2 de septiembre de 2026
El Gobierno de Río Negro presentó a Felisario Melillán como presidente de la Cooperativa Santa Clara durante la apertura de ofertas para construir 30 viviendas en Viedma. Tres días después, una disposición provincial señaló que la entidad no presentaba "visos de regularidad" desde 2015 y que tenía retirada su autorización para funcionar.
El Gobierno de Río Negro ya entregó las primeras 20 viviendas del programa Camino a Casa en marzo de 2026.
La situación genera interrogantes sobre los controles realizados por el IPPV, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos antes de avanzar con una operatoria habitacional financiada con fondos provinciales. La propia documentación oficial confirma que las futuras familias beneficiarias habían sido seleccionadas por la cooperativa.
El Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, quedó bajo cuestionamiento por la situación de la Cooperativa de Vivienda Santa Clara, vinculada al programa Camino a Casa en Viedma. El 21 de agosto, durante la apertura de ofertas para la construcción de 30 viviendas, el Ejecutivo provincial presentó públicamente a Felisario Melillán como presidente de la entidad. Tres días después, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales firmó la Disposición 0222/2026, en la que describió una situación de irregularidad institucional que se arrastraba desde 2015.
El documento provincial sostiene que la cooperativa no presentaba "visos de regularidad" ni manifestaciones destinadas a normalizar su situación documental, contable y asamblearia. Además, señala que el INAES había dispuesto el retiro de la autorización para funcionar mediante las resoluciones 879/2024 y 1364/2024. La situación jurídica de la entidad incluye un recurso administrativo pendiente, según la documentación difundida sobre el caso.
La relación entre la Provincia y la Cooperativa Santa Clara se encuadra en el programa Camino a Casa, mediante el cual se proyectaron 50 viviendas en Viedma. Las primeras 20 unidades fueron entregadas en marzo de 2026 y el Gobierno provincial informó entonces que la ejecución había estado a cargo del IPPV junto con la cooperativa. La inversión de esa primera etapa fue superior a $1.650 millones, según la información oficial.
Para completar el proyecto, el IPPV convocó a una nueva licitación para 30 viviendas. El organismo oficial indicó que los adjudicatarios de esas futuras unidades "ya fueron seleccionados por la Cooperativa Santa Clara" y que los lotes donde se construirían las viviendas pertenecían a la entidad. También informó que esos terrenos ya contaban con servicios ejecutados mediante programas anteriores.
La apertura de ofertas se realizó el 21 de agosto en el Salón Gris de la Casa de Gobierno de Río Negro. La información oficial identificó a Felisario Melillán como presidente de la cooperativa y lo ubicó junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y otros funcionarios provinciales y municipales.
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Para las 30 viviendas de la segunda etapa se presentaron dos ofertas. Oriente Construcciones cotizó $2.920.955.516, mientras que Sylpa SRL presentó una propuesta de $3.177.213.192.
Tomando esos valores y dividiéndolos por las 30 unidades, las ofertas representan aproximadamente $97,4 millones y $105,9 millones por vivienda, respectivamente.
Las unidades corresponden al prototipo de aproximadamente 36 metros cuadrados, por lo que el costo ofertado equivale a unos $2,70 millones y $2,94 millones por metro cuadrado, según la comparación planteada en la documentación periodística sobre el caso.
Es importante precisar que una oferta no equivale por sí misma a un sobreprecio definitivamente pagado. El proceso licitatorio establece las propuestas económicas presentadas por las empresas; para determinar si existe un sobrecosto debería analizarse la adjudicación, el contrato definitivo, el precio finalmente pagado y una comparación técnicamente homogénea con otras obras de características equivalentes.
La Cooperativa Santa Clara fue vinculada por el Gobierno provincial al programa Camino a Casa para construir 50 viviendas en Viedma.
El relevamiento difundido sobre el caso comparó los valores de las viviendas del programa provincial con propiedades nuevas ofrecidas en el mercado inmobiliario de Viedma.
Como referencia se tomó una vivienda de 38,6 metros cuadrados, con dormitorio independiente, baño completo y cocina-comedor, cuyo valor equivalía a aproximadamente $1,80 millones por metro cuadrado.
Con esa referencia, la oferta de Oriente Construcciones resulta aproximadamente 50% superior, mientras que la de Sylpa se ubica alrededor de 64% por encima.
Sin embargo, la comparación debe ser considerada como una referencia y no como una prueba definitiva de sobreprecio: las viviendas privadas terminadas y las unidades proyectadas por el programa estatal presentan características, procesos constructivos y condiciones contractuales que deben ser analizados antes de establecer una equivalencia económica definitiva.
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La primera etapa del proyecto contempló 20 viviendas, que fueron entregadas en marzo de 2026. El Gobierno de Río Negro informó que la inversión provincial superó los $1.650 millones y que las unidades formaban parte del convenio de 50 viviendas con la Cooperativa Santa Clara.
Según la información oficial, esas viviendas fueron ejecutadas por el IPPV junto con la cooperativa. La Provincia también señaló que las nuevas unidades completarían el proyecto habitacional previsto originalmente para las familias vinculadas con la entidad.
La documentación analizada sobre la primera etapa ubica el costo final en $1.671.429.239, lo que representa aproximadamente $83,57 millones por cada una de las 20 viviendas.
Las unidades tienen una superficie cercana a los 36 metros cuadrados y responden a un modelo evolutivo, es decir, una vivienda inicial pensada para posteriores ampliaciones.
El punto central del caso aparece en la Disposición 0222/2026, firmada el 24 de agosto por el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Posse.
El documento sostiene que la Cooperativa Santa Clara no presentaba "visos de regularidad" desde 2015 y que no había realizado acciones suficientes para normalizar su situación documental, contable y asamblearia.
La disposición también menciona el retiro de la autorización para funcionar dispuesto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante las resoluciones 879/2024 y 1364/2024. Fuentes que analizaron el documento señalaron que la medida ubicaba a la entidad en un proceso de disolución y liquidación, aunque también existe un recurso administrativo relacionado con esa situación.
Por eso, el aspecto que requiere explicación no es únicamente la situación interna de la cooperativa, sino cómo se compatibilizó ese estado institucional con su participación en un programa habitacional provincial.
La documentación conocida deja planteados varios interrogantes sobre el circuito de controles dentro del Gobierno de Río Negro.
El primero es cuándo tomó conocimiento el IPPV de las resoluciones del INAES y qué evaluación jurídica realizó antes de mantener la relación con la cooperativa.
El segundo está relacionado con la selección de beneficiarios. El propio Gobierno provincial informó que las familias que recibirían las 30 nuevas viviendas ya habían sido seleccionadas por Santa Clara.
También queda por aclarar qué organismo provincial verificó la situación jurídica de la entidad y qué controles se aplicaron sobre la nómina de beneficiarios antes de comprometer nuevos fondos públicos.
La existencia de estas preguntas no permite afirmar por sí misma que haya existido corrupción. Sí muestra una contradicción documental entre la participación pública de la cooperativa en una política habitacional y la situación institucional consignada posteriormente por el propio organismo provincial encargado de su control.
La secuencia temporal concentra buena parte de los interrogantes. El 21 de agosto, el Gobierno provincial realizó la apertura de ofertas para las 30 viviendas y presentó a Felisario Melillán como presidente de la Cooperativa Santa Clara. El 24 de agosto, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales dejó asentada en una disposición la situación irregular de la entidad.
La propia información oficial del Gobierno confirma que la cooperativa participaba del programa y que los beneficiarios de las nuevas viviendas habían sido seleccionados por ella.
El interrogante central pasa entonces por determinar qué información estaba disponible dentro de la administración provincial antes de la apertura de ofertas y qué controles se realizaron sobre la capacidad institucional de la entidad para continuar interviniendo en el programa.
El caso concentra tres cuestiones diferentes que deben ser analizadas por separado: la situación jurídica de la Cooperativa Santa Clara, el procedimiento de selección de beneficiarios y los valores de las obras.
En materia institucional, existe documentación que acredita que la cooperativa atravesaba una situación irregular y que el INAES había dispuesto el retiro de su autorización para funcionar. En materia habitacional, el Gobierno provincial confirmó que la entidad participó en el esquema de adjudicación de las familias y aportó los terrenos. En materia económica, las ofertas para las 30 viviendas alcanzaron entre $2.920 millones y $3.177 millones.
La información disponible permite formular preguntas sobre los mecanismos de control, pero no permite concluir por sí sola que existió un delito, un sobreprecio definitivo o una maniobra de corrupción. Para establecer esas responsabilidades sería necesario conocer la totalidad de los expedientes, dictámenes jurídicos, actos de adjudicación, contratos, controles de los organismos competentes y destino final de los fondos.
El caso, por lo tanto, coloca bajo la lupa el funcionamiento de los controles del Gobierno de Río Negro en una política habitacional que involucra fondos públicos y una entidad cuya situación institucional había sido cuestionada por la propia administración provincial.
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