28 de agosto de 2026
Navitas Petroleum compró un segundo buque flotante por US$125 millones para ampliar el proyecto Sea Lion, junto a la británica Rockhopper. El avance reabre el debate por la soberanía argentina, los recursos del Atlántico Sur y la respuesta diplomática del Gobierno.
Riesgo. Si Sea Lion inicia producción comercial en 2028, el Reino Unido y las empresas involucradas podrían fortalecer su presencia económica y logística en el área marítima de Malvinas.
La explotación petrolera en Islas Malvinas volvió al centro de la agenda energética y política después de que Navitas Petroleum formalizara la compra de un segundo buque flotante para acelerar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La operación, realizada junto a la británica Rockhopper Exploration, representa un nuevo paso en la explotación offshore de recursos hidrocarburíferos en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
Navitas no es una petrolera estatal ni una compañía integrada de escala global. Es una empresa independiente de exploración y producción, con sede en Israel y cotización en la Bolsa de Tel Aviv, enfocada en activos offshore. Su estrategia combina la participación en proyectos propios con acuerdos con socios internacionales y el desarrollo de campos de alto potencial, pero también expuestos a riesgos regulatorios, financieros y geopolíticos. En el caso de Sea Lion, la compañía asumió el rol de operador y quedó al frente de una inversión que depende de permisos británicos y que es rechazada por la Argentina.
La adquisición del FPSO OSX-1 por unos US$125 millones se suma al buque Aoka Mizu, ya previsto para el proyecto. Con ambas unidades, la capacidad potencial de producción podría alcanzar hasta 180.000 barriles diarios, una escala que convierte el avance en un hecho económico de alto impacto y en un problema geopolítico para el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, esa cifra representa capacidad proyectada, no producción efectiva: el proyecto todavía debe atravesar nuevas etapas de perforación, financiamiento, ingeniería y aprobación de inversiones.
La compra del OSX-1 fue confirmada por Rockhopper Exploration, socia británica del proyecto. El objetivo es acelerar y expandir el desarrollo de Sea Lion, uno de los activos más importantes del Atlántico Sur bajo control del gobierno británico en las islas.
El buque se sumará al Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga con capacidad de 55.000 barriles por día. Según el esquema difundido por las compañías, el OSX-1 permitiría agregar otros 125.000 barriles diarios de capacidad potencial.
El cronograma prevé el inicio de trabajos de perforación en 2027 y la primera producción comercial para el primer semestre de 2028. En una segunda etapa, el desarrollo del área central del yacimiento podría avanzar hacia una decisión final de inversión en 2028, con extracción de crudo hacia fines de 2030.
Para Navitas, el atractivo del proyecto está en el tamaño de las reservas y en la posibilidad de utilizar infraestructura flotante para exportar el crudo sin construir una terminal terrestre de gran escala. Pero el modelo también expone a la empresa a costos elevados, a la volatilidad del precio internacional del petróleo y a la necesidad de sostener inversiones durante varios años antes de obtener ingresos significativos.
El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas. Para la Argentina, cualquier explotación hidrocarburífera en esa zona sin autorización nacional constituye una actividad ilegítima sobre recursos naturales ubicados en un área bajo disputa de soberanía.
El Gobierno argentino ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper. La Cancillería calificó a las empresas como licenciatarias ilegítimas y sostuvo que el desarrollo no cuenta con permisos de la autoridad competente argentina.
Sin embargo, el avance empresarial continuó. La incorporación del segundo buque muestra que las compañías no solo mantienen el proyecto, sino que buscan ampliar escala, reducir costos y acelerar la explotación del campo petrolero.
La posición argentina introduce un riesgo específico para Navitas: aunque la empresa opera bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas, esas autorizaciones son desconocidas por Buenos Aires. Esto puede afectar futuras contrataciones, servicios logísticos, financiamiento, seguros y vínculos con proveedores que tengan intereses comerciales en la Argentina.
La estructura del proyecto mantiene a Navitas como operador principal y a Rockhopper como socio estratégico. La firma israelí controla la mayor parte del emprendimiento, mientras la británica conserva una participación relevante en el desarrollo.
Rockhopper es una compañía de exploración enfocada principalmente en el Atlántico Sur y con una exposición particularmente concentrada en el proyecto Sea Lion. Para la firma británica, el desarrollo representa la posibilidad de transformar un activo de exploración en una fuente de ingresos de largo plazo. Para Navitas, en cambio, Sea Lion forma parte de una cartera más amplia de activos energéticos, aunque por su escala y por la disputa de soberanía tiene un peso estratégico singular.
En julio, Navitas también avanzó sobre el bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion, con la idea de conectarlo mediante infraestructura submarina. El plan contempla utilizar tuberías y umbilicales para vincular futuros pozos con las instalaciones flotantes del proyecto principal.
Esa técnica, conocida como tie-back, permite conectar nuevos yacimientos a infraestructura ya existente, bajar costos y acelerar la puesta en producción. En términos energéticos, la estrategia muestra que el desarrollo petrolero en Malvinas no se limita a un único campo, sino que busca armar una plataforma de explotación más amplia.
El caso de Navitas permite observar una característica habitual de las petroleras independientes: pueden avanzar con mayor rapidez que las grandes compañías integradas, pero cuentan con menor capacidad financiera para absorber demoras, sobrecostos o cambios regulatorios.
La empresa necesita coordinar perforaciones, contratación de buques, servicios submarinos, seguros, financiamiento y comercialización del crudo. Cada uno de esos componentes puede encarecer el proyecto. Además, la producción offshore en aguas australes exige operar en condiciones climáticas complejas y con una logística distante de los principales centros industriales.
El segundo FPSO busca mejorar la escala del desarrollo, pero también implica comprometer capital antes de que el proyecto genere flujo de caja. Por eso, la decisión de Navitas debe leerse como una apuesta de alto potencial y, al mismo tiempo, como una señal de confianza en que podrá sostener el financiamiento y superar los obstáculos políticos.
El avance de Navitas reactivó críticas a la política exterior del Gobierno de Javier Milei frente a Malvinas. Aunque la Cancillería emitió comunicados de rechazo, referentes de la causa Malvinas cuestionan que no se hayan visto medidas diplomáticas, judiciales o económicas más contundentes para frenar el proyecto.
La crítica apunta a una tensión central: mientras las empresas avanzan con compras de buques, cronogramas de perforación e inversión, la respuesta argentina aparece limitada al plano declarativo. Ese contraste alimenta la idea de una política exterior sin capacidad de presión efectiva sobre Londres ni sobre las compañías involucradas.
El exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, fue uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza el rol del Gobierno. Sobre la relación entre la empresa y el Estado israelí, afirmó: "Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas".
La dificultad para aplicar medidas concretas también está vinculada con la estructura internacional del proyecto. Navitas, Rockhopper, los operadores de los buques, los contratistas offshore y los eventuales financistas pueden estar radicados en distintas jurisdicciones. Esa dispersión reduce el alcance de una acción unilateral argentina y obliga a diseñar una estrategia diplomática, comercial y legal más compleja.
El caso tiene una arista adicional por el origen de Navitas Petroleum. La empresa es israelí y su avance se produce en un contexto de fuerte alineamiento internacional de Milei con Israel, uno de los ejes centrales de su política exterior.
Ese dato vuelve más sensible cualquier reclamo argentino. Para críticos de la estrategia oficial, una ofensiva más fuerte contra Navitas obligaría al Gobierno a incomodar a un aliado político y diplomático prioritario.
La empresa y representantes diplomáticos israelíes sostienen que se trata de una compañía privada y que el Estado de Israel no tiene injerencia directa sobre sus decisiones. Pero referentes de la causa Malvinas consideran que esa explicación no alcanza para despejar la dimensión política del tema, especialmente por el peso estratégico del negocio energético.
Desde el punto de vista empresarial, Navitas puede argumentar que actúa bajo contratos y licencias reconocidos por las autoridades que administran las islas. Desde la perspectiva argentina, esas licencias carecen de legitimidad porque fueron otorgadas por una autoridad que Buenos Aires no reconoce como soberana. Esa contradicción jurídica es el núcleo del conflicto y no se resuelve con la sola presentación del proyecto como una inversión privada.
La explotación petrolera en Malvinas no es solo un asunto económico. También toca el corazón del reclamo soberano argentino y el control de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La Argentina sostiene históricamente que el Reino Unido ocupa ilegítimamente las islas y que no puede autorizar actividades de exploración o explotación sin consentimiento argentino. Desde esa perspectiva, cada avance petrolero constituye una consolidación material de la ocupación británica.
El problema es que los proyectos energéticos generan infraestructura, contratos, buques, financiamiento, empleo y cadenas de proveedores. Cuanto más avanza la inversión, más difícil se vuelve revertir el hecho consumado en términos diplomáticos.
Para Navitas, la disputa no es un elemento secundario: forma parte del riesgo país específico del proyecto. Una escalada diplomática, una modificación de las reglas británicas o una presión sobre empresas proveedoras podría alterar el calendario y los costos. Para la Argentina, en cambio, cada nuevo contrato o activo instalado refuerza la preocupación por la explotación de recursos sin autorización nacional.
La escala de Sea Lion transforma el caso en un proyecto estratégico. Si la producción comercial empieza en 2028, las compañías pasarán de la fase de planificación a una etapa de extracción efectiva de crudo en una zona disputada.
Eso puede alterar el valor económico de las islas, reforzar la presencia británica y abrir una nueva discusión sobre regalías, control marítimo, logística, seguridad y transporte energético en el Atlántico Sur.
Para la Argentina, el riesgo político es que el reclamo de soberanía quede cada vez más separado de la realidad económica en el territorio. Mientras Buenos Aires denuncia la ilegitimidad del avance, Londres y las empresas consolidan infraestructura.
Para Navitas, el beneficio potencial es convertirse en el operador de uno de los desarrollos offshore más relevantes de la región. Pero el retorno dependerá de que el proyecto alcance la producción prevista, de que los costos no se disparen y de que el petróleo pueda comercializarse sin restricciones derivadas del conflicto de soberanía.
El Gobierno argentino tiene varias vías posibles: reforzar reclamos diplomáticos ante organismos internacionales, activar medidas administrativas contra empresas que operen sin autorización nacional, impulsar acciones judiciales o presionar sobre proveedores, financistas y socios técnicos del proyecto.
También podría coordinar una estrategia con la provincia de Tierra del Fuego, que incluye a Malvinas dentro de su jurisdicción constitucional, y con espacios legislativos que siguen el tema desde el Congreso.
El desafío es pasar del rechazo formal a una estrategia sostenida. En un proyecto de esta escala, los comunicados sirven para fijar posición, pero difícilmente alcancen para frenar inversiones ya lanzadas.
Una política más activa debería identificar la cadena completa del negocio: quién financia, quién asegura, quién presta servicios marítimos, qué empresas suministran tecnología y dónde se comercializaría el crudo. Sin esa información, el debate corre el riesgo de concentrarse únicamente en Navitas, cuando el desarrollo depende de una red internacional de contratistas y proveedores.
La incorporación del OSX-1 confirma que el proyecto petrolero en Malvinas está entrando en una etapa más concreta. Ya no se trata solo de licencias, estudios o anuncios: hay buques, inversión, cronograma de perforación y una hoja de ruta productiva.
Para el Gobierno de Javier Milei, el caso abre una pregunta incómoda: cómo defender el reclamo argentino de soberanía cuando una empresa de un país aliado avanza con la explotación de recursos en las islas.
También deja expuesta a la propia Navitas. La compañía busca presentarse como un operador privado con capacidad para desarrollar un activo de gran escala, pero su expansión en Malvinas la coloca en el centro de una disputa que excede sus balances y sus objetivos comerciales. El éxito del proyecto dependerá tanto de la geología y del precio del petróleo como de la capacidad de la empresa para administrar un conflicto diplomático que no puede controlar.
El desenlace no dependerá únicamente de Navitas y Rockhopper. También dependerá de si la Argentina decide convertir el reclamo diplomático en una estrategia activa frente a uno de los movimientos petroleros más relevantes en Malvinas de los últimos años.
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