29 de agosto de 2026
La defensa de Antonio Benítez recusó al juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del tribunal que lleva adelante el debate oral. Denunció restricciones en interrogatorios, cambios de criterio y temor de parcialidad en el proceso.
Audiencia. El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se está llevando a cabo en Corrientes.
El caso Loan sumó un nuevo capítulo judicial en pleno juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. La defensa de Antonio Benítez, uno de los principales imputados, pidió apartar al juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, por considerar que existen motivos objetivos para dudar de su imparcialidad.
El planteo fue presentado por el defensor oficial Enzo Di Tella, quien denunció una serie de irregularidades acumuladas desde el inicio del debate. Según su presentación, hubo interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, restricciones para profundizar respuestas de testigos y criterios distintos frente a objeciones similares de la acusación y las defensas.
La recusación contra Fermín Amado Ceroleni apunta al modo en que el magistrado conduce las audiencias del juicio por Loan. Di Tella sostuvo que el desarrollo del debate generó un "temor objetivo y fundado" de parcialidad, aunque aclaró que no afirma que el juez ya tenga decidido el resultado del caso.
"No afirmo conocer cuál será el voto del Sr. Presidente. No afirmo como un hecho que haya decidido condenar a mi asistido", planteó el defensor.
El pedido no busca discutir la trayectoria personal del magistrado, sino revisar si su conducta durante el debate ofrece garantías suficientes para mantener la confianza en la imparcialidad del proceso.
Entre los puntos cuestionados, la defensa mencionó presuntas interrupciones reiteradas durante los interrogatorios, restricciones para formular preguntas, reproches por supuestas maniobras de obstaculización y cambios de criterio procesal que, según Di Tella, habrían favorecido a la acusación.
También cuestionó la insistencia del tribunal en evitar demoras bajo el argumento de que "la sociedad espera una respuesta". Para la defensa, la presión social y mediática no puede condicionar el resultado del juicio ni afectar las garantías constitucionales de los acusados.
"La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena", sostuvo Di Tella en su presentación.
Esa frase condensa el núcleo del planteo: el juicio debe avanzar, pero sin que la necesidad pública de saber qué pasó con Loan se transforme en una presión sobre el tribunal.
El hecho que terminó de impulsar la recusación ocurrió durante la ampliación de declaración de Nicolás "El Americano" Soria, otro de los imputados. Según la defensa de Benítez, Soria manifestó que solo respondería preguntas de su abogado, pero Ceroleni rechazó inicialmente esa posibilidad con la frase "eso no existe".
La decisión generó un planteo de revocatoria y un cuarto intermedio. Luego, el tribunal en pleno revirtió la decisión adoptada por su presidente y autorizó que Soria respondiera únicamente a su defensa.
Para Di Tella, esa marcha atrás no eliminó el problema. Por el contrario, reforzó sus dudas sobre la conducción del debate y sobre la garantía de defensa en juicio.
El defensor solicitó que se preserven y analicen los registros audiovisuales completos de las audiencias. Su objetivo es que el tribunal revise cómo se desarrollaron los interrogatorios, qué trato recibieron las defensas y si existieron diferencias frente al Ministerio Público Fiscal.
También pidió que el planteo sea trasladado al resto de las defensas para que puedan pronunciarse sobre situaciones similares.
El escrito dejó asentada además la reserva del caso federal, una herramienta procesal que permite llevar la discusión a instancias superiores si el planteo es rechazado.
El abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, no acompañó el pedido de apartamiento. Según trascendió, consideró que no se identificó con suficiente precisión una causal que justifique desplazar al juez.
Baqué definió a Ceroleni como un magistrado de perfil "paternalista" y sostuvo que, a su entender, no hay parcialidad. Su postura muestra que el planteo de Di Tella no reúne, al menos por ahora, un respaldo unánime dentro de las defensas.
Esa diferencia interna será clave para medir el alcance real de la recusación. Si otras defensas adhieren, el cuestionamiento puede ganar peso. Si queda aislado, el tribunal tendrá más margen para rechazarlo sin alterar el curso del juicio.
El juicio por Loan se desarrolla bajo una enorme presión pública. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, y desde entonces el caso conmocionó al país.
La causa llegó a debate oral con 17 imputados. Siete están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras otros diez enfrentan cargos vinculados a maniobras destinadas a desviar o entorpecer la investigación.
Ese contexto vuelve especialmente delicado cualquier planteo de parcialidad. La sociedad reclama una respuesta, pero el proceso judicial debe sostener reglas claras para evitar futuras nulidades o cuestionamientos que puedan afectar la validez del debate.
La defensa de Benítez sostuvo que un eventual apartamiento de Ceroleni no debería provocar la nulidad del juicio, porque el tribunal cuenta con jueces sustitutos. Ese punto busca despejar uno de los principales temores: que la recusación termine frenando o haciendo retroceder el debate oral.
Si el planteo prospera, otro magistrado podría ocupar el lugar del presidente del tribunal y el juicio continuaría. Si es rechazado, la defensa podría insistir en instancias superiores, especialmente si considera que la imparcialidad del proceso sigue afectada.
El tribunal deberá resolver si las situaciones denunciadas alcanzan para apartar a Ceroleni o si forman parte de la conducción normal de un debate complejo, extenso y atravesado por múltiples partes.
La recusación suma incertidumbre a un juicio que ya venía marcado por tensiones, planteos procesales y una fuerte expectativa social. El pedido de apartamiento no define la responsabilidad de los acusados, pero sí abre una discusión central: si el debate está garantizando condiciones equilibradas para todas las partes.
En una causa tan sensible, cualquier irregularidad procesal puede tener consecuencias profundas. El desafío del tribunal será sostener el avance del juicio sin sacrificar garantías, mientras la familia de Loan y la sociedad esperan una respuesta judicial sobre una desaparición que sigue sin resolverse.
La próxima definición sobre la recusación puede convertirse en un punto de inflexión. Si el tribunal no logra despejar las dudas, el juicio podría quedar expuesto a nuevos cuestionamientos. Si las rechaza, deberá explicar con claridad por qué considera que la imparcialidad está garantizada.
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