18 de agosto de 2026
Hugo Aldo Santillán presentó una querella criminal contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quien acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la promulgación de la Ley 9987-2026. La presentación es tramitada en el Juzgado Federal N° 11.
El denunciante acusa a Osvaldo Jaldo de presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El denunciante Hugo Aldo Santillán presentó una querella criminal en Comodoro Py contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia cuestiona la Ley 9987-2026, promulgada por el mandatario provincial, y ya se encuentra en trámite en el Juzgado Federal N° 11.
Según los términos de la presentación, Santillán considera que la norma vulneraría principios constitucionales e institucionales, entre ellos la división de poderes, la garantía del juez natural y la independencia de los magistrados.
La presentación judicial apunta directamente contra la Ley 9987-2026, cuestionada por Santillán en su denuncia penal contra el gobernador tucumano.
De acuerdo con lo planteado por el denunciante, la norma representaría una afectación a principios centrales del funcionamiento institucional y democrático. Entre los argumentos expuestos, sostuvo que la legislación cuestionada podría entrar en conflicto con la división de poderes y con las garantías vinculadas al funcionamiento independiente de la Justicia.
La causa quedó radicada para su tramitación en el Juzgado Federal N° 11, donde deberá avanzar el análisis de la presentación y de los planteos formulados contra Osvaldo Jaldo.
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En la querella, Santillán sostiene que la Ley 9987-2026 debe ser analizada desde el punto de vista de su compatibilidad con el marco institucional y constitucional.
El denunciante cuestionó especialmente lo que considera una posible afectación a la garantía del juez natural y a la independencia de los magistrados, además de señalar posibles consecuencias sobre la división de poderes.
Las acusaciones forman parte de la presentación realizada por Santillán y deberán ser evaluadas en el marco de la tramitación judicial correspondiente. Hasta el momento, la existencia de la denuncia no implica una resolución judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados.
Hugo Aldo Santillán denunció a Osvaldo Jaldo por presunto abuso de autoridad.
Además de la presentación realizada en Comodoro Py, Santillán envió una nota formal a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presidida por el doctor Daniel Leiva, para informar sobre el inicio y la tramitación de la causa.
Según el material aportado por el denunciante, la comunicación tuvo como objetivo poner en conocimiento del máximo tribunal provincial la existencia de la presentación judicial vinculada con la Ley 9987-2026.
Santillán sostuvo además que, por las características de los cuestionamientos planteados en la denuncia, la investigación podría involucrar la necesidad de requerir explicaciones a integrantes del máximo tribunal tucumano. Esa posibilidad forma parte de la postura expresada por el denunciante y dependerá de las decisiones que adopte la Justicia en el marco del expediente.
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Con la causa ya en trámite en el Juzgado Federal N° 11, será la Justicia Federal la que deberá expedirse sobre los planteos formulados en la presentación contra Osvaldo Jaldo.
El expediente se centra en las acusaciones de presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, vinculadas por el denunciante con la promulgación de la Ley 9987-2026.
La presentación abre así una nueva instancia judicial alrededor de una norma que, según el material aportado, recibió cuestionamientos desde distintos ámbitos políticos, jurídicos y académicos. El alcance de esos planteos y la eventual continuidad de la causa quedarán sujetos a las resoluciones que adopte la Justicia.
La causa incorpora un nuevo capítulo judicial al debate generado alrededor de la Ley 9987-2026 en Tucumán. La denuncia presentada por Hugo Aldo Santillán coloca bajo análisis judicial los cuestionamientos formulados contra la norma y contra la actuación del gobernador Osvaldo Jaldo en su promulgación.
El avance del expediente permitirá determinar si existen elementos suficientes para impulsar la investigación de los hechos denunciados. Cualquier definición sobre la constitucionalidad de la ley o sobre eventuales responsabilidades deberá surgir de las decisiones de los tribunales competentes.
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