6 de septiembre de 2026
El diputado nacional Maximiliano Ferraro apuntó contra Harbour Energy, socia de Southern Energy en un proyecto gasífero aprobado por el Gobierno. La compañía estaría vinculada a Premier Oil, inhabilitada por operar cerca de las islas sin autorización argentina.
Polémica. La denuncia pone bajo presión la coherencia de la estrategia oficial sobre Malvinas.
La polémica por los proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas abrió un nuevo frente político para el Gobierno de Javier Milei. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las islas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Según planteó el legislador, Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro. El caso genera tensión porque el oficialismo viene de anunciar una ofensiva contra empresas que operen o colaboren con proyectos petroleros en Malvinas sin autorización argentina.
La denuncia de Maximiliano Ferraro apunta a una posible contradicción en la política oficial. Mientras la Casa Rosada busca endurecer sanciones contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, una firma británica cuestionada por ese vínculo aparece dentro de un proyecto beneficiado por el RIGI.
El punto central es la participación de Harbour Energy en Southern Energy, sociedad que recibió la aprobación estatal para avanzar con un proyecto de exportación de gas. La autorización fue otorgada en el marco del régimen creado para atraer grandes inversiones, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos considerados estratégicos.
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que habría sido modificada en 2021. Ese dato es clave porque Premier Oil fue inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, tras haber realizado actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.
La Ley 26.659 establece restricciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación de las autoridades nacionales. La norma fue utilizada en distintos momentos para sancionar a compañías vinculadas a la exploración en áreas cercanas a Malvinas.
Según la presentación de Ferraro, el antecedente de Premier Oil debería ser revisado con especial atención antes de permitir que Harbour Energy acceda, directa o indirectamente, a beneficios del Estado argentino. El legislador sostiene que no se trataría de dos compañías diferentes, sino de una continuidad jurídica bajo nueva denominación.
La discusión puede derivar en un debate técnico y político: si Harbour Energy heredó o no las restricciones aplicadas a Premier Oil, si el Estado verificó ese antecedente antes de aprobar el proyecto y si el RIGI puede beneficiar a una compañía con ese historial vinculado a la disputa de soberanía.
El proyecto de Southern Energy fue aprobado por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 559/2025. La iniciativa está vinculada a la producción y exportación de gas desde Río Negro, una provincia que ganó centralidad en la estrategia energética nacional por su conexión con Vaca Muerta y los nuevos desarrollos de infraestructura.
La participación accionaria informada ubica a Harbour Energy con el 15% del proyecto. También forman parte otras compañías del sector energético, en una estructura orientada a convertir el gas argentino en un nuevo frente exportador.
El esquema contempla un operativo logístico de magnitud en el sur argentino. Según la información disponible, se prevé la llegada mensual de buques para trasladar alrededor de 3.500 tubos que serán utilizados en la instalación de cañerías vinculadas al proyecto.
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El caso golpea sobre uno de los instrumentos centrales del Gobierno para atraer capitales: el RIGI. El régimen fue diseñado para garantizar condiciones especiales a grandes inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología.
Para la Casa Rosada, el RIGI es una herramienta clave para acelerar proyectos de largo plazo y consolidar a la Argentina como polo exportador. Pero la denuncia instala una pregunta incómoda: qué controles se aplican sobre los antecedentes de las empresas beneficiarias y sus accionistas.
La controversia adquiere más peso porque involucra al sector energético, al reclamo de soberanía sobre Malvinas y a compañías extranjeras. En términos políticos, expone una tensión entre la necesidad de atraer inversiones y la obligación de sostener coherencia en la política argentina sobre el Atlántico Sur.
La denuncia aparece en un momento especialmente sensible. Milei anunció una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. El Gobierno busca reforzar sanciones, acelerar procesos administrativos y aumentar el costo de operar en una zona bajo disputa de soberanía.
En ese contexto, el caso Harbour Energy puede convertirse en una prueba para la estrategia oficial. Si la empresa mantiene una participación en Southern Energy y, al mismo tiempo, arrastra un antecedente asociado a Premier Oil, la Casa Rosada deberá explicar si revisará el beneficio otorgado bajo el RIGI.
La contradicción política es evidente: mientras el Ejecutivo endurece el discurso contra empresas vinculadas a Malvinas, una compañía señalada por ese historial aparece dentro de un proyecto estratégico aprobado por el propio Gobierno.
La denuncia todavía debe ser analizada por las autoridades competentes. El punto central será determinar si Harbour Energy efectivamente mantiene continuidad jurídica con Premier Oil y si esa situación impide o condiciona su participación en proyectos beneficiados por el Estado argentino.
También será clave revisar el expediente del RIGI, los controles previos realizados sobre los socios de Southern Energy y el alcance de las restricciones previstas por la Ley 26.659. Si se confirma una incompatibilidad, el Gobierno podría enfrentar pedidos de revisión administrativa, informes legislativos o nuevas presentaciones judiciales.
Para la oposición, el caso abre un nuevo flanco contra Milei. Para el Gobierno, representa un test de coherencia entre su discurso soberano sobre Malvinas y sus decisiones concretas en materia de inversiones energéticas.
La discusión no se limita a una empresa. El caso puede impactar sobre la confianza en el diseño del RIGI y sobre la forma en que el Estado evalúa a los actores que participan en proyectos estratégicos.
La Argentina necesita inversiones para desarrollar Vaca Muerta, expandir infraestructura gasífera y aumentar exportaciones. Pero también debe cuidar que esos beneficios no terminen alcanzando a compañías con antecedentes sensibles en zonas reclamadas por el país.
Ese equilibrio será cada vez más difícil. La política energética argentina está atravesada por intereses globales, empresas multinacionales, financiamiento externo y disputas geopolíticas. En ese tablero, Malvinas volvió a convertirse en un filtro político, jurídico y diplomático para los negocios del sector.
La denuncia de Ferraro obliga al Gobierno a revisar un punto delicado: si los beneficios del RIGI fueron otorgados con controles suficientes sobre los antecedentes de las empresas participantes. El tema puede escalar porque combina tres asuntos de alta sensibilidad: Malvinas, grandes inversiones y empresas extranjeras.
Para Milei, el costo político dependerá de la respuesta oficial. Si el Ejecutivo ordena revisar la situación de Harbour Energy, buscará mostrar consistencia con su ofensiva soberana. Si evita pronunciarse, la oposición podría instalar la idea de una contradicción entre el discurso sobre Malvinas y la política económica.
El próximo paso será ver si Ferraro formaliza nuevas acciones parlamentarias o judiciales y si el Gobierno responde con una revisión del expediente de Southern Energy. También habrá atención sobre la reacción de la empresa, del Ministerio de Economía y de la Cancillería.
Por ahora, el dato político ya está instalado: una petrolera británica señalada por su vínculo con operaciones en Malvinas aparece como socia de un proyecto gasífero beneficiado por el RIGI, justo cuando el Gobierno promete endurecer sanciones contra ese tipo de actividades.
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