5 de septiembre de 2026

Política

Política. Golpe a Sea Lion: tres gigantes petroleras rechazan la exploración en Malvinas

SLB, Halliburton y Baker Hughes descartaron participar en proyectos hidrocarburíferos en las islas. YPF celebró la decisión y el Gobierno busca mostrar que las sanciones empiezan a tener impacto.

El frente abierto por el Gobierno de Javier Milei contra la explotación petrolera en Malvinas sumó un dato clave: SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres de las mayores compañías internacionales de servicios petroleros, descartaron participar en proyectos hidrocarburíferos en las islas y en sus espacios marítimos circundantes. La definición representa una señal fuerte para la estrategia argentina contra el proyecto Sea Lion.

Las tres empresas ratificaron su compromiso con el cumplimiento de la legislación argentina y tomaron distancia de cualquier actividad vinculada con exploración o producción alrededor del archipiélago. Tras los pronunciamientos, YPF celebró la posición de las compañías y destacó que sigan apostando por la Argentina.

SLB, Halliburton y Baker Hughes se bajan de Malvinas

La decisión de SLB, Halliburton y Baker Hughes tiene peso político y económico porque se trata de proveedoras globales con capacidad técnica para intervenir en desarrollos offshore complejos. Su negativa a participar en proyectos en Malvinas fortalece la posición argentina en plena pulseada por los recursos naturales del Atlántico Sur.

SLB, antes conocida como Schlumberger, comunicó que, en atención al Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes".

La compañía también reafirmó "su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes". El mensaje fue leído en el sector energético como una señal de cautela ante el endurecimiento del régimen sancionatorio argentino.

Halliburton marcó distancia del proyecto Sea Lion

Halliburton Argentina también tomó posición frente al tema. La empresa afirmó que "respeta la soberanía de la República Argentina" y remarcó que no participa en el proyecto Sea Lion "en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas".

La frase tiene una carga política evidente. Sea Lion es el desarrollo petrolero impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte del archipiélago, y quedó en el centro del discurso de Milei por avanzar sin autorización argentina.

Halliburton agregó que desarrolla sus operaciones "en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina". Para el Gobierno, ese tipo de pronunciamientos puede funcionar como respaldo indirecto al decreto que busca acelerar sanciones contra empresas, directores, accionistas y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas en la zona.

Baker Hughes también descartó participar

La tercera señal llegó de Baker Hughes Argentina, que comunicó que "no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes".

La compañía reafirmó además su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y recordó que contribuye al desarrollo de la industria energética del país desde hace más de 70 años. Ese dato no es menor: Baker Hughes tiene presencia en el mercado local y forma parte del entramado de proveedoras que trabajan con operadoras vinculadas a Vaca Muerta y otros proyectos estratégicos.

El mensaje busca dejar en claro que la firma no quiere quedar atrapada en la disputa por Malvinas ni exponerse a sanciones que puedan afectar sus negocios en territorio argentino.

YPF celebró la señal de las proveedoras globales

Tras los comunicados, YPF salió a celebrar la posición de las compañías. La petrolera destacó: "Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante".

La empresa cerró su mensaje con un breve "Gracias por el apoyo", en un gesto que buscó mostrar alineamiento entre el sector energético local y la estrategia oficial sobre Malvinas. Para YPF, el pronunciamiento también es relevante porque muchas de estas compañías son proveedoras importantes para el desarrollo de proyectos en la Argentina.

El respaldo llega en un momento sensible. El Gobierno intenta endurecer la presión sobre Sea Lion sin generar incertidumbre sobre inversiones energéticas locales. La señal de SLB, Halliburton y Baker Hughes le permite mostrar que es posible sostener negocios en el país y, al mismo tiempo, tomar distancia de operaciones cuestionadas en el Atlántico Sur.

El impacto sobre Sea Lion y Navitas

El proyecto Sea Lion quedó en el centro del conflicto. Se trata de un desarrollo offshore operado por la israelí Navitas Petroleum, con participación de la británica Rockhopper Exploration, que busca avanzar con explotación petrolera en una zona que la Argentina reclama como propia.

El problema para Sea Lion es que un proyecto de esa escala necesita una red amplia de proveedores especializados: perforación, servicios de pozo, logística marítima, ingeniería, mantenimiento, seguros, financiamiento y tecnología offshore. Si las grandes compañías globales empiezan a tomar distancia, el desarrollo puede enfrentar mayores costos, demoras o restricciones operativas.

Navitas y Rockhopper ya habían ratificado que seguirían adelante con el cronograma del proyecto pese a las sanciones argentinas. Sin embargo, la salida pública de tres proveedoras internacionales muestra que la presión legal y política de Buenos Aires puede tener efectos sobre el ecosistema empresario que rodea al desarrollo.

Las sanciones de Milei y la pelea por los recursos

Milei anunció en cadena nacional un endurecimiento de sanciones contra empresas vinculadas con actividades petroleras en Malvinas sin autorización argentina. El Gobierno invocó la Ley 26.659, conocida como ley Pino Solanas, y avanzó con el Decreto 868/26 para agilizar investigaciones y eventuales inhabilitaciones.

La estrategia oficial busca elevar el costo de operar en el archipiélago. No apunta solamente a las operadoras principales, sino también a proveedores, accionistas, directores y empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos circundantes.

Ese enfoque explica por qué los comunicados de SLB, Halliburton y Baker Hughes tienen valor político. La Argentina intenta aislar a Sea Lion y mostrar que las empresas con intereses relevantes en el país no están dispuestas a arriesgar sus operaciones locales por participar en un proyecto objetado por Buenos Aires.

Qué significa para el Gobierno

El pronunciamiento de las tres proveedoras globales le da al Gobierno una primera señal favorable después del anuncio de sanciones. Milei había prometido utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender los recursos argentinos en el Atlántico Sur. Ahora, la Casa Rosada puede mostrar que parte del mercado petrolero tomó nota del nuevo escenario.

Sin embargo, el desafío está lejos de resolverse. Sea Lion sigue en pie y sus operadoras aseguran que no modificarán los plazos. La clave será determinar si el Gobierno logra afectar a otros proveedores críticos, financistas o aseguradoras del proyecto.

También habrá que observar cómo impacta el caso en Vaca Muerta. La Argentina necesita a las grandes compañías de servicios petroleros para sostener el salto exportador de la cuenca neuquina. Por eso, la estrategia oficial deberá combinar firmeza sobre Malvinas con previsibilidad para los negocios energéticos dentro del país.

Qué puede pasar ahora con las petroleras en Malvinas

El próximo paso será ver si más empresas del sector hacen pronunciamientos similares. Si otras proveedoras globales se despegan de Sea Lion, el proyecto podría quedar más dependiente de firmas con menor exposición en la Argentina o de compañías dispuestas a asumir un riesgo legal mayor.

La Cancillería y los organismos competentes deberán avanzar en la aplicación concreta del decreto, con notificaciones, análisis de vínculos empresarios y eventuales procesos sancionatorios. La efectividad de la medida se medirá por su capacidad para condicionar contratos, licitaciones, servicios técnicos y financiamiento.

Por ahora, el dato político es fuerte: tres gigantes de servicios petroleros descartaron trabajar en Malvinas y dejaron una señal de respaldo a la posición argentina. En la pulseada contra Sea Lion, el Gobierno consiguió una primera foto favorable.

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