2 de septiembre de 2026
La crisis de Granja Tres Arroyos ya alcanzó al patrimonio de la familia De Grazia, que controla la compañía. La Justicia ordenó embargos sobre inmuebles vinculados a Joaquín y Elba De Grazia y, en una causa contra Avex, dispuso además la inhibición general de bienes de la sociedad y cinco personas relacionadas con el grupo.
La Justicia ordenó embargos sobre inmuebles vinculados a Joaquín y Elba De Grazia, controlantes de Granja Tres Arroyos.
Mientras avanza una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, distintos acreedores recurrieron a la Justicia para reclamar el pago de sus créditos y pedir la quiebra de la empresa. El grupo también acumula miles de cheques rechazados y una serie de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas.
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos comenzó a tener consecuencias directas sobre el patrimonio de la familia De Grazia, histórica controlante de la compañía. En las últimas semanas, la Justicia ordenó embargos sobre inmuebles vinculados a Joaquín De Grazia, presidente del grupo, y Elba Elisa De Grazia, mientras que en una causa separada contra Avex SA decretó una inhibición general de bienes que alcanza a la sociedad y a cinco personas vinculadas.
Las medidas fueron dictadas a partir de reclamos de entidades financieras por deudas de Granja Tres Arroyos y Avex. En paralelo, la avícola acumula pedidos de quiebra, ejecuciones y reclamos de distintos acreedores, mientras intenta avanzar con una reestructuración de pasivos por u$s350,9 millones.
Uno de los expedientes corresponde a una ejecución contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por una deuda de $1.194,95 millones, más otros $600 millones calculados provisoriamente para intereses y costas.
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, donde el juez Gerardo Santicchia ordenó embargar los inmuebles denunciados por el acreedor, siempre que registralmente figuren a nombre de Joaquín De Grazia o Elba Elisa De Grazia.
Los bienes identificados son un departamento y una cochera ubicados sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno ubicado en Canning; y una vivienda situada en el Highland Park Country Club, en Pilar.
La resolución no implica un embargo indiscriminado sobre todos los bienes de los integrantes de la familia De Grazia. La medida deberá concretarse específicamente sobre esas propiedades si los registros correspondientes confirman que son de titularidad de Joaquín o Elba De Grazia.
La novedad respecto de lo que se conocía semanas atrás es que los embargos ya fueron ordenados por la Justicia y dejaron de ser solamente una pretensión de los acreedores.
En la misma causa, el juez Gerardo Santicchia decidió no hacer lugar por el momento al pedido de inhibición general de bienes. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de analizar esa medida posteriormente, una vez que se conozca el resultado de los embargos sobre las propiedades denunciadas.
La inhibición general de bienes sí aparece en otro expediente, iniciado contra Avex SA a raíz de una deuda reclamada por una entidad financiera. En ese caso, el monto reclamado asciende a u$s115.000, más otros u$s34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas.
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El expediente contra Avex tramita ante el Juzgado Comercial N°16, a cargo del juez Diego Manuel Paz Saravia.
En esa causa, la Justicia también ordenó el embargo de las dos unidades ubicadas en Francisco Beiró 4557/4561, en la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia.
Además, dispuso el embargo del usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre un inmueble ubicado en Highland Park Country Club, en Pilar.
Pero la resolución fue más amplia en este expediente: el juzgado decretó la inhibición general de bienes de Avex SA y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.
La diferencia entre ambas medidas es concreta: mientras el embargo recae sobre bienes determinados, la inhibición general restringe la posibilidad de disponer de bienes registrables de las personas y sociedades alcanzadas por la resolución judicial.
A estos expedientes se suma otra ejecución prendaria contra Granja Tres Arroyos, por $55,78 millones, más otros $25 millones estimados para intereses y costas.
En ese caso, la Justicia ordenó avanzar sobre el bien dado en garantía y también dispuso medidas sobre inmuebles denunciados, aunque sujetas a la correspondiente titularidad registral.
La presión judicial sobre la empresa también se refleja en la cantidad de acreedores que recurrieron al fuero comercial para intentar cobrar sus créditos y, en algunos casos, solicitar directamente la quiebra de Granja Tres Arroyos.
Actualmente figuran cuatro pedidos de quiebra contra la avícola, impulsados por ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.
A estos expedientes se suman distintos juicios ejecutivos iniciados contra la empresa. Entre ellos aparecen los promovidos por MAS Protección S.A., Sartore Hermanos SRL, Award Support S.R.L. y Trade Service S.A., además de las dos causas iniciadas por la entidad financiera que derivaron en los embargos.
La empresa negocia una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones mientras se multiplican los reclamos judiciales.
La situación financiera de Granja Tres Arroyos también queda reflejada en sus cheques rechazados.
Según los datos incluidos en el relevamiento, la compañía registra 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones, mientras que Avex suma 755 cheques rechazados por $7.300 millones.
Por su parte, Wade registra 690 cheques rechazados por $7.955 millones.
En conjunto, las tres sociedades acumulan 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones. A esto se suma un pasivo bancario de Granja Tres Arroyos superior a $42.400 millones.
El volumen de reclamos muestra que la situación no se concentra en una única negociación con un acreedor: mientras la empresa intenta reestructurar sus pasivos, distintos acreedores avanzan por separado en los tribunales mediante ejecuciones y pedidos de quiebra.
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La crisis también se extendió a las distintas unidades productivas del grupo. El último episodio se produjo en Capitán Sarmiento, donde Granja Tres Arroyos suspendió las operaciones desde el 31 de agosto "hasta nuevo aviso" por falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas.
La compañía comunicó al personal que no debía concurrir a trabajar, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor. La decisión generó preocupación entre los trabajadores por la continuidad de la planta y por el eventual pago de indemnizaciones.
Según trascendió, maquinaria concesionada por terceros fue retirada del establecimiento. Entre los equipos mencionados aparecen zorras, elementos para el armado de cajas y otros utilizados en la operación.
También fuentes vinculadas con la situación señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas y depósitos.
La situación de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres y suspensiones que redujeron la capacidad operativa del grupo.
La planta de Tristán Suárez fue cerrada y dejó 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. En Becar, Concepción del Uruguay, también se produjo el cierre y sus trabajadores fueron trasladados a La China, que permanece paralizada desde fines de mayo.
En Avex Río Cuarto, una parada que inicialmente había sido anunciada por dos semanas terminó extendiéndose y afectó a unos 350 trabajadores. En agosto también se suspendió a todo el personal de Pinazo, en Pilar.
En Wade II, ex Cresta Roja, se registraron paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, funciona con una actividad considerablemente reducida.
A mediados de agosto, además, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de 900 empleados. Los telegramas atribuyeron las cesantías a una "grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora", mientras que el gremio denunció atrasos de más de cinco quincenas en el pago de salarios.
En medio de este escenario, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, con VALO como asesor financiero.
La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.
El proceso de reestructuración se desarrolla mientras los acreedores continúan recurriendo a la Justicia mediante ejecuciones y pedidos de quiebra, al tiempo que se acumulan los cheques rechazados y las deudas de las distintas sociedades del grupo.
La novedad judicial modifica el escenario para la familia De Grazia: la presión de los acreedores ya no se limita a las sociedades vinculadas a Granja Tres Arroyos y Avex, sino que también derivó en medidas sobre determinados bienes de Joaquín y Elba De Grazia y en una inhibición general que alcanza a cinco personas vinculadas al grupo.
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