29 de agosto de 2026
El consultor argentino participó por videollamada de una audiencia cautelar y recibió otra medida de detención por seis meses. Apuntó contra el vicepresidente Edmand Lara, negó ser violento o narcotraficante y volvió a rechazar las acusaciones en su contra.
Prisión preventiva. El asesor argentino permanecerá detenido por al menos seis meses en Bolivia.
Fernando Cerimedo volvió a quedar en el centro del escándalo político y judicial en Bolivia. Desde el penal de Palmasola, donde ya cumple prisión preventiva por la causa vinculada a la presunta tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, el consultor argentino participó de una audiencia cautelar por presunto enriquecimiento ilícito y recibió una nueva detención preventiva por seis meses.
La decisión fue dictada por el juez Douglas Borda, luego de una audiencia virtual que se extendió durante unas seis horas. El magistrado dispuso que Cerimedo cumpla la nueva medida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, aunque todavía no quedó claro qué proceso prevalecerá para definir un eventual traslado desde Santa Cruz hacia La Paz.
La nueva medida judicial se suma al expediente por el que Cerimedo ya estaba detenido en Palmasola. En este caso, la imputación corresponde a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, abierta luego de los allanamientos realizados en domicilios vinculados al consultor argentino.
Durante esos procedimientos, la Fiscalía boliviana informó el secuestro de 500.000 dólares en efectivo, además de moneda nacional boliviana y euros en cantidades no especificadas. Cerimedo sostuvo en la audiencia que sus ingresos anuales rondan el millón de dólares y los atribuyó a su trabajo como consultor y estratega de campañas políticas.
La defensa cuestionó la decisión judicial. El abogado Ernesto Giraldes afirmó que la Fiscalía "no pudo demostrar" cómo su defendido habría afectado al Estado y advirtió que la vida de Cerimedo "corre peligro" si es trasladado a otro penal.
Cerimedo habló desde su celda en Palmasola y buscó despegarse de la idea de riesgo de fuga. En uno de los momentos más tensos de la audiencia, afirmó: "Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida".
Según reportes de medios bolivianos citados en la causa, el consultor quebró en llanto en tres oportunidades durante la jornada, especialmente cuando hizo referencia a su familia.
También rechazó la acusación vinculada al intento de eludir a la Justicia. "Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió", sostuvo. Y agregó: "Falsamente fue comprobado en otro caso que yo no me estaba escapando".
Las frases buscaron instalar una línea defensiva clara: Cerimedo sostiene que no intentó fugarse, que quiere enfrentar el proceso y que las acusaciones en su contra forman parte de una construcción política y judicial.
El momento de mayor impacto político llegó cuando el vicepresidente boliviano Edmand Lara intervino en la audiencia para pedir que Cerimedo fuera trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La respuesta del consultor argentino fue directa. "Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, diciendo de que yo tenía un gran poder en el Órgano Ejecutivo, una alta influencia: si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido", afirmó.
Luego negó las acusaciones personales que, según dijo, Lara había formulado en su contra. "No soy un asesino como dijo el mitómano del vicepresidente, que ya me está juzgando a modo de condicionar a los jueces. No soy un narcotraficante -he denunciado narcotráfico con resultados positivos-. Y no soy un violento, señor juez", sostuvo.
Cerimedo también interpretó la presencia de Lara como una señal de presión política. "Parece a modo de amedrentar o de querer influir sobre decisiones, por una cuestión personal que él tiene conmigo, porque él cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones mías, las cuales yo no tomé", dijo.
Otro tramo de la audiencia giró en torno a una tarjeta personal hallada en poder de Cerimedo, en la que figuraba el cargo de "asesor principal" del presidente boliviano Rodrigo Paz.
El consultor negó que ese cargo hubiera existido formalmente. Explicó que se trató de "un modelo de tarjeta que pedí, pero que no se imprimió porque no existe el cargo". También sostuvo que, incluso si hubiese ingresado al Estado, ese puesto no podría haber sido creado porque "no es un ítem que exista en el Estado".
Cerimedo reconoció su relación con Paz, pero la limitó al terreno de la consultoría electoral. Según su versión, asesoró al actual mandatario durante la segunda vuelta y estuvo cerca del inicio del gobierno, aunque sin ocupar un cargo formal.
"Vine a Bolivia a instalar mis empresas digitales y planeaba traer a mi familia. Con el presidente tuve una charla de amigos; yo viajaba de forma permanente y el presidente requería una persona permanente y presente, lo cual yo no podía cumplir", declaró.
El trasfondo del caso sigue siendo la denuncia de Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo, quien lo acusa de haber enviado sicarios para matarla. Beller sobrevivió a un ataque a tiros y luego realizó acusaciones que salpicaron a ministros, legisladores y miembros del entorno presidencial boliviano.
Cerimedo rechaza esa acusación. Durante la audiencia volvió a minimizar el vínculo con Beller y dijo: "Lo de Nadia Beller fue una aventura y toda la acusación se basa en TikTok. Me arruinó la vida".
La causa original por presunta tentativa de feminicidio ya le había valido una detención preventiva por seis meses en Palmasola. A ese expediente se suman otras investigaciones por violencia intrafamiliar, legitimación de ganancias ilícitas y una pesquisa en curso por presunto tráfico de drogas.
El presidente Rodrigo Paz intentó tomar distancia pública del consultor argentino. En un mensaje televisivo, sostuvo que Cerimedo no tuvo autorización para representar a la Presidencia, al gobierno ni a su familia.
La declaración buscó contener el impacto político del escándalo. Cerimedo había tenido vínculos con el entorno de Paz durante la campaña y en los primeros tramos del gobierno, pero el oficialismo boliviano ahora procura limitar cualquier relación institucional.
Ese despegue público profundizó la tensión. Para la oposición y sectores críticos, el caso expone zonas oscuras del armado político que rodeó al actual mandatario. Para el gobierno boliviano, Cerimedo aparece como un consultor externo sin cargo formal ni capacidad de representación.
El caso Cerimedo tiene impacto en Bolivia, pero también repercute en Argentina. El consultor fue parte del ecosistema digital libertario y tuvo vínculos políticos con sectores cercanos a Javier Milei, aunque desde el Gobierno argentino intentaron tomar distancia desde que estalló el escándalo.
La combinación de denuncias por violencia, presunto enriquecimiento ilícito, dinero hallado en allanamientos, vínculos con campañas electorales y acusaciones cruzadas con el poder boliviano convirtió el expediente en un caso regional.
La nueva prisión preventiva agrava su situación procesal. Ya no se trata solo de la denuncia de Beller: ahora la Justicia boliviana también avanza sobre el origen de los fondos, sus sociedades, su rol como consultor y sus vínculos políticos.
El punto inmediato será determinar si Cerimedo será trasladado a Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado en el altiplano de La Paz, o si seguirá detenido en Palmasola por el primer proceso.
La defensa ya anticipó que objetó la decisión judicial y advirtió riesgos para su seguridad. Además, podría insistir en que no existe peligro de fuga ni elementos suficientes para justificar una nueva prisión preventiva.
Mientras tanto, la Fiscalía seguirá investigando el origen del dinero encontrado en los allanamientos y el posible vínculo entre los fondos, las empresas digitales de Cerimedo y su actividad política en Bolivia.
El caso entra así en una etapa más compleja. La segunda prisión preventiva endurece el frente judicial del consultor argentino, mientras sus declaraciones desde la cárcel profundizan el choque con el gobierno de Rodrigo Paz y con el vicepresidente Edmand Lara.
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