2 de septiembre de 2026
La audiencia fue encabezada por el juez de Garantías Sergio López Martí, con la intervención del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. De acuerdo con la acusación, el supuesto faltante habría ocurrido durante los ejercicios 2023 y 2024 y estaría vinculado con dinero proveniente del pago en efectivo de tasas y servicios municipales.
Uno de los puntos centrales de la investigación es reconstruir qué sucedió con los fondos que ingresaban a las distintas dependencias de San Juan Servicios ubicadas en Barreal, la villa cabecera y el edificio municipal.
Según la información expuesta durante la investigación, esos pagos en efectivo debían quedar bajo la responsabilidad de la Tesorería y posteriormente ser depositados en las cuentas bancarias de la Municipalidad. Campos era, según la acusación, la funcionaria encargada de custodiar esos fondos y realizar los depósitos correspondientes.
Las inconsistencias fueron detectadas durante los controles sobre las cuentas municipales y posteriormente sometidas a una auditoría. El intendente Sebastián Carbajal explicó que inicialmente se había detectado una diferencia cercana a los $50 millones correspondiente a 2023 y que, al ampliar la revisión sobre los ejercicios 2023 y 2024, el monto investigado llegó aproximadamente a los $107 millones.
La información publicada sobre el caso señala además que la auditoría estuvo vinculada al sistema SIGAP, utilizado por el municipio para registrar los ingresos y egresos. A partir de esos registros se habría podido contrastar el dinero que figuraba como recaudado con los depósitos realizados.
La causa por los $107 millones de Calingasta avanzó: Martha Campos fue imputada y la Justicia investiga el recorrido del dinero municipal.
La Justicia no ordenó la prisión preventiva de Campos. La exfuncionaria continuará el proceso en libertad, aunque con medidas de coerción.
Entre ellas se estableció la prohibición de entorpecer la investigación, la imposibilidad de salir de la provincia de San Juan sin autorización judicial y la prohibición de mantener contacto o acercamiento con los testigos vinculados al expediente.
La formalización significa que la investigación penal ya cuenta con una hipótesis concreta y una persona formalmente imputada, pero no implica una declaración de culpabilidad. Será la Fiscalía la que deberá reunir las pruebas necesarias para determinar si la acusación puede sostenerse durante el proceso.
Con la investigación en marcha, uno de los principales interrogantes pasa por establecer cuánto dinero ingresó efectivamente a las arcas municipales, cuánto debía haber sido depositado y qué ocurrió con las diferencias detectadas.
La causa deberá avanzar sobre los registros contables, la documentación respaldatoria y los movimientos vinculados con la recaudación. El objetivo será determinar si las diferencias denunciadas responden a una maniobra delictiva y, en ese caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con la información publicada por medios locales, el juez fijó un plazo para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria. Una fuente informó ocho meses, mientras que otra publicación consignó un año, por lo que el plazo exacto debe ser tomado con cautela hasta contar con la resolución judicial correspondiente.
El expediente por el faltante no es el único frente judicial abierto en el municipio.
Días después de que Carbajal denunciara a su extesorera, el presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, presentó una denuncia penal contra el propio intendente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación fue realizada ante la UFI Delitos Especiales.
El planteo del Concejo está relacionado con la falta de respuesta a pedidos de informes y con la remisión de documentación contable y administrativa. Según el concejal Sebastián Ramos, el cuerpo legislativo realizó 15 pedidos para que el Ejecutivo corrigiera y remitiera determinados balances e informes correspondientes a 2024 y 2025.
Esta segunda presentación todavía se encuentra en una instancia preliminar: Fiscalía debe analizar los elementos aportados y determinar si corresponde avanzar con medidas de investigación o desestimar la denuncia.
Por ahora, ambos casos deben mantenerse diferenciados. La investigación por el faltante de fondos tiene a Martha Noelia Campos como imputada por presunto peculado, mientras que la denuncia contra Carbajal apunta a otra conducta: la presunta falta de cumplimiento de obligaciones vinculadas con el suministro de información al Concejo Deliberante.
Lo que sí tienen en común es que ambos expedientes ponen bajo revisión judicial distintos aspectos del funcionamiento administrativo de la Municipalidad de Calingasta.
La novedad más importante de la causa por los $107 millones es que ya existe una imputación formal y que la Justicia deberá reconstruir durante la investigación el recorrido de los fondos que ingresaron al municipio. Por ahora, no existe una condena y tampoco una resolución que determine definitivamente dónde terminó el dinero.
$107 millones bajo investigación: qué busca determinar ahora la Justicia en Calingasta
La Fiscalía deberá profundizar la documentación contable y los registros utilizados para detectar las diferencias, además de avanzar sobre los elementos que permitan determinar si existió una apropiación indebida de fondos públicos y quiénes tuvieron responsabilidad.
Mientras tanto, la causa contra Campos continuará en etapa de investigación y la denuncia presentada contra Carbajal deberá atravesar su propio análisis por parte del Ministerio Público Fiscal.
La otra cara del poder.
Noticias sin filtro de Argentina y el mundo. Política, escándalos,
economía, sociedad y redes. Leé lo que otros callan.
©
2026 | Mundo Poder |
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario