1 de septiembre de 2026
El consorcio integrado por Edison Transmisión, vinculada al Grupo Neuss, y Genneia adquirió la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, por u$s356,17 millones. Días después de concretarse el traspaso, la transportadora aprobó una distribución de $253.535.989.514 en dividendos.
El Gobierno adjudicó la participación estatal en Citelec a Genneia y Edison Transmisión por u$s356.174.811,78.
La privatización de Transener volvió a quedar bajo la lupa luego de que el nuevo directorio de la compañía aprobara la distribución de $253.535.989.514 en dividendos en efectivo, pocos días después de completarse el traspaso de la participación que el Estado argentino mantenía en Citelec, sociedad que controla a la principal transportadora de energía eléctrica en alta tensión del país.
La operación de venta había sido adjudicada en mayo a Genneia y Edison Transmisión, esta última vinculada al Grupo Edison de los hermanos Juan y Patricio Neuss, por una oferta de u$s356.174.811,78. El monto fue confirmado por el Gobierno nacional al informar la adjudicación del concurso público para la venta de las acciones de Citelec que pertenecían a ENARSA.
El dato que generó la controversia posterior fue el reparto de dividendos. Según la información comunicada por Transener a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio resolvió el 27 de agosto distribuir en efectivo $253.535.989.514 mediante la desafectación parcial de una reserva destinada al pago de futuros dividendos. La CNV registra oficialmente esa comunicación como un hecho relevante de la compañía.
La decisión del directorio de Transener fue informada a la CNV el 27 de agosto. En la comunicación societaria, la empresa indicó que se había aprobado la distribución de dividendos en efectivo mediante la utilización parcial de la reserva destinada a futuros dividendos.
El monto exacto de la distribución fue de $253.535.989.514. La cifra equivale, según los informes que reconstruyeron la operación, a cerca de dos tercios del monto de u$s356,17 millones que el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión había ofertado para adquirir la participación estatal en Citelec.
La secuencia temporal es uno de los elementos que puso la operación bajo discusión. La adjudicación de la participación estatal se produjo en mayo, mientras que la CNV registró el 27 de agosto tanto la comunicación sobre la distribución de dividendos como otra referida al cambio en la composición del grupo de control de Transener.
Al día siguiente, Genneia comunicó que se había perfeccionado la transferencia de la participación de ENARSA en Citelec a favor de Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), la sociedad constituida por los adjudicatarios. La documentación oficial del ENRE también identifica a Edison Transmisión y Genneia como accionistas de TESA, en partes iguales.
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El reparto de dividendos se realizó contra una reserva que la compañía había constituido previamente. Según los documentos societarios citados en los informes sobre la operación, durante una asamblea realizada el 30 de abril se había destinado alrededor de $522.590 millones a una reserva para futuros dividendos.
La posterior distribución de $253.535 millones representó casi la mitad de aquella reserva. El punto que generó cuestionamientos es que esos fondos correspondían a ganancias acumuladas en ejercicios anteriores, cuando todavía estaba vigente la participación estatal en Citelec.
La secuencia no implica por sí misma que los nuevos accionistas hayan generado esas ganancias. La reserva había sido constituida antes de la transferencia accionaria y posteriormente el nuevo directorio resolvió utilizar una parte para distribuir dividendos. Esa diferencia temporal es uno de los aspectos centrales de la controversia sobre la operación.
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El Gobierno de Javier Milei había iniciado el proceso de venta de la participación de ENARSA en Citelec como parte de la privatización de activos de la empresa estatal. La normativa estableció que ENARSA era propietaria del 50% de Citelec, mientras que Citelec controlaba el 52,65% de Transener.
El concurso público tuvo tres ofertas económicas. Edenor presentó una propuesta de u$s230 millones, Central Puerto ofreció u$s301 millones y el consorcio formado por Genneia y Edison Transmisión presentó la oferta más elevada, por u$s356.174.811,78.
El Gobierno adjudicó finalmente la operación a Genneia y Edison Transmisión. La resolución oficial de mayo aprobó la segunda etapa del concurso y confirmó la venta de las acciones de Citelec que pertenecían a ENARSA.
Posteriormente, los adjudicatarios constituyeron Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA) para concretar la operación. Una resolución del organismo regulador eléctrico confirmó que sus accionistas son Edison Transmisión y Genneia, con participaciones iguales.
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Transener es la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de la Argentina y administra infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
De acuerdo con la información oficial difundida durante el proceso de privatización, la compañía administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que atraviesan el país y una red de aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.
La participación que el Estado vendió correspondía a su posición en Citelec, sociedad que controla el 52,65% de Transener. Por ese motivo, la operación permitió al consorcio privado asumir el control indirecto de la transportadora eléctrica.
El proceso forma parte de la estrategia oficial de privatización de ENARSA, empresa que fue declarada sujeta a privatización por la Ley Bases. El Ministerio de Economía estableció que la venta de la participación estatal en Citelec se realizaría mediante un concurso público nacional e internacional.
La distribución de dividendos volvió a abrir el debate sobre el precio de la participación estatal vendida. El argumento planteado por los cuestionamientos a la operación se concentra en que Transener contaba con reservas y ganancias acumuladas antes de que se concretara el cambio de control.
El Gobierno, en cambio, había presentado durante el proceso licitatorio la venta como parte de su política de retiro del Estado de actividades empresariales. Al anunciar la adjudicación, sostuvo que la oferta de u$s356 millones reflejaba el interés privado por invertir en infraestructura considerada esencial para el sistema eléctrico argentino.
La controversia, por lo tanto, no se limita al monto pagado por las acciones de Citelec, sino que también involucra el destino de las reservas acumuladas por Transener antes del cambio de control y la decisión posterior de distribuir una parte de esos fondos entre los accionistas.
Aunque el Gobierno vendió la participación de ENARSA en Citelec, el Estado argentino no dejó de tener presencia accionaria directa en Transener.
La participación restante está vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que conserva acciones Clase B de la transportadora. De esta manera, la privatización de la participación de ENARSA en Citelec no significó la desaparición absoluta de toda participación estatal en el capital de Transener.
El dato es relevante para comprender el alcance concreto de la operación: el Estado transfirió el control indirecto que ejercía a través de Citelec, pero mantiene una participación accionaria directa en la transportadora eléctrica.
La secuencia entre la privatización, el cambio de control y la distribución de dividendos colocó nuevamente a Transener en el centro del debate sobre las privatizaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
Los datos documentados permiten establecer que el Estado vendió su participación en Citelec por u$s356.174.811,78, que la operación fue adjudicada a Genneia y Edison Transmisión, y que posteriormente Transener aprobó dividendos por $253.535.989.514 mediante la desafectación parcial de una reserva.
La discusión abierta a partir de esos hechos se concentra en la relación entre el precio de la privatización, las reservas acumuladas antes del traspaso y el reparto de dividendos aprobado por el nuevo directorio. La documentación oficial confirma cada uno de esos hitos, mientras que la valoración sobre si la operación implicó un beneficio extraordinario para los nuevos accionistas forma parte de la controversia planteada por distintas publicaciones y actores del sector.
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