29 de agosto de 2026
La ex Presidenta y el diputado deberán presentarse el 4 de septiembre en una audiencia clave antes del juicio oral. La causa investiga presuntas maniobras de lavado, asociación ilícita y retornos vinculados a la obra pública.
Citados. La convocatoria vuelve a activar una causa sensible por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, con impacto directo en el frente judicial del kirchnerismo.
La causa Hotesur-Los Sauces vuelve a poner bajo presión judicial a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. Ambos fueron convocados para el próximo 4 de septiembre a las 10 en los tribunales de Comodoro Py, en el marco del expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y retornos vinculados a la obra pública.
La convocatoria se produce en una etapa decisiva del proceso, cuando el Tribunal Oral Federal N°5 busca ordenar la prueba y encaminar el inicio del juicio oral. El expediente tiene como eje el funcionamiento de las sociedades familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., señaladas por la acusación como presuntos vehículos para canalizar fondos provenientes de contratistas del Estado.
La audiencia del 4 de septiembre será un paso clave para definir el futuro inmediato del juicio. El tribunal deberá ordenar cuestiones probatorias, revisar planteos de las partes y avanzar hacia un cronograma de debate oral.
Aunque la citación fue informada como una convocatoria a indagatoria, el expediente ya se encuentra en etapa oral. Por eso, el movimiento judicial funciona principalmente como una audiencia previa al juicio, donde se busca delimitar la prueba, testigos y condiciones del debate.
El caso vuelve a escena en un momento de alta exposición judicial para Cristina Kirchner, que ya cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y enfrenta además la etapa patrimonial de ese expediente, con embargos y discusión sobre bienes.
La causa investiga si empresas vinculadas a empresarios beneficiados con obra pública durante los gobiernos kirchneristas realizaron pagos a sociedades de la familia Kirchner bajo contratos hoteleros e inmobiliarios que, según la hipótesis acusatoria, podrían haber funcionado como una pantalla para lavar dinero.
En ese esquema aparecen bajo análisis los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, asociados a Hotesur, y operaciones inmobiliarias de Los Sauces. La Justicia busca determinar si los pagos respondieron a negocios reales o si encubrieron retornos provenientes de contratistas del Estado.
Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita. Máximo Kirchner, exdirector de Hotesur y Los Sauces, también forma parte del expediente. Ambos rechazan las acusaciones.
El expediente no involucra solo a la familia Kirchner. También están bajo investigación empresarios y excolaboradores vinculados al entramado societario y comercial que será juzgado.
Entre los nombres mencionados en la causa aparecen Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones; Cristóbal López y Fabián De Sousa; el excontador Víctor Manzanares; Osvaldo "Bochi" Sanfelice; Romina Mercado; y otros directivos, escribanos y exfuncionarios.
La acusación sostiene que parte de los pagos realizados por empresas de Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner podrían haber sido utilizados para justificar ingresos de origen ilícito.
Uno de los puntos centrales es la pericia contable sobre contratos, alquileres, habitaciones hoteleras, cánones locativos y movimientos económicos de las empresas investigadas. El tribunal busca determinar si los valores pactados tenían lógica de mercado o si existieron operaciones simuladas.
La discusión por esas pericias demoró el inicio del juicio oral. El fiscal Diego Velasco reclamó avanzar con el debate sin esperar la finalización completa de algunas medidas, mientras el tribunal consideró necesario ordenar la prueba antes de fijar fecha definitiva.
La audiencia del 4 de septiembre puede destrabar ese escenario. Si el tribunal logra cerrar la etapa previa, quedará más cerca de fijar el inicio del juicio oral, que podría desarrollarse con dos o tres jornadas semanales y modalidad presencial.
Hotesur-Los Sauces tiene una conexión política y judicial directa con la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Mientras Vialidad se concentró en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, Hotesur-Los Sauces apunta a una etapa posterior: el presunto circuito utilizado para canalizar fondos hacia sociedades vinculadas a la familia Kirchner.
Por eso, el juicio tiene un peso especial. Para la acusación, puede completar el recorrido del dinero. Para la defensa, se trata de operaciones comerciales legales, declaradas y sin relación con maniobras de corrupción.
El avance de Hotesur-Los Sauces abre otro frente sensible para el kirchnerismo. Cristina Kirchner ya enfrenta el impacto político de la condena en Vialidad, la prisión domiciliaria, los embargos y la discusión sobre sus bienes. Ahora se suma el reordenamiento de una causa que llevaba años demorada antes del juicio oral.
Para Máximo Kirchner, la convocatoria también tiene peso político. El diputado nacional y jefe de La Cámpora queda nuevamente vinculado a un expediente que examina el patrimonio familiar, el rol de las sociedades y los negocios inmobiliarios y hoteleros.
El caso puede tener impacto en la estrategia opositora. Cada avance judicial contra Cristina y Máximo Kirchner reordena el debate interno del peronismo, tensiona la narrativa de persecución judicial y vuelve a colocar a Comodoro Py en el centro de la agenda política.
El próximo paso será la audiencia del 4 de septiembre. Allí se espera que las partes discutan prueba, testigos, pericias pendientes y condiciones para el inicio del juicio oral.
Si el tribunal logra ordenar esos puntos, el debate podría comenzar antes de fin de año. Si aparecen nuevos planteos o demoras por las pericias contables, el inicio podría volver a postergarse.
La causa Hotesur-Los Sauces entra así en una instancia decisiva. Después de años de idas y vueltas, el expediente se encamina hacia un juicio que puede volver a poner bajo la lupa el vínculo entre obra pública, empresarios contratistas y sociedades de la familia Kirchner.
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