5 de septiembre de 2026
La mayor avícola del país acumula cinco ejecuciones judiciales contra la empresa y firmas vinculadas. Banco Credicoop impulsó cuatro demandas y la presión ya alcanza a integrantes de la familia De Grazia.
Crisis. La atención estará puesta en nuevos reclamos de acreedores, eventuales pedidos de quiebra, medidas sobre bienes y la negociación de la reestructuración.
La crisis de Granja Tres Arroyos escaló en la Justicia: la mayor avícola del país enfrenta cinco ejecuciones comerciales y embargos por más de $2.600 millones, en medio de una tormenta financiera que golpea a la empresa, a sociedades vinculadas y a integrantes de la familia De Grazia, controlante histórica del grupo.
El relevamiento judicial detectó expedientes por $1.657 millones de capital y US$115.000, que con intereses y costas estimados llevan las ejecuciones en pesos por encima de los $2.638 millones. El actor más activo es el Banco Credicoop, que promovió cuatro de las cinco demandas en distintos juzgados comerciales.
El expediente de mayor magnitud tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo D. Santicchia. Allí, Credicoop reclama el cobro de un pagaré a la vista emitido originalmente por $1.500 millones, del cual se adeudan más de $1.194 millones en concepto de capital. Con intereses y gastos, el monto procesal asciende a $1.794,9 millones.
La demanda alcanza a Granja Tres Arroyos y a integrantes de la familia De Grazia, que, según la presentación judicial, se habían constituido como fiadores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de las obligaciones de la compañía. La Justicia ordenó embargar inmuebles denunciados, siempre que figuren registralmente a nombre de los familiares involucrados.
La novedad marca un salto en la crisis: los reclamos ya no se limitan a la empresa, sino que empiezan a impactar sobre bienes vinculados al núcleo familiar que controla el grupo. Ese dato aumenta la presión sobre una compañía que arrastra problemas operativos, financieros y laborales desde hace meses.
La segunda ejecución importante afecta a Wade SA, una firma vinculada al grupo. También fue promovida por Credicoop y tiene origen en un pagaré emitido el 30 de diciembre de 2025 por $250 millones. Tras un pago parcial, el capital reclamado quedó en $206,3 millones, con una cifra idéntica estimada para intereses y costas. El monto total de la ejecución llega a $412,6 millones.
El tercer frente judicial involucra a Avex SA, otra sociedad asociada a Granja Tres Arroyos. En ese caso, el reclamo está expresado en dólares: US$115.000 por un pagaré suscripto el 2 de julio de 2026 y presentado al cobro el 3 de agosto sin cancelación. La Justicia intimó a los demandados por ese monto más US$34.500 estimados para intereses y costas.
En esa causa, el juez Diego Manuel Paz Saravia, del Juzgado Comercial N°16, dispuso embargos sobre inmuebles y decretó la inhibición general de bienes de Avex y de cinco codemandados: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.
Otro expediente fue iniciado por la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred, que reclama $200 millones contra Granja Tres Arroyos y contra Guido De Grazia, Joaquín De Grazia y Marcelo Carlos De Grazia como fiadores. El caso tiene origen en un cheque electrónico de pago diferido librado en diciembre de 2025 y rechazado por falta de fondos en marzo de 2026.
La Justicia hizo lugar al embargo de créditos que Granja Tres Arroyos tuviera para cobrar de DIA Argentina SA, hasta cubrir $200 millones de capital más $150 millones presupuestados para intereses y costas. Ese dato muestra cómo los acreedores empiezan a avanzar no solo sobre bienes, sino también sobre flujos de cobro de la empresa.
La quinta causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, a cargo de Hernán Diego Papa, y corresponde a una ejecución prendaria impulsada nuevamente por Credicoop. El banco reclama $55,7 millones por dos préstamos garantizados con maquinaria y pidió el embargo y secuestro de dos tractores.
El frente judicial se suma a un deterioro financiero que venía encendiendo alarmas en el sector. En mayo, un informe comercial reveló que Granja Tres Arroyos mantenía deudas bancarias por más de $51.700 millones, además de atrasos previsionales, fiscales y cheques rechazados por falta de fondos.
La empresa llegó a concentrar cerca del 35% de la faena avícola del país, pero su liderazgo quedó comprometido por la caída operativa. Fuentes del sector señalaron que la faena bajó más del 50% y que una parte importante de los productores integrados dejó de trabajar con la compañía.
La tensión también alcanzó a los trabajadores. En distintas plantas se registraron suspensiones, retiros voluntarios, reducción de jornadas y conflictos por atrasos salariales. El caso más sensible se dio en Concepción del Uruguay, donde el cierre y la paralización de operaciones golpearon a cientos de empleados.
La presión judicial no se agota en las cinco ejecuciones. La empresa también enfrenta pedidos de quiebra de distintos acreedores, mientras intenta avanzar con una reestructuración de deuda por US$350,9 millones. Esa propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de activos no estratégicos.
El problema es que los acreedores comenzaron a moverse por separado en los tribunales. Mientras la compañía busca ordenar su pasivo, bancos, cooperativas de crédito y proveedores avanzan con reclamos para cobrar deudas, trabar embargos o directamente pedir la quiebra.
En conjunto, Granja Tres Arroyos, Avex y Wade acumulan miles de cheques rechazados y deudas crecientes. Según información publicada sobre el estado del grupo, las tres sociedades suman 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones, un volumen que expone la profundidad de la crisis.
El caso de Granja Tres Arroyos tiene impacto más allá de la compañía. Por su peso en la faena, en la integración de productores y en el empleo regional, cualquier deterioro de la empresa afecta a proveedores, granjas integradas, transportistas, frigoríficos, trabajadores y comercios vinculados a la cadena avícola.
La crisis también expone una tensión de fondo en la economía real: empresas líderes con altos costos operativos, menor acceso al crédito, vencimientos acumulados y dificultades para sostener pagos corrientes. En el agro y la industria alimenticia, esos problemas se trasladan rápido a proveedores y empleo.
Para el Gobierno, el caso funciona como una señal de alerta. La normalización macroeconómica no alcanza si compañías grandes del entramado productivo siguen enfrentando estrés financiero, caída de actividad y presión judicial por deudas vencidas.
El futuro inmediato dependerá de tres variables: la capacidad de la empresa para cerrar una reestructuración con acreedores, la evolución de los embargos y la posibilidad de sostener operaciones en sus plantas. Si no logra ordenar su deuda, la presión judicial puede acelerar nuevas medidas sobre bienes, cuentas, créditos comerciales o activos productivos.
También será clave la reacción de trabajadores y productores integrados. Los atrasos en pagos, la caída de faena y las suspensiones ya afectaron la confianza dentro de la cadena. Una reactivación parcial podría aliviar la tensión, pero el volumen de reclamos judiciales muestra que la crisis entró en una fase más compleja.
Por ahora, el dato central es contundente: Granja Tres Arroyos enfrenta cinco ejecuciones, embargos millonarios y una presión financiera que ya golpea a las sociedades vinculadas y a la familia controlante.
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