Tendencia. En medio del juicio, Pity Álvarez destituye a sus defensores y pide tiempo para una nueva estrategia

En un giro inesperado en medio del debate oral, el músico Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiu, líder de Viejas Locas e Intoxicados, revocó este miércoles a sus defensores oficiales y designó a dos abogados particulares.

La decisión provocó la suspensión de la audiencia prevista para el 19 de agosto y abrió un nuevo capítulo en el proceso por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Hasta el momento, Álvarez era representado por el defensor oficial Javier Marino, junto a Diego Herrero y Federico Larraín. Mediante un escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Capital Federal, el imputado formalizó el cambio y nombró a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Este último ya lo había asistido en las primeras etapas de la causa, hace años.

Los nuevos letrados solicitaron de inmediato la suspensión del juicio por un "plazo prudencial" para estudiar el expediente completo, analizar las pruebas, pericias y actuaciones, y diseñar una estrategia propia.

El juicio había comenzado el 10 de agosto, luego de años de postergaciones vinculadas al estado de salud mental del músico.

"Hay puntos que no se están trabajando y se podrían trabajar", explicó Queijeiro. También anticiparon que cuestionarán la validez del proceso actual, al sostener que debería realizarse con jurados populares, y que pedirán una nueva evaluación psicofísica de Álvarez por su estado de salud.

El juez Gustavo Goerner, titular del tribunal, resolvió suspender la audiencia de este miércoles -en la que debían declarar cuatro policías- y reprogramar la continuidad del debate para el próximo miércoles 26 de agosto. No se pronunció de inmediato sobre el pedido de anulación.

El juicio había comenzado el 10 de agosto, luego de años de postergaciones vinculadas al estado de salud mental del músico. Pericias recientes del Cuerpo Médico Forense determinaron que, pese a un trastorno cognitivo leve, Álvarez cuenta con "reserva cognitiva" suficiente para afrontar el proceso.

La acusación lo imputa por homicidio agravado; la fiscalía está a cargo de Sandro Abraldes y la querella es representada por Fernando Burlando, entre otros.

La decisión de Álvarez, acompañado por su manager y su hermana, fue interpretada en los pasillos de Tribunales como un intento de redefinir la defensa en una causa que lleva más de ocho años. Los nuevos abogados dejaron constancia que el pedido no busca dilatar indebidamente el proceso, sino garantizar un ejercicio efectivo del derecho de defensa.