5 de septiembre de 2026
Bluewater fabricó monoboyas para el oleoducto estrella de Vaca Muerta y también alquiló un buque para el proyecto Sea Lion. El dato complica el endurecimiento de sanciones anunciado por Milei.
La polémica por el petróleo en Malvinas sumó un nuevo capítulo: Bluewater Energy Services, una empresa neerlandesa que proveyó infraestructura estratégica para el Vaca Muerta Oleoducto Sur, también trabaja para Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration impulsan al norte de las islas. El dato aparece en medio del endurecimiento de sanciones anunciado por Javier Milei contra compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
La empresa fabricó las dos monoboyas que utilizará el VMOS, el oleoducto de exportación impulsado por YPF junto con Vista Energy, Pampa Energía, Pan American Energy, Chevron, Shell y Pluspetrol en la costa de Río Negro. Al mismo tiempo, Bluewater es dueña del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante que será utilizada para iniciar la producción de crudo en Sea Lion.
El hallazgo abre una zona sensible para el Gobierno. Bluewater es una firma especializada en sistemas flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocidos como FPSO, además de sistemas de amarre y boyas para la industria petrolera. Esa doble especialidad explica su presencia en dos proyectos muy distintos, pero políticamente conectados por la disputa de soberanía: Vaca Muerta y Malvinas.
En el caso argentino, la compañía fabricó las monoboyas tipo Turret CALM que se instalarán frente a la costa de Río Negro para permitir la carga directa de petroleros de gran porte sin necesidad de infraestructura portuaria fija. Cada unidad pesa 272 toneladas y mide 15,3 metros de diámetro.
En el caso de Sea Lion, Bluewater firmó un contrato con Navitas para el uso del Aoka Mizu por 12 años, con ocho opciones de extensión anual. La propia empresa estimó un respaldo de ingresos operativos de más de US$650 millones para todo el período del acuerdo.

Desde el consorcio del VMOS aseguraron que no existe conflicto con la contratación de Bluewater. Según explicaron, el acuerdo por las monoboyas se firmó el 12 de junio de 2025, antes de que la firma neerlandesa quedara vinculada públicamente con el proyecto Sea Lion.
La posición oficial del consorcio fue tajante: "El proceso de contratación de las monoboyas a Bluewater Energy Services cumplió con todos los requisitos establecidos por los procedimientos internos de compliance de la compañía y con la normativa nacional vigente".
También aclararon: "Al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater Energy Services no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion". La precisión apunta a despegar al oleoducto estrella de Vaca Muerta de una eventual infracción al régimen argentino sobre actividades petroleras en Malvinas.
Sin embargo, el caso tiene un punto incómodo: el contrato entre VMOS y Bluewater seguía técnicamente vigente cuando la empresa neerlandesa firmó su acuerdo por el Aoka Mizu para Sea Lion. Esa superposición temporal no implica por sí sola una irregularidad, pero sí puede convertirse en materia de análisis para el Gobierno y los organismos de control.
La aparición de Bluewater cobra mayor relevancia porque Milei anunció por cadena nacional un decreto para agilizar sanciones contra empresas vinculadas a actividades petroleras en Malvinas. El Gobierno invocó la Ley 26.659, conocida como ley Pino Solanas, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
El decreto no crea sanciones nuevas, sino que reglamenta la aplicación de esa norma. El cambio político está en el alcance: ahora el Ejecutivo apunta también a accionistas, directores y proveedores de compañías sancionadas, con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
Además, el Gobierno instruyó a todos los organismos del Estado a informar a la Cancillería cualquier incumplimiento detectado dentro de los cinco días hábiles. También incorporó una declaración jurada obligatoria para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una señal directa a empresas que quieran hacer negocios estratégicos en la Argentina.

El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y volvió al centro de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Navitas opera el 65% del desarrollo y Rockhopper conserva el 35% restante.
El plan contempla más de 60 pozos submarinos en dos áreas, con una inversión combinada de US$3.900 millones hasta completar todas las fases. Para la primera etapa, las empresas prevén alcanzar el primer petróleo en marzo de 2028.
El dato empresario complica la estrategia argentina porque muestra que el negocio petrolero en Malvinas no se limita a las operadoras principales. Detrás de Navitas y Rockhopper hay proveedores, buques, servicios técnicos, financiamiento, seguros, logística marítima y contratos de largo plazo.
El caso Bluewater genera ruido porque el VMOS es uno de los proyectos más importantes para convertir el potencial de Vaca Muerta en exportaciones masivas de crudo. El oleoducto conectará la cuenca neuquina con una nueva terminal marítima en Punta Colorada, Río Negro, y es considerado una obra clave para duplicar las exportaciones petroleras argentinas.
Las monoboyas fabricadas por Bluewater ya están en viaje hacia la Argentina. El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el 20 de agosto que las dos estructuras habían cruzado el Estrecho de Ormuz y avanzaban rumbo a Punta Colorada, con llegada prevista para finales de octubre. "Cada vez falta menos para que todo el potencial de Vaca Muerta se transforme en más producción, más exportaciones y más trabajo para los argentinos", sostuvo.
El Gobierno enfrenta ahora un equilibrio delicado: endurecer el régimen contra proveedores de Sea Lion sin afectar proyectos estratégicos locales que ya tienen contratos firmados con empresas globales. En ese punto, el caso Bluewater puede funcionar como test para medir hasta dónde llegarán las sanciones.

Más allá del frente legal, Sea Lion también enfrenta una ecuación económica compleja. Perforar un pozo en Vaca Muerta cuesta entre US$10 millones y US$20 millones, mientras que uno offshore como los requeridos en Malvinas puede rondar entre US$70 millones y US$140 millones, según estimaciones del sector.
El ex secretario de Energía y ex presidente de YPF Daniel Montamat resumió el problema de rentabilidad: "Como vienen dados los precios internacionales, que ya son muy fluctuantes, si bajan y suben los costos, por lejanía, zona de conflicto, no hay renta para apropiar y repartir. La explotación se vuelve no rentable".
Montamat agregó que, si caen los precios internacionales, una explotación en una zona alejada y en conflicto "puede volverse no rentable". Esa lectura explica por qué el Gobierno apuesta a elevar el costo jurídico y político del proyecto antes de que avance hacia la producción.
Hasta el momento, Bluewater no figura en la lista de los primeros 45 nombres alcanzados por procesos sancionatorios, aunque la Cancillería informó que notificó a 180 empresas vinculadas al tema. El caso puede quedar bajo revisión si el nuevo esquema oficial avanza sobre proveedores directos o indirectos del proyecto Sea Lion.
La pregunta central es si el Gobierno buscará sancionar a firmas que, además de trabajar para Malvinas, también mantienen contratos o vínculos con proyectos estratégicos dentro de la Argentina. Una aplicación estricta podría generar señales fuertes hacia Sea Lion, pero también incertidumbre para empresas internacionales que participan en obras clave de infraestructura energética.
Por ahora, el caso expone una tensión de fondo: la Argentina necesita proveedores globales para desarrollar Vaca Muerta, pero al mismo tiempo busca castigar a las compañías que colaboren con la explotación petrolera británica en Malvinas. Bluewater quedó justo en el centro de esa contradicción.
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