3 de septiembre de 2026
La empresa suministrará equipos y dos años de conectividad para 6.000 escuelas. Sin embargo, el ENACOM financiará instalación, soporte, monitoreo y un tercer año de servicio con fondos públicos.
El Gobierno aprobó un programa para conectar a 6.000 escuelas argentinas con equipos y dos años de servicio donados por Starlink, la empresa de Elon Musk. Sin embargo, el Estado deberá destinar casi US$12 millones a la instalación, el soporte técnico, el monitoreo y un tercer año de conectividad a través del ENACOM.
El acuerdo fue aprobado por el Gobierno de Javier Milei y se financiará con recursos del Fondo del Servicio Universal, administrado por el organismo regulador de las telecomunicaciones. Según la información oficial, el presupuesto total del programa asciende a US$21,876 millones, de los cuales US$9,978 millones corresponden a la donación de Starlink Argentina y US$11,898 millones serán cubiertos por el Estado.
La iniciativa fue presentada como un avance en conectividad educativa para escuelas sin internet o con servicio deficiente. La filial local de Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, entregará 6.000 kits de conectividad, accesorios y 24 meses de internet de alta velocidad y baja latencia.
Sin embargo, el esquema aprobado muestra que la donación no cubrirá todos los costos del despliegue. El Estado asumirá la instalación de las terminales, la gestión del servicio, el soporte técnico, el monitoreo de red y un tercer año de conectividad.
Ese punto es el que abre la discusión política y económica: el programa combina una donación privada de alto impacto comunicacional con un desembolso público significativo. En la práctica, la llegada de Starlink a las escuelas dependerá de fondos estatales para su implementación, operación y continuidad inicial.

El ENACOM destinará US$11,898 millones al programa. Durante el primer año, el organismo cubrirá US$4,266 millones más IVA por instalación, gestión del servicio, asistencia técnica y una plataforma de control y monitoreo.
En el segundo año, el Estado abonará otros US$2,016 millones más IVA, monto que se repetirá durante el tercer año. Además, cuando finalicen los 24 meses incluidos en la donación de Starlink, el ENACOM financiará 12 meses adicionales de internet por US$3,6 millones con IVA incluido.
Los recursos saldrán del Fondo del Servicio Universal, una caja integrada por aportes obligatorios de empresas de telecomunicaciones y destinada a extender el acceso a servicios TIC en zonas vulnerables, aisladas o con conectividad limitada.
La donación de Starlink Argentina SRL incluye el equipamiento satelital y los primeros dos años de servicio. Cada escuela recibirá un plan con 2 terabytes de datos, una reserva adicional de hasta 5 terabytes, conectividad prioritaria, atención preferencial y una dirección IP pública.
La entrega se realizará en cuatro etapas: dos primeras tandas de 1.000 terminales cada una y dos entregas posteriores de 2.000 equipos. El objetivo es alcanzar establecimientos educativos de gestión estatal y escuelas privadas de cuota cero.
La selección de los establecimientos estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, que deberá elaborar una nómina georreferenciada y coordinar con provincias y municipios los acuerdos de adhesión.

El convenio tiene un fuerte componente político. Javier Milei mantiene una relación pública de afinidad con Elon Musk, a quien presentó en distintas oportunidades como un símbolo del capitalismo tecnológico, la innovación y la desregulación.
En ese contexto, el desembarco de Starlink en escuelas argentinas le permite al Gobierno mostrar una política de conectividad con alto impacto territorial. Pero también expone interrogantes sobre los costos reales del programa, la dependencia tecnológica de una empresa extranjera y el uso de fondos públicos para sostener una iniciativa presentada inicialmente como donación.
La clave estará en la implementación. Si el programa logra conectar escuelas rurales o aisladas sin internet, el impacto educativo puede ser concreto. Pero el debate no se agota en el acceso: también involucra transparencia, proveedores, monitoreo, continuidad del servicio y control del gasto.
Otro punto sensible es la duración del acuerdo. El programa tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otro período similar. El esquema económico detalla el financiamiento de los primeros 36 meses, pero no define con precisión quién cubrirá los costos si la extensión se activa.
Ese detalle puede convertirse en un problema para el Estado. Si miles de escuelas pasan a depender de Starlink para acceder a internet, la continuidad del servicio podría obligar a nuevas partidas presupuestarias o a una renegociación con la empresa de Musk.
También queda por observar cómo se distribuirán las terminales entre provincias, qué escuelas serán priorizadas y qué controles tendrá el ENACOM sobre la calidad del servicio prestado.
El caso muestra una tensión habitual en los acuerdos entre Estados y grandes empresas tecnológicas: una donación inicial puede abrir la puerta a contratos de soporte, mantenimiento, monitoreo y renovación de servicios financiados con fondos públicos.
Para el Gobierno, el desafío será demostrar que el programa mejora la conectividad educativa y que el costo estatal está justificado. Para la oposición y los organismos de control, el foco estará puesto en el origen de los fondos, la selección de proveedores y la sustentabilidad del esquema.
La llegada de Starlink a 6.000 escuelas argentinas puede transformarse en una política de alto impacto federal. Pero también dejó expuesto el dato central detrás del anuncio: la donación de Elon Musk no será gratis para el Estado.
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