Política. Vialidad de Milei: el gasto cayó al nivel más bajo desde 2002

El gasto de Vialidad durante el gobierno de Javier Milei cayó a su nivel más bajo desde la crisis política de 2002 y volvió a poner bajo tensión uno de los puntos más sensibles del ajuste fiscal: el mantenimiento de las rutas nacionales. La caída de la inversión impacta sobre obras frenadas, caminos deteriorados y fondos con destino específico que no fueron aplicados en su totalidad.

Según los datos conocidos, la inversión devengada por la Dirección Nacional de Vialidad cayó 71,5% en 2025 respecto de 2023. El retroceso también redujo de manera drástica la cantidad de kilómetros que el organismo puede mantener en todo el país.

Vialidad Nacional: el ajuste que golpea a las rutas

El recorte en Vialidad Nacional no aparece como un dato aislado, sino como parte del programa económico de la Casa Rosada para sostener el superávit fiscal. La administración libertaria frenó buena parte de la obra pública nacional y trasladó el debate hacia el esquema de concesiones, peajes e inversión privada.

El impacto es concreto: la cantidad de kilómetros con capacidad de mantenimiento pasó de 30.669 en 2023, equivalente al 70% de la red vial nacional, a 9.494 kilómetros, apenas un cuarto del total. Las provincias más afectadas por la caída del mantenimiento son Misiones, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires, mientras que solo se registraron mejoras en San Juan y Jujuy.

La discusión excede la contabilidad presupuestaria. En rutas nacionales deterioradas, cada año sin mantenimiento encarece futuras reparaciones y aumenta riesgos para transportistas, automovilistas, economías regionales y cadenas productivas que dependen de la conectividad terrestre.

Fondos viales, superávit y denuncias contra Luis Caputo

El caso también quedó atravesado por una controversia judicial. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, acumuló fondos del impuesto a los combustibles líquidos que tienen destino específico para obras y mantenimiento vial. Según la información disponible, el monto ronda entre $1,4 billones y $1,5 billones, con una ejecución parcial.

La investigación sobre el Sistema Vial Integrado encendió acusaciones por presunta subejecución y uso financiero de recursos que debían destinarse a caminos. En ese marco, la diputada Victoria Tolosa Paz denunció penalmente a Caputo, al director de Vialidad y al presidente del Banco Nación por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La provincia de La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, también se presentó como querellante. El planteo apunta al perjuicio por obras paralizadas y por el deterioro de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.

El costo político del "no hay plata"

El caso Vialidad golpea uno de los pilares del relato económico del Gobierno. Milei exhibe el superávit fiscal como un logro central de su gestión, pero la discusión sobre los fondos viales abre una pregunta de fondo: cuánto de ese resultado se explica por gastos no realizados en infraestructura crítica.

La tensión aumenta porque los impuestos a los combustibles siguen siendo cobrados a los usuarios, mientras las rutas muestran señales de deterioro y el Gobierno impulsa nuevos esquemas de concesión. Para la oposición, el problema es doble: se cobran recursos con un destino específico y, al mismo tiempo, se habilita la posibilidad de que los usuarios paguen más por peajes.

En términos políticos, el tema también puede escalar en el Congreso. Legisladores opositores ya impulsan pedidos para que Caputo dé explicaciones sobre el destino de los fondos y el nivel real de ejecución del sistema vial.

Qué puede pasar con las obras y los peajes

El Gobierno defiende un cambio de modelo: menos obra pública financiada por el Estado y mayor participación privada en rutas nacionales. Sin embargo, la transición deja zonas sensibles. Si el mantenimiento cae antes de que el nuevo esquema funcione, el deterioro puede avanzar más rápido que las soluciones.

El frente judicial será clave. La Justicia deberá determinar si los fondos fueron administrados dentro de los márgenes legales y si hubo incumplimiento en la aplicación de recursos con destino específico. En paralelo, el debate político promete instalarse en la agenda económica, porque conecta ajuste fiscal, infraestructura, provincias y seguridad vial.

Para el oficialismo, el desafío será sostener el discurso del equilibrio fiscal sin quedar asociado al abandono de obras visibles para millones de usuarios. Para las provincias, el reclamo apunta a evitar que el costo del recorte nacional termine trasladado a sus presupuestos o directamente al bolsillo de quienes circulan por las rutas.