4 de septiembre de 2026
La Cámara Federal confirmó el apartamiento de cinco inversores que buscaban impulsar la investigación. El expediente por la cripto Libra quedó prácticamente en manos del fiscal Eduardo Taiano.
Otro panorama. Sin querellantes, la causa pierde presión externa y queda mucho más atada al impulso del fiscal.
La causa Libra sufrió un giro clave en Comodoro Py: la Cámara Federal confirmó la exclusión de los querellantes que representaban a presuntos damnificados por el colapso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei en febrero de 2025. Con esta decisión, el expediente queda sin impulso privado y dependerá casi exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano.
El fallo fue firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron la decisión que había tomado en primera instancia el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La resolución alcanzó a cinco inversores que pretendían seguir interviniendo como querellantes: Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.
La decisión de la Cámara Federal representa un fuerte revés para los presuntos damnificados de $LIBRA, porque los deja sin acceso directo al expediente y sin posibilidad de pedir nuevas medidas de prueba como parte acusadora. A partir de ahora, el avance de la investigación penal dependerá del criterio de la fiscalía.
El caso llegó al tribunal luego de que los querellantes apelaran el fallo de Martínez de Giorgi, quien en julio había hecho lugar a un planteo del empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los nexos locales del proyecto cripto. La Cámara respaldó ahora ese criterio y dejó firme la exclusión.
En términos procesales, la medida no implica formalmente el cierre de la causa, pero sí reduce de manera significativa la presión sobre el expediente. Sin querellas activas, se limita la posibilidad de impulsar peritajes, reclamar documentación, apelar decisiones o pedir nuevas líneas de investigación.
En el fallo, los camaristas sostuvieron que se encuentra "diluida" la hipótesis de "un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales" para llevar adelante una estafa junto a actores del mundo cripto. Esa línea había sido planteada por los inversores apartados para justificar su intervención como querellantes.
Llorens y Bertuzzi también señalaron que "ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token". Con ese argumento, el tribunal consideró que los damnificados no acreditaron de manera suficiente el engaño específico que los habría llevado a invertir.
Los jueces agregaron que los apelantes "solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra". En la misma línea, remarcaron que la operatoria se dio en un negocio "de por sí volátil", sin regulación financiera clara y con fuerte exposición al riesgo.
El fallo tiene impacto directo sobre el expediente que investiga el lanzamiento y desplome de $LIBRA, el criptoactivo que Milei difundió en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. La investigación busca determinar si el creador del token, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse al Presidente a través de Novelli y otros imputados, entre ellos Manuel Terrones Godoy.
La decisión llega en un momento sensible para el Gobierno, porque la causa había generado presión política sobre Milei, sobre su entorno más cercano y sobre la relación entre la Casa Rosada y empresarios vinculados al ecosistema cripto.
Sin la participación de los querellantes, la causa pierde uno de los motores que más había empujado pedidos de prueba e interpretaciones sobre el rol de los actores locales e internacionales. Para el oficialismo, la resolución representa un alivio judicial. Para los damnificados, un obstáculo fuerte para sostener presencia activa dentro del expediente.
Con la exclusión de los querellantes, el fiscal Eduardo Taiano queda como actor central para definir si la causa avanza, se ralentiza o termina sin nuevas medidas relevantes. La instrucción está delegada en su fiscalía, por lo que cualquier impulso probatorio dependerá ahora de sus decisiones.
Ese punto es clave porque distintos sectores cuestionaron las demoras del expediente y la falta de avances en líneas consideradas sensibles. La Cámara Federal ya había intervenido previamente para ordenar medidas y acelerar aspectos de la investigación, pero el nuevo fallo cambia el equilibrio interno de fuerzas dentro de la causa.
El escenario deja una pregunta abierta: si la fiscalía profundizará la investigación sobre los vínculos entre los promotores de Libra, empresarios locales y funcionarios, o si el expediente quedará cada vez más limitado por la interpretación de que los inversores asumieron un riesgo propio del mercado cripto.
La resolución también reaviva el debate sobre el rol de Comodoro Py en expedientes de alto impacto político. El fallo fue firmado por Llorens y Bertuzzi antes de la intervención del nuevo camarista Pablo Yadarola, recientemente incorporado a la Sala I.
La causa Libra quedó desde el inicio cruzada por la política. El posteo de Milei, la participación de empresarios cercanos al oficialismo, los movimientos de fondos y las denuncias de damnificados convirtieron al expediente en uno de los frentes judiciales más incómodos para la Casa Rosada.
El dato central es que la Cámara no analizó todavía el fondo completo de la maniobra, sino la legitimación de los inversores para actuar como querellantes. Aun así, sus argumentos sobre el riesgo del negocio cripto y la falta de demostración del ardid pueden anticipar un criterio restrictivo para el futuro del caso.
El próximo movimiento quedará en manos de la fiscalía. Taiano podrá pedir nuevas medidas de prueba, analizar documentación, avanzar sobre comunicaciones y movimientos financieros, o sostener un rumbo más limitado para la investigación.
Para los querellantes apartados, las opciones procesales se reducen, aunque podrían intentar nuevas presentaciones ante instancias superiores si consideran que la resolución afecta sus derechos como presuntas víctimas.
Por ahora, la causa Libra no está cerrada formalmente, pero queda debilitada. La exclusión de los querellantes reduce la presión sobre el expediente y le da al Gobierno un alivio en uno de los casos judiciales más sensibles vinculados a Milei.
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