31 de agosto de 2026
El Concejo Deliberante llevó a la Justicia al jefe comunal de Calingasta, Sebastián Carbajal, por presunto incumplimiento de deberes. La causa se suma a la investigación contra una extesorera municipal por presunto peculado.
Señalado. El intendente de Calingasta fue denunciado en la Justicia.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quedó en el centro de una crisis institucional en San Juan tras una denuncia penal presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, ante la UFI Delitos Especiales. La presentación apunta a la falta de informes oficiales luego de que se detectara un faltante de fondos públicos estimado en $107 millones en la tesorería municipal.
La denuncia contra Carbajal fue formulada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abrió un nuevo frente político en el departamento cordillerano. El caso ya tenía una derivación judicial previa: el propio jefe comunal había denunciado a la extesorera Martha Noelia Campos, quien quedó imputada por presunto peculado a partir de inconsistencias detectadas en las cuentas municipales de los ejercicios 2023 y 2024.
El planteo judicial de Santos Zárate se produjo después de reclamos del Concejo Deliberante para acceder a documentación administrativa y contable del municipio. Según la presentación, el Ejecutivo local no habría remitido informes considerados esenciales para ejercer el control institucional sobre la gestión de fondos públicos.
El eje de la denuncia no apunta directamente a la sustracción del dinero, sino a la presunta falta de respuesta del intendente ante pedidos formales vinculados con balances, partes diarios y documentación respaldatoria. En términos judiciales, esa omisión podría ser analizada bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque será la fiscalía la que defina si existen elementos suficientes para avanzar.
La presentación fue realizada en la UFI Delitos Especiales, que en ese momento tenía de turno al fiscal Adolfo Díaz. A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar la documentación aportada, requerir informes al municipio y determinar si corresponde abrir una investigación formal contra el jefe comunal.
La crisis comenzó cuando el municipio informó un faltante de aproximadamente $107 millones en fondos públicos. La irregularidad habría surgido durante una auditoría interna realizada sobre las cuentas correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, en el marco de la preparación de balances que debían presentarse ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de San Juan.
En esa primera causa, la señalada fue Martha Noelia Campos, extesorera municipal, quien quedó imputada por presunto peculado. La investigación busca determinar cómo se produjo el faltante, qué circuito administrativo permitió la diferencia contable y quiénes tenían responsabilidad sobre el manejo cotidiano de la recaudación y los fondos municipales.
Algunas publicaciones locales indicaron que el monto auditado podría superar los $108 millones, con una cifra cercana a $108.463.580, aunque la mayoría de las coberturas iniciales refirió el caso como un faltante de $107 millones. Esa diferencia deberá ser precisada por la documentación oficial incorporada al expediente.
Antes de quedar denunciado por el Concejo, Sebastián Carbajal había salido a explicar cómo se detectó el faltante. Según medios sanjuaninos, el intendente sostuvo que la irregularidad fue advertida durante una revisión de rutina del área contable, vinculada con las rendiciones de San Juan Servicios y con los balances que debían elevarse a los organismos de control.
La explicación oficial buscó ubicar el origen del caso en controles internos de la propia gestión municipal. Sin embargo, la nueva denuncia del Concejo modificó el escenario político: ya no se trata solo de una investigación sobre una extesorera, sino también de un conflicto entre el Ejecutivo local y el órgano legislativo por acceso a la información pública.
Ese punto es clave para entender el alcance institucional de la causa. La Justicia deberá separar responsabilidades penales concretas de eventuales faltas administrativas o políticas, pero el episodio ya expone una tensión mayor: quién controla las cuentas municipales, con qué documentación y bajo qué plazos.
Aunque el caso ocurre en un municipio cordillerano de San Juan, la denuncia tiene proyección nacional porque vuelve a instalar el debate sobre la administración de fondos públicos en los gobiernos locales. En departamentos alejados de los grandes centros urbanos, la transparencia contable y la capacidad de control legislativo suelen depender de circuitos administrativos internos, balances periódicos y respuestas formales del Ejecutivo.
El episodio también se inscribe en un contexto de mayor exigencia sobre el uso de recursos estatales. En un país atravesado por restricciones fiscales, ajuste del gasto público y reclamos de eficiencia administrativa, un presunto faltante millonario en una municipalidad adquiere relevancia más allá de la política provincial.
Para Calingasta, el caso puede afectar la gobernabilidad local. Para San Juan, abre un nuevo frente judicial y político en torno al control de fondos municipales. Y para el debate nacional, funciona como un ejemplo de cómo las investigaciones por irregularidades administrativas pueden escalar cuando los órganos de control denuncian falta de información.
La UFI Delitos Especiales tendrá varios frentes por delante. En primer lugar, deberá precisar el monto real del faltante y el período exacto en el que se habría producido. También tendrá que reconstruir el circuito de recaudación, depósitos, autorizaciones, balances y controles internos de la Municipalidad de Calingasta.
Otro punto sensible será determinar qué documentación solicitó el Concejo Deliberante, cuándo fue requerida y si efectivamente hubo una negativa u omisión por parte del Ejecutivo municipal. Ese aspecto será central para evaluar la denuncia contra Carbajal por presunto incumplimiento de deberes.
La causa también podría incluir declaraciones de funcionarios municipales, empleados de tesorería, contadores, concejales y responsables de las áreas administrativas. Además, podrían requerirse informes al Tribunal de Cuentas de San Juan y documentación respaldatoria sobre los ejercicios 2023 y 2024.
El desenlace dependerá de las decisiones de la fiscalía. Si encuentra elementos suficientes, podría avanzar con medidas de prueba, citar testigos y eventualmente formular una imputación. Si considera que la presentación no acredita una conducta penal, podría desestimarla o encuadrarla en una discusión administrativa.
Mientras tanto, el conflicto político seguirá abierto. El Concejo Deliberante reclama información para controlar la administración municipal y el intendente deberá responder ante una causa que ya tomó volumen público. En paralelo, continuará la investigación contra la extesorera por el presunto faltante de fondos.
La principal incógnita es si el expediente quedará limitado a una irregularidad de tesorería o si se convertirá en una causa más amplia sobre el funcionamiento financiero del municipio. Por ahora, el caso combina tres elementos de alto impacto: un faltante millonario, una extesorera imputada y una denuncia penal contra el intendente en ejercicio.
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