Poder. Licitaciones viales: quiénes ganaron el negocio de las rutas

Las licitaciones viales del Gobierno nacional dejaron un mapa empresario concentrado en las rutas privatizadas: tres grupos se quedaron con el 60% de la recaudación total proyectada tras la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros concesionados. El negocio previsto por el cobro de peajes alcanza los $518 mil millones por año y podría superar los $10 billones durante los veinte años de contrato.

El esquema pone bajo la lupa a constructoras, UTEs y concesionarias que pasarán a administrar corredores clave en distintas regiones del país, con tarifas iniciales, estaciones de peaje y posibilidades de explotación comercial dentro de los predios concesionados.

Licitaciones viales: el reparto de rutas privatizadas

El principal ganador de la compulsa fue el grupo Cartellone, encabezado por Alejandro Cartellone, que quedó posicionado al frente de un negocio estimado en $135 mil millones por año a través de dos firmas: Autovía Construcciones y Servicios y José Cartellone Construcciones Civiles.

Autovía Construcciones y Servicios obtuvo el Tramo Oriental, con una tarifa de $2.945 sin IVA, para operar las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Ese paquete incluye estaciones como Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, con una recaudación estimada en $97,4 mil millones.

La misma empresa también logró el Tramo Noroeste junto con Vapeu SRL y Guigivan SRL, por una proyección de $21,3 mil millones y una tarifa de $2.285. En paralelo, José Cartellone Construcciones Civiles SA fue adjudicada para el Tramo Centro Norte, con una oferta de $2.175 y una facturación prevista de $16 mil millones en las barreras de Ceres y Fernández.

Cartellone, Galluzzo y Miró: los nombres fuertes del negocio vial

El segundo lugar en el reparto quedó para el grupo integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, asociado a Sebastián Galluzzo. Ese consorcio obtuvo el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, uno de los corredores de mayor recaudación, con una tarifa ofertada de $997.

Ese paquete incluye la operación de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. La facturación anual estimada para ese corredor alcanza los $128 mil millones, lo que lo ubica entre los tramos más relevantes del esquema de concesiones.

El tercer lugar correspondió a la unión de empresas Basaa y Cecosa, encabezada por Horacio Miró, que se quedó con el Tramo Puntano. En ese caso, la oferta fue de $1.440,08, con una recaudación prevista de $36 mil millones al año en las cabinas de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho.

También figuran entre los adjudicatarios las firmas Obring, Pitón y Rovial, que obtuvieron el Tramo Chaco-Santa Fe y el Tramo Conexión Puente Rosario-Victoria en UTE con Edeca y Pietroboni, con una tarifa de $2.798,18 y una proyección de $12 mil millones anuales.

Un negocio de peajes con impacto fiscal y comercial

Según las cifras difundidas, los concesionarios recaudarían por peajes unos $518 mil millones anuales, equivalentes a US$343 millones al tipo de cambio oficial informado en la publicación. En el plazo total de veinte años previsto en los contratos, el negocio rondaría los $10 billones, o aproximadamente US$6.800 millones.

El esquema también contempla un ingreso tributario mínimo de $109 mil millones por año en concepto de IVA para el Estado. A su vez, los pliegos prevén la posibilidad de instalar nuevos peajes y aplicar actualizaciones tarifarias regulares, un punto que puede tener impacto directo sobre transportistas, automovilistas y economías regionales.

La explotación de los corredores no se limita al cobro de peajes. Los contratos habilitan, con autorización de Vialidad Nacional, el desarrollo de emprendimientos comerciales en los predios concesionados, como estaciones de servicio, paradores de camiones, centros logísticos, depósitos fiscales, locales gastronómicos, hoteles, bancos, cajeros automáticos, redes de fibra óptica, antenas de telecomunicaciones y refugios de transporte público.

Qué implica el nuevo mapa de concesiones para el Gobierno

El reparto de las rutas privatizadas marca un cambio de peso en la administración de infraestructura vial en Argentina. La concentración de ingresos en tres grupos privados instala una discusión sobre control estatal, tarifas, mantenimiento de corredores y capacidad de fiscalización sobre contratos de largo plazo.

El tema también tiene impacto político y económico para el Gobierno. Por un lado, la administración nacional busca reducir el peso del gasto público y trasladar parte de la gestión vial al sector privado. Por otro, el esquema abre interrogantes sobre el costo que deberán afrontar usuarios, transportistas y empresas que dependen de esas rutas para mover producción, alimentos, insumos y mercadería.

En ese contexto, el rol de Vialidad Nacional será central para controlar el cumplimiento de las inversiones, las condiciones de servicio y las autorizaciones comerciales dentro de los corredores. La magnitud de los contratos convierte a las licitaciones viales en una de las decisiones más sensibles dentro del proceso de privatizaciones y concesiones impulsado por el Gobierno.