Política. Créditos VIP en el Nación: las propiedades que compraron funcionarios de Milei

Los créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei volvieron al centro de la escena política después de una investigación publicada por el diario Perfil, que cruzó datos de la Central de Deudores del Banco Central con declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. El relevamiento expuso qué propiedades compraron algunos beneficiarios, cuánto adeudan y cómo evolucionaron sus patrimonios.

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó más de 25.000 créditos hipotecarios bajo el programa +Hogares con BNA. De ese total, 1.120 fueron destinados a Personas Expuestas Políticamente, una categoría que incluye funcionarios, legisladores y dirigentes con responsabilidades públicas.

Créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei

La polémica había estallado en abril, cuando se conoció que varios integrantes del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza habían accedido a préstamos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación. El caso derivó en pedidos de informes, denuncias judiciales y explicaciones públicas del oficialismo.

Uno de los episodios de mayor impacto político fue la salida de Leandro Massaccesi, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello decidió desplazarlo luego de que quedara involucrado en la controversia por el acceso a un crédito hipotecario de la entidad estatal.

Ahora, la discusión se reactivó a partir de la investigación del diario Perfil, que detalló las propiedades adquiridas por funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. La pregunta política de fondo es si esos préstamos fueron otorgados bajo condiciones generales disponibles para cualquier cliente que calificara o si existieron ventajas, flexibilizaciones o tratos preferenciales para personas con poder político.

El equipo de Caputo y las propiedades compradas

Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del equipo económico que responde al ministro Luis "Toto" Caputo, conocido en la interna oficialista como "Los Picantes".

Uno de los casos es el de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo. Según los datos publicados por Perfil, obtuvo un crédito de aproximadamente $373 millones y en noviembre de 2024 adquirió, junto con otra persona, una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro, valuada ante la Oficina Anticorrupción en $191.599.800.

Su patrimonio declarado pasó de $94,7 millones a $298,7 millones en un año, aunque al considerar la deuda con el Banco Nación el patrimonio neto queda en terreno negativo. La investigación también marcó una inconsistencia: si bien Núñez declaró luego haber comprado la propiedad en 2024, el inmueble no figuraba en su declaración patrimonial correspondiente a ese año.

Otro integrante del equipo económico es Federico Furiase, secretario de Finanzas, quien accedió a un crédito de $367,6 millones en agosto, con una tasa estimada del 8%. Al momento del relevamiento de Perfil, su última declaración jurada todavía no figuraba en la base pública de la Oficina Anticorrupción.

El tercer caso es Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros, que tomó un préstamo de $362 millones. En abril de 2025 compró un lote de 3.000 metros cuadrados en el country La Retama, en Pilar, declarado ante la OA por $408.800.000. Berón informó una deuda con el Banco Nación de $358.262.876 y sus activos pasaron de $26,2 millones a $459,1 millones en un año.

Pedro Inchauspe, Juan Carreira y Shariff Menem

Otro de los casos bajo análisis es el de Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien accedió a un crédito hipotecario de aproximadamente $510,6 millones en diciembre de 2025, con una tasa del 12%. Inchauspe ya era propietario de una casa en San Fernando y en enero de 2025 incorporó a su patrimonio un departamento de 133 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado ante la OA en $55.326.922.

Al cierre de 2025 declaró una deuda con el Banco Nación de $505.173.077. También registraba una deuda superior a $100 millones con el Banco Galicia. En total, sus pasivos superaban los $620 millones, aunque su patrimonio declarado se ubicaba por encima de los $917 millones.

Entre los beneficiarios también aparece Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, director de Comunicación Digital de la Casa Rosada. Carreira declaró la adquisición de la mitad de un departamento de 44 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, incorporado a su patrimonio en diciembre de 2025. La propiedad fue valuada ante la OA en $96.200.000, mientras que la deuda declarada con el Banco Nación ascendía a $170.332.299.

Otro nombre relevante es Shariff Menem, director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza su tío Martín Menem. El funcionario adquirió el 3 de enero de 2025 un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado ante la OA en $339.522.273. Menem declaró una deuda de $265.510.884 con el Banco Nación y, sin descontar pasivos, su patrimonio pasó de $57,5 millones a $363,8 millones.

Diputados libertarios también aparecen en el listado

La investigación de Perfil también incluyó a legisladores vinculados a La Libertad Avanza. Entre ellos figura el diputado Mariano Campero, exradical que luego se incorporó formalmente al oficialismo libertario.

Campero utilizó un crédito hipotecario del Banco Nación para comprar una casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, el 16 de mayo de 2025. En su declaración jurada, la propiedad figura valuada en $301.932.800. Además, declaró una deuda de $269.748.004 con el Banco Nación y su patrimonio, sin descontar pasivos, pasó de $53 millones a $330 millones.

Otro caso es el de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien declaró una deuda de $223.349.030 con el Banco Nación al cierre de 2025. Según los datos disponibles, no incorporó una nueva propiedad a su listado de bienes inmuebles, aunque ya contaba con una casa en Cipolletti y un terreno en Las Grutas adquirido como inversión en 1998.

Estos casos alimentan la discusión sobre el acceso de dirigentes políticos a una línea hipotecaria de un banco estatal en un contexto de fuerte restricción crediticia para buena parte de la sociedad.

La causa judicial y el pedido de informes a la AGN

El tema ya llegó a la Justicia. A partir de una denuncia de la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, el juez federal Ariel Lijo solicitó información a la Auditoría General de la Nación para analizar si hubo irregularidades en el otorgamiento de los préstamos.

Lijo pidió una auditoría amplia sobre la política de créditos hipotecarios del Banco Nación. El objetivo es revisar normativa interna, manuales de riesgo crediticio, legajos de clientes, evaluación de ingresos, escrituras, forma de pago, movimientos de cuentas y eventuales reportes de operaciones sospechosas.

El fiscal Gerardo Pollicita también había impulsado medidas de prueba para determinar si los créditos fueron otorgados de manera regular, si se respetaron los procedimientos internos del banco y si existieron excepciones para funcionarios o legisladores.

La defensa del Gobierno y del Banco Nación

Desde el oficialismo rechazaron que haya existido una maniobra irregular. Luis Caputo defendió públicamente a sus funcionarios y sostuvo: "No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral". Además, reconoció haber recomendado tomar ese tipo de préstamos porque los consideraba una oportunidad financiera favorable.

El Banco Nación también negó privilegios. La entidad sostuvo que el proceso de otorgamiento de créditos es homogéneo, sin excepciones, y que las líneas en UVA estaban abiertas a cualquier persona que cumpliera con los requisitos previstos.

Los funcionarios mencionados siguieron una línea similar. Plantearon que accedieron a créditos bajo condiciones generales, sin tasas especiales ni beneficios discrecionales. La oposición, en cambio, pidió investigar si hubo excesos en límites de crédito, evaluaciones de riesgo desfavorables o resoluciones excepcionales.

El impacto político para Milei

La polémica golpea un punto sensible para el Gobierno de Javier Milei: el discurso de austeridad, transparencia y combate contra los privilegios de la política. Aunque el acceso a un crédito hipotecario no implica por sí mismo una irregularidad, el volumen de los préstamos y la condición de funcionarios de los beneficiarios generaron un fuerte debate público.

El caso también expone una tensión de época. Mientras buena parte de la clase media enfrenta dificultades para acceder a una vivienda, dirigentes con cargos públicos lograron financiar compras de departamentos, lotes en barrios privados y casas de alto valor mediante una entidad estatal.

Para el Gobierno, el desafío será demostrar que no hubo privilegios ni discrecionalidad. Para la oposición, el caso se convirtió en un nuevo flanco para cuestionar el uso del Banco Nación y la relación entre poder político, crédito público y patrimonio personal.

Qué puede pasar ahora con la investigación

El avance del caso dependerá de la información que entregue la AGN, el Banco Nación, el Banco Central y los organismos requeridos por la Justicia. La clave estará en determinar si los créditos cumplieron los estándares normativos y si los beneficiarios acreditaban ingresos suficientes para acceder a esos montos.

También se analizará si hubo cambios o flexibilizaciones en la normativa interna del Banco Nación desde diciembre de 2023 y cómo fueron informados a clientes, empleados y funcionarios.

Por ahora, el dato político ya está instalado: más de mil Personas Expuestas Políticamente accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación durante la gestión de Milei y varios funcionarios del oficialismo usaron esos préstamos para comprar propiedades de alto valor.