada.

La pregunta económica no es solo si el Estado gasta menos, sino qué deja de hacer cuando reduce la ejecución. En materia de infraestructura, la subejecución puede generar ahorro inmediato, pero también costos futuros más altos por deterioro de rutas, falta de mantenimiento, demoras productivas o problemas urbanos no resueltos.

Esa tensión será cada vez más importante en la discusión del Presupuesto 2027, donde el Gobierno intentará sostener el ancla fiscal mientras provincias, municipios y sectores productivos reclaman inversión en obras básicas.

Qué puede pasar con los fondos de obras

Las proyecciones privadas y de centros de estudio citadas en el informe indican que la acumulación de excedentes fiduciarios bajo este esquema podría rozar los US$4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

Si esa tendencia se confirma, la discusión política escalará. Gobernadores, intendentes, empresas constructoras, sindicatos y organizaciones sociales podrían presionar por la reactivación de partidas retenidas, sobre todo en áreas sensibles como rutas, vivienda, urbanización y obras hídricas.

Para Milei, el dilema será sostener la bandera del déficit cero sin profundizar el costo territorial del ajuste. Para las provincias, el desafío será recuperar financiamiento en un escenario donde el Gobierno nacional convirtió cada partida en una pieza de negociación fiscal y política.