2 de septiembre de 2026
Una escuela rural de Salta quedó en el centro de un reclamo por el destino de recursos destinados a infraestructura educativa. Se trata de la Escuela N.º 4662 La Salvación, ubicada en Rivadavia Banda Norte, cuyo director, Elvecio Quiroga, denunció que fueron asignados alrededor de $7 millones mediante el programa Escuela Puesta a Punto, pero que las obras previstas no se realizaron en las condiciones esperadas.
Según la denuncia, la única intervención que pudo identificarse fue una serie de trabajos de desmalezado y colocación de un cerco, por un monto estimado de $535.000. La diferencia, cercana a $6,465 millones, es la que la comunidad educativa reclama que sea explicada y documentada.
El reclamo no se limita a una discusión contable. La institución presenta distintas deficiencias edilicias que, según las autoridades escolares, requieren una respuesta.
Entre los problemas señalados aparecen columnas en condiciones preocupantes, paredes con grietas, inconvenientes en el techo de los baños y pozos o sectores deteriorados dentro del predio.
La situación adquiere mayor relevancia porque se trata de una institución educativa que esperaba obras de mantenimiento y reparación precisamente a través de un programa destinado a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas.

Una escuela de Salta reclama explicaciones por $7 millones asignados para obras que, según denuncian, no fueron realizadas en Rivadavia Banda Norte.
El director de la institución presentó una denuncia administrativa identificada con el expediente 976 el 17 de julio, mientras que posteriormente los padres de los alumnos realizaron una presentación el 31 de julio.
De acuerdo con lo denunciado por la comunidad educativa, hasta el momento no habrían recibido una respuesta satisfactoria que permita conocer qué ocurrió con los recursos asignados y cuáles fueron las obras efectivamente ejecutadas.
El punto central del reclamo no consiste en afirmar que el dinero fue desviado, algo que deberá determinarse mediante la documentación correspondiente, sino en exigir rendición de cuentas sobre los fondos y las obras que debían realizarse.
La diferencia entre los aproximadamente $7 millones previstos y los $535.000 que, según la denuncia, se habrían utilizado en trabajos identificados deja una pregunta concreta: ¿qué ocurrió con el resto de los recursos?
Para responderla será necesario acceder a los comprobantes, contratos, órdenes de trabajo, certificaciones y rendiciones correspondientes. También determinar qué organismo administró los fondos y cuál fue exactamente el mecanismo mediante el cual se asignaron y ejecutaron.
Mientras tanto, la escuela continúa señalando problemas de infraestructura que afectan a la comunidad educativa.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión sensible para cualquier administración pública: los recursos destinados a mejorar las escuelas deben poder seguirse desde la asignación hasta la obra terminada.
En La Salvación, la comunidad educativa reclama justamente eso: saber cuánto dinero llegó, qué trabajos fueron contratados, cuánto se pagó efectivamente y por qué las obras que se esperaban no aparecen reflejadas en las condiciones actuales del establecimiento.
Por ahora, lo que existe es una denuncia y un reclamo administrativo. La eventual existencia de una irregularidad deberá surgir de la documentación y de las investigaciones correspondientes. Pero la diferencia entre los fondos denunciados y los trabajos que la comunidad asegura haber identificado alcanza para exigir explicaciones concretas.
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