4 de septiembre de 2026
Navitas y Rockhopper respondieron a las sanciones anunciadas por el Gobierno y ratificaron el desarrollo del proyecto Sea Lion. Las empresas sostienen que sus licencias son válidas y que no habrá cambios en los plazos.
Las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration desafiaron las sanciones anunciadas por Javier Milei y ratificaron que avanzarán con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La respuesta llegó horas después de la cadena nacional en la que el Presidente anticipó un endurecimiento contra empresas extranjeras que operen en el archipiélago sin autorización argentina.
Las compañías defendieron la legalidad de sus licencias y aseguraron que los anuncios del Gobierno argentino no modificarán el desarrollo del proyecto ni su cronograma. En un comunicado regulatorio, señalaron que operan con permisos otorgados por el gobierno de las islas y con respaldo del Reino Unido.
La contestación de las petroleras apuntó directamente al corazón del anuncio presidencial. Navitas, de capitales israelíes, y Rockhopper, de origen británico, son las firmas detrás de Sea Lion, el desarrollo offshore que el Gobierno argentino considera una explotación ilegítima de recursos naturales en territorio bajo disputa de soberanía.
En su comunicación al mercado, las compañías afirmaron: "La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido".
La frase marca una posición de confrontación jurídica con la Argentina. Mientras la Casa Rosada sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización argentina, las empresas se amparan en permisos otorgados por la administración británica de las islas.
Sea Lion es un proyecto de explotación offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas es la operadora y controla el 65% del desarrollo, mientras Rockhopper mantiene el 35% restante. Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión por US$1.800 millones para avanzar con la primera fase.
La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028, un plazo que por ahora las empresas aseguran que no será alterado por las medidas anunciadas desde Buenos Aires. En su respuesta, sostuvieron que "los recientes acontecimientos" no tendrán "un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización".
El avance de Sea Lion coloca a la disputa por Malvinas en un terreno económico concreto. Ya no se trata solo de un reclamo diplomático histórico, sino también de una pelea por recursos hidrocarburíferos, inversiones, licencias, proveedores y futuras exportaciones de crudo.
Durante la cadena nacional, Milei advirtió que el Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para frenar operaciones en Malvinas que no cuenten con autorización argentina. "Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho", remarcó el Presidente.
El mandatario también anticipó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659, que apunta contra empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación petrolera en el área bajo disputa.
Entre las frases más fuertes del discurso, Milei sostuvo: "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina". También advirtió que quienes operen en el archipiélago deberán elegir entre una actividad en un territorio disputado o una operación rentable y segura en la Argentina.
La respuesta de las petroleras no evitó el golpe en los mercados. Tras los anuncios de Milei, las acciones de Rockhopper Exploration cayeron alrededor de 6% en Londres, mientras que los papeles de Navitas Petroleum también retrocedieron en Tel Aviv.
La reacción financiera muestra que, aunque las compañías intentaron minimizar el impacto de las sanciones, los inversores registraron el aumento del riesgo político y legal alrededor del proyecto. Para un desarrollo offshore de largo plazo, la estabilidad regulatoria y la disponibilidad de proveedores, financiamiento y seguros son factores decisivos.
En ese punto, la estrategia argentina puede apuntar no solo a las operadoras principales, sino también a empresas que brinden servicios, financien, aseguren o participen indirectamente del proyecto. Ese será uno de los aspectos centrales del paquete legal que el Gobierno buscará poner en marcha.
La reacción de Navitas y Rockhopper confirma que el conflicto por Malvinas entra en una etapa más tensa. La Argentina busca elevar el costo de operar en el Atlántico Sur sin autorización nacional, mientras las petroleras sostienen que cuentan con licencias válidas bajo el paraguas británico.
El choque puede tener impacto diplomático con el Reino Unido y también sobre terceros países vinculados al proyecto. Navitas es una empresa israelí y Rockhopper cotiza en Londres, por lo que cualquier endurecimiento argentino puede abrir conversaciones con gobiernos, reguladores financieros y compañías proveedoras.
Para Milei, el desafío será transformar el anuncio en medidas efectivas. Si las sanciones no logran alterar el calendario de Sea Lion, el Gobierno quedará expuesto a una respuesta empresaria que ya mostró voluntad de avanzar. Si consigue afectar proveedores, financiamiento o futuras operaciones en la Argentina, la estrategia puede convertirse en una presión real sobre el proyecto.
El próximo capítulo dependerá de dos frentes. Por un lado, el Gobierno deberá precisar el alcance del decreto, los procedimientos sancionatorios y el paquete de proyectos que enviará al Congreso. Por otro, Navitas y Rockhopper buscarán mostrar continuidad operativa ante inversores y socios.
La primera producción prevista para 2028 convierte al tiempo en una variable central. Milei advirtió que, si la Argentina no actúa con rapidez, las empresas podrían avanzar hacia la explotación efectiva de reservas petroleras en una zona que el país reclama como propia.
Por ahora, las petroleras ya marcaron su posición: no reconocen que las sanciones argentinas puedan frenar el desarrollo de Sea Lion. La respuesta abrió una pulseada política, legal y económica que puede escalar en los próximos meses y que vuelve a colocar a Malvinas en el centro de la agenda nacional.
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