21 de agosto de 2026
El máximo tribunal aceptó intervenir en una demanda opositora contra la reforma constitucional provincial. La presentación cuestiona una cláusula que podría habilitar al gobernador a competir en 2027 y abrir otro mandato hasta 2031.
Eterno candidato. Gildo Insfrán es gobernador de Formosa desde 1995, pero anteriormente fue ocho años vicegobernador.
La Corte Suprema volverá a intervenir en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa, después de declarar su competencia originaria en una demanda que cuestiona la nueva Constitución provincial. El planteo apunta contra la Cláusula Transitoria Cuarta, incorporada tras la reforma local, porque podría habilitar al gobernador a presentarse nuevamente en las elecciones de 2027.
La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ordenó correr traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de 60 días. El expediente fue impulsado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que sostiene que la reforma busca sortear el fallo de la propia Corte que declaró inconstitucional la reelección indefinida.
La presentación judicial fue firmada por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño. El objetivo es que la Corte declare la inconstitucionalidad de la cláusula transitoria que computa el mandato actual como "primer mandato".
Ese punto es decisivo. Tras el fallo contra la reelección indefinida, Formosa reformó su Constitución para limitar a una sola reelección los cargos de gobernador y vicegobernador. Sin embargo, incluyó una disposición especial según la cual el mandato en curso al momento de sancionarse la reforma debe ser considerado como el primero.
En la práctica, esa cláusula podría permitir que Gildo Insfrán vuelva a competir para el período 2027-2031, pese a que gobierna Formosa desde 1995 y ya acumula ocho mandatos consecutivos.
La demanda sostiene que la cláusula transitoria contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, además del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También invoca los criterios fijados por la Corte en el precedente anterior sobre la reelección indefinida en Formosa.
Para los demandantes, la reforma provincial no habría cumplido el sentido del fallo de 2024, sino que habría creado un nuevo mecanismo para permitir otra postulación del actual gobernador.
El escrito sostiene que la cláusula constituye "una maniobra del actual gobernador, Gildo Insfrán, para desobedecer el fallo de la Corte y poder volver a presentarse en las elecciones de 2027". La frase marca el tono del planteo opositor: no se discute solo una interpretación constitucional, sino una presunta estrategia para conservar el poder.
El nuevo expediente tiene como antecedente directo el fallo del 19 de diciembre de 2024, cuando la Corte declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña. Esa norma permitía la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador.
En aquella decisión, el tribunal sostuvo que una reelección sin límites afectaba principios republicanos básicos y generaba ventajas indebidas para quien ya ejerce el poder. La Corte advirtió que la permanencia prolongada en el Ejecutivo puede alterar la competencia electoral y debilitar la alternancia.
Uno de los tramos más fuertes del fallo señaló que "una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule -tras varios mandatos sucesivos- ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral".
La reforma constitucional de Formosa buscó adaptar el texto local al fallo de la Corte, pero la cláusula transitoria abrió una nueva disputa. Al establecer que el mandato actual debe ser contado como el primero, habilitaría a Insfrán a competir nuevamente en 2027.
La misma situación alcanzaría al vicegobernador Eber Solís, que podría quedar en condiciones de presentarse otra vez como vicegobernador o incluso como candidato a gobernador.
El problema jurídico es si una provincia puede modificar sus reglas electorales de ese modo después de un fallo que puso límites a la reelección indefinida. Para la oposición, la respuesta es negativa porque la cláusula vacía de contenido la sentencia anterior. Para el oficialismo formoseño, la reforma sería una adecuación válida dentro de la autonomía provincial.
El caso vuelve a poner en tensión dos principios centrales: la autonomía de las provincias para dictar sus propias constituciones y el deber de respetar el sistema republicano exigido por la Constitución Nacional.
La Corte ya había marcado que el federalismo no habilita a las provincias a diseñar reglas que contradigan principios constitucionales básicos. En esa línea, la discusión sobre Formosa puede convertirse otra vez en un caso testigo para otros distritos.
El impacto nacional es evidente. La pregunta de fondo no se limita a si Insfrán puede o no volver a ser candidato. Lo que deberá definir el tribunal es hasta dónde llegan los límites a la permanencia en el poder dentro de los sistemas provinciales.
Para Gildo Insfrán, la intervención de la Corte reabre un frente institucional sensible. El gobernador formoseño logró sostener durante décadas un poder territorial casi sin fisuras, pero el fallo de 2024 cambió el marco de discusión y obligó al oficialismo provincial a reformular su arquitectura electoral.
La nueva demanda apunta justamente a ese rediseño. Si la Corte considera inválida la cláusula transitoria, el camino de Insfrán hacia 2027 podría quedar bloqueado o fuertemente condicionado.
El caso también puede tensar al peronismo nacional. Insfrán es uno de los gobernadores con mayor peso histórico dentro del PJ y su situación judicial puede convertirse en un símbolo incómodo en pleno debate sobre renovación, liderazgos provinciales y reglas democráticas.
Con la competencia originaria aceptada, la Provincia de Formosa tendrá 60 días para responder la demanda. Luego, la Corte deberá analizar los argumentos de ambas partes y resolver si la cláusula transitoria respeta o viola la Constitución Nacional.
No hay un plazo cerrado para una sentencia de fondo. Sin embargo, el calendario político agrega presión: la definición puede tener impacto directo sobre el armado electoral de 2027.
Si el tribunal declara inconstitucional la cláusula, Insfrán podría quedar impedido de competir por otro mandato. Si la avala, el gobernador quedaría en condiciones de buscar una nueva postulación y prolongar su ciclo político hasta 2031.
La intervención de la Corte en el caso Insfrán no es un trámite provincial más. Se trata de una discusión sobre alternancia, límites al poder y vigencia del sistema republicano en la Argentina federal.
Formosa aparece como el escenario concreto, pero el debate alcanza a todo el país. La Corte deberá definir si una reforma constitucional puede reiniciar el conteo de mandatos de un gobernador que ya lleva décadas en el poder o si esa maniobra contradice el límite republicano que el propio tribunal fijó en 2024.
El caso queda ahora en manos del máximo tribunal. Y su resolución puede marcar no solo el futuro político de Gildo Insfrán, sino también un nuevo estándar nacional sobre reelecciones provinciales.
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