1 de septiembre de 2026
A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, el peronismo difundió un comunicado en el que cuestionó el clima de violencia política previo al ataque y reclamó defender la democracia.
El documento, firmado por dirigentes de 23 espacios políticos, sostuvo que "la democracia no admite la eliminación del adversario" y reivindicó la necesidad de confrontar con ideas, argumentos, organización política y votos. El texto también recordó el ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel y repasó la situación judicial de los tres acusados.
Este 1° de septiembre se cumplen cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido cuando la entonces vicepresidenta regresaba a su domicilio. Sabag Montiel le apuntó con un arma cargada a centímetros del rostro y gatilló, pero el disparo no salió. El atacante fue detenido en el lugar y la entonces vicepresidenta resultó ilesa.
A cuatro años del ataque, el peronismo sostuvo que el episodio no debe ser considerado "un hecho aislado" y lo vinculó con un contexto previo caracterizado, según el comunicado, por "discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas -fake news-, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política".
El documento planteó que esas expresiones contribuyeron a generar un escenario de creciente confrontación y advirtió sobre las consecuencias de convertir al adversario político en un enemigo.
En ese sentido, los dirigentes afirmaron que cuando "el dirigente político es convertido en enemigo" y la deshumanización del adversario se transforma en una práctica cotidiana, "la democracia comienza a deteriorarse".
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Otro de los ejes del comunicado fue el cuestionamiento a la denominada "antipolítica". El documento sostuvo que fue alimentada por sectores del poder económico y amplificada por medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.
Los firmantes también hicieron referencia a las prácticas de lawfare y señalaron que la combinación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento puede derivar en un escenario de mayor violencia.
Según el comunicado, la "eliminación simbólica del adversario" puede abrir paso a "la posibilidad de su eliminación física". La declaración ubicó de esta manera al intento de asesinato de Cristina Kirchner dentro de una discusión más amplia sobre los límites de la confrontación política.
El comunicado remarcó que el aniversario del ataque no interpela únicamente al peronismo, sino también al "conjunto del sistema democrático argentino".
A partir de esa definición, los firmantes reclamaron un acuerdo básico entre los distintos sectores políticos: "en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos".
El documento también reivindicó "la legitimidad del adversario" y planteó que la confrontación política debe desarrollarse "sin deshumanizar".
Hacia el final, los dirigentes expresaron su solidaridad con Cristina Kirchner y cerraron el comunicado con una consigna: "Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política".
El documento lleva las firmas de dirigentes pertenecientes a 23 espacios políticos. Entre ellos aparecen José Mayans, por el Partido Justicialista; Diego Giuliano y Sergio Massa, por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Republicano Federal; y Martín Sabbatella, por Nuevo Encuentro.
También firmaron Guillermo Moreno, por Principios y Valores; Leopoldo Moreau, por el Movimiento Nacional Alfonsinista; Juan Grabois, por Patria Grande; Ricardo Alfonsín, por el Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, por Radicalismo Auténtico.
La lista se completa con Carlos Castagneto por Kolina; Mario Secco por el Frente Grande; Emilio Pérsico por La Patria de los Comunes; Carlos Heller por el Partido Solidario; Jorge Rivas por Unidad Socialista; Claudio Lozano por Unidad Popular; y Gustavo López por FORJA.
También suscribieron Esteban San Pedro, por el Partido de la Victoria; Eduardo Sigal, por Espacio Popular; Juan Carlos Alderete, por PTP-PCR; Lucrecia Monteagudo, por el Partido Intransigente; Jorge Kreyness, por el Partido Comunista; Matías Barroetaveña, por Nueva Dirigencia; y Humberto Tumini, por Libres del Sur.
Fernando Sabag Montiel, condenado a 10 años de prisión por el intento de magnicidio de CFK.
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Por el intento de asesinato de Cristina Kirchner fueron detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes del grupo conocido como "Los Copitos".
Sabag Montiel fue señalado como el autor material del intento de asesinato, mientras que Brenda Uliarte fue acusada como partícipe necesaria y Nicolás Carrizo como partícipe secundario.
El juicio oral concluyó en octubre de 2025. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a 8 años por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.
En el caso de Sabag Montiel, la pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en 14 años de prisión. Carrizo, en cambio, fue absuelto.
La situación judicial vinculada al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner todavía no está completamente cerrada. La Cámara Federal de Casación Penal analiza actualmente un planteo presentado por la fiscalía.
El pedido busca determinar si corresponde aplicar la agravante de femicidio en la modalidad de violencia política, una cuestión que podría modificar las penas impuestas a Sabag Montiel y Uliarte.
De esta manera, cuatro años después del ataque, mientras el peronismo vuelve a poner el episodio en el centro de su discurso político, la discusión judicial continúa abierta.
El cuarto aniversario vuelve a colocar al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner en la agenda política argentina. El comunicado difundido por el peronismo no se limita a recordar el ataque, sino que plantea una advertencia sobre la violencia política y reivindica la legitimidad del adversario dentro del sistema democrático.
El mensaje central de los firmantes apunta a establecer un límite a la confrontación política: la disputa entre distintos sectores debe desarrollarse mediante ideas, argumentos y votos, sin recurrir a la deshumanización ni a la violencia.
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