Política. El Gobierno avanza con una reforma para reducir Comodoro Py

El Gobierno de Javier Milei presentó una reforma de Comodoro Py que puede modificar el equilibrio interno de los tribunales federales donde se investigan las causas de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y delitos de alto impacto político. La iniciativa apunta a reducir la cantidad de jueces, achicar estructuras y fortalecer el rol de los fiscales en el nuevo esquema penal.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia que encabeza Juan Bautista Mahiques, prevé cambios en la Cámara Federal de Casación Penal y en los juzgados federales de instrucción. La Casa Rosada lo presenta como una reorganización funcional ante la llegada del sistema acusatorio, pero la medida toca uno de los núcleos de poder más sensibles de la Justicia Federal.

Comodoro Py: qué propone la reforma judicial de Milei

El punto central del proyecto es la reducción de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema. La estructura actual tiene 13 integrantes, distribuidos en cuatro salas y una presidencia. La iniciativa oficial busca llevarla a 9 jueces, con tres salas.

El cambio no es menor. Casación interviene en expedientes de fuerte impacto institucional y político, y su composición define el destino de investigaciones que muchas veces involucran a expresidentes, funcionarios, empresarios, sindicalistas y dirigentes nacionales.

La propuesta también alcanza a los juzgados federales de instrucción de Comodoro Py. Hoy son 12, pero el Gobierno evalúa reducirlos a 10 u 8. La discusión aparece asociada a las vacantes acumuladas tras las salidas de Sergio Torres, Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y la renuncia de Luis Rodríguez.

En los hechos, el oficialismo busca evitar nuevos concursos para cubrir cargos que podrían desaparecer si avanza la reforma. Esa decisión abre un debate político y judicial sobre si se trata de una modernización administrativa o de una reconfiguración del poder dentro de los tribunales federales.

Más poder para los fiscales con el sistema acusatorio

La reforma se apoya en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que modifica el funcionamiento tradicional de las causas penales. Con el sistema acusatorio, los fiscales pasan a conducir las investigaciones desde el inicio hasta la acusación y el eventual juicio oral.

Ese esquema implica una pérdida del rol clásico de los jueces de instrucción, que dejarán de dirigir las pesquisas y pasarán a cumplir funciones de garantías, juicio o revisión. Desde el Gobierno sostienen que no habrá una pérdida de poder, sino una reasignación de tareas dentro del nuevo modelo.

Una fuente judicial citada en la discusión sostuvo: "Habrá un cambio sustancial en la modalidad de trabajo de Comodoro Py, donde desde abril de 2027 será necesario contar con más fiscales". También afirmó: "No pierden poder, cumplirán funciones más amplias, serán garantes del proceso".

El Ministerio de Justicia ya venía preparando la transición con salas de audiencias, adecuaciones edilicias, herramientas tecnológicas y capacitación para operadores judiciales. La Ciudad de Buenos Aires, por su peso institucional y por la cantidad de causas complejas que concentra, aparece como uno de los distritos más sensibles para aplicar el nuevo sistema.

Un recorte que toca causas de alto impacto político

La reforma de Comodoro Py tiene una carga política inevitable. En esos tribunales tramitan expedientes vinculados con corrupción, financiamiento político, lavado de dinero, inteligencia ilegal, narcotráfico y delitos económicos. Por eso, cualquier cambio en su estructura despierta alertas dentro y fuera del Poder Judicial.

El Gobierno argumenta que Comodoro Py tiene una dotación de personal muy superior a la de otras cabeceras judiciales del interior y que el nuevo sistema necesita más fiscales que jueces de instrucción. La lógica oficial es redistribuir recursos, achicar estructuras sobredimensionadas y fortalecer zonas consideradas críticas.

Sin embargo, la medida puede abrir resistencias. Reducir juzgados y cargos en Casación implica discutir nombramientos, vacantes, concursos pendientes y espacios de influencia dentro de la Justicia Federal. El cambio también puede impactar en el mapa de poder de los tribunales que intervienen en causas sensibles para el oficialismo, la oposición y los principales actores económicos.

El Congreso tendrá la última palabra

El proyecto necesitará aval del Congreso. La vía legislativa aparece como el camino menos vulnerable a una judicialización, ya que la estructura de Casación y de los juzgados federales está regulada por ley.

Esa exigencia política abre otro frente para Milei. El oficialismo deberá construir mayorías para aprobar una reforma que toca intereses judiciales, territoriales y partidarios. En un Congreso fragmentado, cualquier cambio sobre Comodoro Py puede convertirse en una negociación de alto voltaje.

Para la oposición, el debate puede transformarse en una discusión sobre independencia judicial, control político de los tribunales y oportunidad de la reforma. Para el Gobierno, en cambio, será una prueba para mostrar capacidad de ordenar un sistema que considera ineficiente y sobredimensionado.

Qué puede pasar con la reforma de Comodoro Py

El avance del proyecto dependerá de la letra final, del respaldo parlamentario y de la reacción de jueces, fiscales y asociaciones judiciales. Si el Gobierno logra imponer su esquema, Comodoro Py podría pasar a funcionar con menos juzgados de instrucción, una Casación más chica y fiscales con mayor protagonismo en las investigaciones.

El impacto institucional puede ser profundo. No se trata solo de una reforma administrativa, sino de una modificación sobre el corazón de la Justicia Federal penal. Allí se define buena parte de la relación entre política, tribunales y poder económico en la Argentina.

En los próximos meses, el debate quedará cruzado por una pregunta central: si la reforma servirá para hacer más eficiente el sistema penal o si terminará reordenando, bajo el discurso de la modernización, el mapa de poder de los juzgados más influyentes del país.