27 de agosto de 2026
La Cámara de Diputados aprobó por 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones el proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Gobierno de Javier Milei para ampliar el régimen y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. La iniciativa ahora será girada al Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al régimen y favorecer la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. El proyecto obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones y deberá continuar su tratamiento en el Senado.
La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques y legisladores provinciales. Parte de Provincias Unidas también acompañó el proyecto, mientras que otros integrantes de ese espacio votaron en contra o se abstuvieron.
El oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa después de una extensa sesión en la Cámara baja. La votación terminó con una diferencia de 29 votos entre quienes respaldaron el proyecto y quienes se opusieron.
Entre los espacios que acompañaron al Gobierno estuvieron el PRO, la UCR, el MID y sectores de Provincias Unidas, además de distintos bloques provinciales. En la lista de apoyos también aparecen representantes de Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Santa Cruz.
En contra se pronunciaron Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y distintos legisladores de Provincias Unidas. Entre estos últimos estuvieron cinco de los seis diputados cordobeses, mientras que la cordobesa Alejandra Torres se abstuvo. También votaron en contra Martín Lousteau, Martín Coletta, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Jorge Ávila, entre otros.
Uno de los puntos que atravesó el debate fue la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. La modificación había sido incorporada durante el tratamiento en comisión y quedó incluida en el texto que obtuvo media sanción.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto, defendió la decisión durante el debate y sostuvo: "No dudamos un minuto de eliminar a los funcionarios públicos del régimen de inocencia fiscal. A nosotros no nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad".
La exclusión cobró especial relevancia por el antecedente del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien había adherido al régimen original aprobado a fines de 2025. La nueva versión aprobada por Diputados deja a los funcionarios fuera de los beneficios.
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Uno de los principales cambios del proyecto es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que establecía el régimen anterior. Esos límites estaban fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
La reforma también flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa" entre la información declarada por el contribuyente y los datos detectados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo planteado por el Gobierno es ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen y generar condiciones para que ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito financiero puedan ser formalizados.
Durante el debate, el diputado Nicolás Mayoraz defendió el proyecto y puso el foco en los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
"Los 170 mil millones que están fuera del sistema no se generaron durante el gobierno de Javier Milei, sino durante los gobiernos del kirchnerismo, y tenemos que lograr que se incorporen al sistema", sostuvo Mayoraz.
La cifra de aproximadamente US$170.000 millones también había sido utilizada por funcionarios del Poder Ejecutivo durante el debate previo del proyecto. El Banco Central había señalado que los argentinos mantienen un volumen de billetes en moneda extranjera fuera del sistema varias veces superior a los depósitos privados en dólares.
El oficialismo sostiene que la incorporación de esos recursos al circuito formal podría favorecer su utilización para inversión y actividad económica.
La oposición cuestionó principalmente el alcance de las modificaciones y advirtió sobre los efectos que podrían tener sobre las facultades de ARCA para detectar y perseguir maniobras de evasión.
El dirigente radical Martín Lousteau sostuvo que "detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos".
Lousteau también cuestionó la denominación de la iniciativa y propuso llamarla "ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos". En otro tramo de su intervención, la calificó como "ley de facilitación e impunidad de la evasión".
Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Grabois también criticó el proyecto y afirmó que "convierte en culpables a los inocentes, y en inocentes a los culpables. Convierte por ley en inocentes a los evasores".
A su vez, el diputado Aldo Leiva cuestionó el nombre de la iniciativa y propuso denominarla "ley de delincuencia fiscal".
La segunda versión del régimen busca modificar aspectos de la legislación aprobada a fines de 2025. Durante el debate previo, funcionarios del Ejecutivo señalaron que la nueva propuesta apunta a simplificar el régimen y ampliar el universo de contribuyentes alcanzados.
Entre los cambios también aparece una modificación sobre la forma en que ARCA puede analizar la información fiscal de los contribuyentes. Desde la oposición cuestionaron que esas modificaciones puedan reducir la capacidad de fiscalización del organismo.
El debate técnico también incluyó referencias al denominado "tapón fiscal" o "bloqueo fiscal", un mecanismo que restringe la posibilidad de que el organismo recaudador retroceda sobre períodos anteriores una vez presentada determinada documentación fiscal.
Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei continuará su recorrido parlamentario en el Senado.
La aprobación en la Cámara baja constituye un nuevo avance para el oficialismo dentro de su agenda económica y tributaria. La iniciativa deberá ahora obtener el respaldo de la Cámara alta para convertirse en ley.
El resultado de la votación dejó además expuesto el esquema de alianzas que permitió al Gobierno avanzar con el proyecto: 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, con respaldo del oficialismo, aliados nacionales y distintos bloques provinciales.
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